Por: José Félix Lafaurie Rivera.
A raíz de la intervención del presidente Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU, releí el Acuerdo con las Farc, que denunció como incumplido por el Estado colombiano, porque el gobierno anterior quiso “hacerlo trizas”, lo cual no es cierto, y porque el actual no ha logrado el Pacto Nacional por culpa de la mitad del país que se opone a la paz, que tampoco es cierto, para reconocer, al final, que el Gobierno no tiene plata para la implementación, algo que no está detrás del rezago en la compra de tierras para reforma agraria.
En aras de la coherencia debo señalar que la relectura confirmó mi convicción sobre la ilegitimidad de esa negociación, no por haber negociado con un grupo ilegal -todos los gobiernos lo han hecho-, sino por el alcance desbordado de la negociación bajo el “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, que pretendió construir un país nuevo con el grupo narcoterrorista que lo había atacado y destruido durante décadas.
No es una apreciación ligera. Se negoció la reconstrucción del campo con quienes lo destruyeron; se negoció el ejercicio de la política y la participación en la democracia del grupo que tuvo como objetivo derrocarla; se negoció con una organización criminal la lucha contra las organizaciones criminales y la política antidrogas con un grupo narcotraficante; se negociaron la verdad, la justicia y la reparación, dejando la mitad de la verdad por fuera, la justicia manchada de impunidad y la reparación en veremos.
Se negoció todo, y esa es una causa del incumplimiento, porque ese extenso y, a juicio del presidente, “alambicado” documento, abarca todas las responsabilidades del Estado frente a la sociedad bajo el enfoque de las Farc; y asumir esas responsabilidades es la razón de ser del Estado, aun sin acuerdo, pero bajo el enfoque del interés general expresado a través de las instituciones democráticas.
Ahora bien, no es válida una mirada miope del incumplimiento. Las Farc han incumplido. Dijeron tener unidad de mando, pero nos dejaron disidencias y renegados, entre ellos su jefe negociador. No revelaron rutas, contactos e ingresos ilícitos del narcotráfico; no devolvieron las tierras usurpadas, con las que hoy el Gobierno no tendría que comprar una sola hectárea; no repararon a sus víctimas.
¿Dónde quedó la mitad de la verdad? Le entregamos a la Comisión dos tomos sobre la victimización ganadera que fueron ignorados. ¿Por qué la JEP no ha proferido una sola condena, así sea con esas penas restaurativas que son impunidad disfrazada?
También en aras de la coherencia reitero que rechacé y rechazo el fast track que le usurpó al Congreso sus facultades, y estoy en desacuerdo con una prórroga del Acuerdo con las Farc, que el Estado no necesita para cumplir sus obligaciones constitucionales.
Pero también debo reconocer puntos de acuerdo con el presidente: El narcotráfico es la principal causa de la corrupción y la violencia, aunque también sea resultado de las concesiones al imperio de la ley. Estoy de acuerdo en la hipocresía internacional alrededor del narcotráfico, con gran asimetría entre un país que pone la degradación de sus instituciones, los muertos y la violencia, y una comunidad internacional permisiva con las mafias en sus países.
Estoy de acuerdo, por supuesto, en que la solución definitiva es la inclusión de los territorios al desarrollo económico y social, otra versión de la consigna que hemos repetido durante años: “La paz de Colombia pasa, necesariamente, por la recuperación del campo”, esa sí, siempre incumplida… Ahora mismo, 350 mil productores de leche podrían ser empujados a la ilicitud, si no encuentran soluciones de política pública a sus problemas.
@jflafaurie
