Por Rafael Nieto Loaiza
El próximo lunes, el Congreso votará el Presupuesto General de la Nación para 2027, por $634,9 billones. No se trata solo de repartir partidas, sino de decidir si el Estado seguirá gastando por encima de sus posibilidades. El funcionamiento alcanzará $393,2 billones, equivalentes al 18,5% del PIB, frente al 14,8% de 2019. El gasto que creció durante la pandemia no volvió a su nivel anterior. Se convirtió en permanente.
Mientras tanto, el servicio de la deuda llegará a $147 billones, 1,6 veces los recursos destinados a inversión. De cada $100 que aumenta el presupuesto frente al aprobado para 2026, $53 corresponden a deuda. Esto significa menos margen para financiar colegios, hospitales y acueductos. Si no corregimos esa trayectoria, las obligaciones del presente terminarán hipotecando las prioridades del futuro.
El Gobierno prometió reducir el gasto público, pero todavía no ha explicado dónde ni cómo lo hará. Tampoco ha presentado la anunciada ley de Rescate. Aprobar el presupuesto y confiar en que después aparecerán los ahorros no constituye una política fiscal responsable. El Congreso y el país necesitan compromisos verificables.
El Centro Democrático radicó el 16 de septiembre, hace ya un mes, un proyecto ofreciéndole al Presidente facultades extraordinarias para reorganizar la administración pública y corregir un problema estructural. Hasta ahora, el Gobierno no las ha acogido ni se ha pronunciado. De acuerdo con lo que ordena la Constitución, el Gobierno debe hacer una solicitud expresa de las facultades para que el Congreso pueda aprobarlas.
La propuesta es concreta y tiene límites. Durante seis meses, el Ejecutivo podría fusionar, transformar o suprimir entidades, reasignar funciones, eliminar dependencias y comités duplicados y ajustar plantas de personal. No podría intervenir el Banco de la República, las universidades públicas ni los demás organismos autónomos y órganos excluidos por la Constitución y el proyecto. Cada decisión gubernamental tendría que explicar qué problema resuelve o qué gasto reduce.
Además, se establece que ningún decreto pueda aumentar el gasto de funcionamiento. Por el contrario, el conjunto de medidas tendría como meta un ahorro permanente equivalente al 2% del PIB, cerca de $42 billones anuales. Ese ahorro se reflejaría en los presupuestos siguientes, con destinación preferente a inversión y a reducir el déficit. Tampoco podrían reemplazarse los empleos suprimidos con contratos de prestación de servicios para realizar las mismas tareas, ni interrumpirse la atención a los ciudadanos.
La diferencia es fundamental. Congelar partidas o aplazar pagos de deuda ofrece alivios pasajeros, pero no cambia la estructura que produce el gasto. Debemos disminuir el tamaño del Estado, eliminar duplicidades, revisar la contratación y concentrar recursos donde el Estado sí genera valor. Según la información que recibimos, en 26 entidades la contratación por prestación de servicios pasó de $424.000 millones en 2022 a $800.000 millones en 2025. Prácticamente se dobló. Sin transformar las instituciones, la cuenta seguirá creciendo.
Colombia necesita un ajuste gradual y permanente de al menos dos puntos del PIB para estabilizar las finanzas públicas. Las facultades permitirían cubrir funcionamiento y revisar la inversión, sin confundir ejecución presupuestal formal con resultados. Antes de pedir más recursos, corresponde preguntar qué bienes y servicios recibirá realmente la ciudadanía.
Sin embargo, reestructurar no puede convertirse en un recorte indiscriminado. Debemos proteger la educación, salud, seguridad, vivienda, agua potable y saneamiento básico. El ajuste debe recaer en la burocracia innecesaria, no sobre los estudiantes, el personal de salud o las obras que transforman la vida de las comunidades. Con el presupuesto presentado por el Gobierno, el aseguramiento en salud perdería recursos en términos reales y Fonvivienda, que paga los subsidios de vivienda, perdería cerca del 60% de su inversión.
Un Estado que gasta cada vez más en sostenerse tiene menos capacidad para atender lo esencial. El Gobierno puede acoger la herramienta que le ofrecimos o presentar, con cifras y plazos, su propio plan de reducción. Lo que no puede es pedir la aprobación de un presupuesto de esta magnitud sin explicar cómo lo hará sostenible. La responsabilidad fiscal no es enemiga de la política social. Es la condición para poder financiarla mañana.
