Por: José Félix Lafaurie Rivera.
En rueda de prensa del 30 de agosto, la vicepresidenta y los ministros del Interior, Defensa y Agricultura les dieron plazo “perentorio” de 48 horas a los indígenas del Cauca para desalojar las fincas invadidas, que ya suman 24 según el portal del Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC. La respuesta, en una “carta al mundo”, fue retadora y hasta linda con el Código Penal, que poco les importa porque tienen su propia justicia: No solo no desalojan, sino que seguirán invadiendo…, y punto.
Nada llena las exigencias indígenas; de nada valió que el presidente les diera la Embajada ante Naciones Unidas, la Unidad de Víctimas y la de Restitución de Tierras, esta última, precisamente, a un vocero del CRIC.
El problema no es de ahora, pues el CRIC, desde hace casi dos décadas y alentado por el garantismo de la Constitución del 91, levantó la anacrónica bandera de “la recuperación de la madre tierra” con base en “derechos ancestrales” que desconocen la realidad histórica de la conquista, injusta y depredadora, sí, como todas las conquistas, pero de ahí a pretender derechos precolombinos de propiedad con más de cinco siglos hay mucho trecho.
Los árabes estuvieron en España ¡ocho siglos! y, más allá de su legado cultural, nadie pretendería reivindicar hoy propiedad alguna sobre la ciudad de Granada, por ejemplo, que cayó precisamente el año en que Colón llegaba a “tomar posesión de estas tierras” en nombre de los Reyes Católicos.
Ahora bien, los indígenas no son precisamente unos desposeídos. Según el censo de 2018, su población no sobrepasa los dos millones, de los cuales el 58% vive en sus tierras, 717 resguardos que suman 35 millones de hectáreas, según la ANT; nada mal para apenas 1.100.000 personas viviendo en ellas. Que mucha de esa tierra es de conservación, sí, pero no toda; que no es la mejor tierra, puede ser, pero tampoco la peor, y son más de 10 millones de hectáreas productivas, y al final, qué reclaman, si ni siquiera pagan predial, como todos los colombianos, pues los municipios donde están ubicados le pasan la factura del predial indígena al Presupuesto Nacional; es decir, se lo pagamos entre todos.
Pero no son solo los indígenas; la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán, no conforme con el compromiso del presidente con las Zonas de Reserva Campesina y el Fondo Gratuito de 3 millones de hectáreas, publica un comunicado, en el portal del CRIC para variar, en el que no solo anuncia su propia Reforma Agraria Integral y Popular, sino “la construcción de Territorios Campesinos Agroalimentarios” con la modesta meta de ¡10 millones de hectáreas!
El anuncio gubernamental de que “sí habrá reforma agraria”, al estilo de las que en Colombia han sido desde mediados del siglo pasado, basadas en la redistribución de la tierra, como si la sola propiedad produjera riqueza, y no en la generación de condiciones para hacerla verdaderamente productiva y devolverle dignidad a la vida rural, ha desencadenado una oleada de invasiones por parte de comunidades que se sienten autorizadas a anticiparse a la reforma, o bien, de avivatos pescando en río revuelto y de invasores a sueldo que buscan generar violencia con oscuros intereses, o mejor, con intereses sabidos: los del narcotráfico.
Son señales inquietantes; la última es el nombramiento de Gerardo Vega, quien perteneció al EPL, y abogado de presuntas víctimas de despojo, como director de la entidad encargada de ejecutar la Reforma Agraria, la Agencia Nacional de Tierras.
Mientras tanto, pasaron las 48 horas y… las invasiones siguen; hoy son más de 50 en 18 departamentos.
@jflafaurie
