Por María Fernanda Cabal.
Hay una clara diferencia entre quien porta un arma para protegerse y quien la usa para hacer daño.
En Colombia, los ciudadanos se ven obligados a permanecer indefensos por cuenta del Decreto 1808 de 2020, firmado el pasado 31 de diciembre; que prorrogó por un año más la suspensión general del porte de armas.
Esta medida, aplicada primero por Juan Manuel Santos y luego por el Gobierno de Iván Duque, prohíbe el porte de armas a los ciudadanos que ya cumplían con todos los requisitos y tenían sus permisos al día; pues en la práctica, dicho Decreto deja desarmada a la ciudadanía, sin las herramientas físicas y jurídicas para ejercer su derecho a la legítima defensa.
En mayo del año pasado en Bogotá, fue asesinada una enfermera por robarle su bicicleta; semanas después, un joven domiciliario de 21 años fue asesinado por quitarle un celular y una joyería fue asaltada —dejando pérdidas por más de $600 millones de pesos—.
Recientemente se registró en el Centro Comercial Puerto Príncipe, una balacera contra el administrador de un local comercial. Una de las víctimas perdió la vida, mientras la otra permanece bajo pronóstico reservado. Todo esto sin tener en cuenta los casos de secuestro en zonas rurales, que han ido en aumento.
Ante estos escenarios, todos nos preguntamos lo mismo: ¿Por qué mi vida vale menos que la de un delincuente? ¿Por qué no puedo defenderme de quien viene a agredirme?
Estos son sólo algunos de los cientos de casos que han tenido un factor determinante: Las víctimas no tuvieron cómo defenderse.
Quien delinque, no lo hace con un arma legal y sabe perfectamente que el otro está desprotegido, aún más conociendo que tras la aplicación del Decreto de “porte especial”, de las cerca de 400.000 licencias que había en 2016 pasamos a 6.000; mientras más de 2,5 millones de armas ilegales circulan en el país y son usadas para delinquir.
La Cámara de Comercio de Bogotá presentó los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización, exponiendo que el 76% de los ciudadanos se sienten inseguros. Por ende, quienes participamos en el proceso de toma de decisiones, tenemos el deber de combatir el porte ilegal de armas, pero también tenemos el de salvaguardar la vida y la seguridad de los colombianos frente al crimen y la violencia.
En este sentido va nuestra propuesta de porte legal de armas, que tiene como objetivo eliminar la figura del porte “especial” y que, en adelante, ningún Gobierno suspenda el porte masivamente.
La intención no es, como lo ha querido divulgar los detractores, «armar a todos los colombianos”. Cada cual decide si quiere hacerlo según su condición de vulnerabilidad, cumpliendo estrictos requisitos; de esta forma y con un control efectivo a través de un portal virtual, se logra fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas y a la vez se fomenta el registro de las mismas, con un proceso ágil de tiempos claros, para que las autoridades expidan permisos de tenencia y de porte.
Es preciso también, establecer un régimen de sanciones para aquellos que hagan mal uso de las armas de fuego a su cargo.
Los colombianos están pidiendo a gritos un derecho que les ha sido conculcado: el de poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos, no sólo en las ciudades, sino también en las zonas rurales de difícil acceso, en donde el Estado tiene limitantes innegables para garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública.
¿Cuál es el miedo de que la ciudadanía se defienda?
El debate está abierto. ¿Y usted qué opina?
