Por; Bernardo Henao Jaramillo.
Columnista de Opinión
El 27 de julio de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia, notificada el 30 de enero de 2023, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado Colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas en más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de veinte años. (El texto de la sentencia se puede consultar en el Link anexo).
En esa providencia la corte internacional ordenó varias medidas como reparación a la víctimas, una de ellas, realizar una acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional para el cual le otorgó plazo de un año.
Necesario es anotar que el fallo que responsabilizó al Estado Colombiano no profundizó en las causas de la desaparición de la UP. Según se ha conocido por el relato de algunas de las víctimas varios integrantes de Farc-Ep tuvieron responsabilidad en lo ocurrido. Situación corroborada por varios exguerrilleros de ese grupo criminal. Con todo, el Estado tiene el deber de cumplir lo dispuesto en la mencionada sentencia.
El Ministerio de Justicia y del Derecho expresó que esta decisión constituía un llamado al Estado para sanar la honda herida que dejó en la sociedad y en nuestra historia el exterminio sistemático de más de 6.000 militantes de este partido político y que “Para el Gobierno del Cambio, el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH constituye un compromiso con la Paz Total y con las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas de la UP sometidas al atroz crimen de desaparición sistemática”.
Por su parte, el presidente Petro, se pronunció en enero de 2023 señalando que «hoy un tribunal de justicia de carácter americano dirá que el Estado ayudó a asesinar a miles de militantes de un partido político, solo porque era de izquierda. Un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio», pero contrario a su dicho no adoptó los mecanismos para cumplir con lo dispuesto por la CIDH, y ante los reclamos de las víctimas manifestó en su cuenta X “Las sentencias de la CIDH deben ser cumplidas integralmente por el estado colombiano según nuestra constitución y la ley, pero aún hay secciones del estado que se niega[n] a hacerlo”.
Sin duda, al presidente Gustavo Petro como Jefe de Estado le correspondía hacer cumplir y acatar personalmente con la orden de la CIDH: realizar una acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Más como ya nos tiene acostumbrados a los colombianos su actuar no corresponde a lo que expone. Así, es lo cierto que el acto se programó pero el presidente no llegó. Después de una espera de más de 3 horas los asistentes se enteraron de que no acudiría, al parecer, por motivos de salud. Este fue el mensaje que publicó en las redes sociales ese día, 11 de octubre de 2024, a las 10 43 am: “He suspendido mi agenda del día de hoy, los médicos me han recomendado reposo debido a un fuerte cuadro gripal y respiratorio. Hoy, acompaño a todas las víctimas y, como Jefe de Estado, quiero pedir perdón por las atrocidades cometidas contra la Unión Patriótica”.
Se habían hecho todos los preparativos para el evento en la Plaza de Bolívar. El Estado destinó 3700 millones de pesos, aproximadamente, para ese acto. Había transporte, montaje y atención a los asistentes. Y el contrato incluía la realización de 5 eventos territoriales en los departamentos de Meta, Norte de Santander, Tolima, Antioquia y Chocó.
Resulta entonces elemental preguntarse ¿quién responderá por estos gastos, habrá o no un nuevo acto y se informó a la CIDH?
La responsabilidad sería mayor si, como dice el representante Hernán Cadavid, el presidente no tenía restricción médica, sino que decidió salir de viaje. Extrañamente, para responder el derecho de petición de Cadavid, acaba de pedir una prórroga.
Gran malestar se generó entre los cerca de dos mil familiares de las víctimas, que esperaban la presencia del mandatario de los colombianos. Vinieron de apartados lugares quedando por completo plantados, revictimizados y humillados.
En términos de responsabilidad fiscal, el presidente es el jefe de Estado y máximo responsable del uso adecuado de los recursos públicos, pero en la práctica, el manejo directo del presupuesto del evento estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y la empresa Plaza Mayor Medellín, que fueron los encargados de la logística.
Ante el continúo déficit fiscal a que cotidianamente alude el presidente y siendo el responsable de cumplir a cabalidad con la orden de la CIDH, parecería que le corresponde asumir esos costos. Es por esta razón que los organismos de control deben intervenir inmediatamente para establecer si hay responsabilidades fiscales.
Las “ausencias” de Petro son recurrentes. Siendo el llamado a dar ejemplo hace todo lo contrario y no respeta. Mario Mendoza, resume ese comportamiento en su frase: “Es una manera de escupirle al otro en la cara y decirle: usted no sabe quién soy yo”.
En lo que lleva de gobierno Petro ha incumplido ya cerca de 100 citas. No acompañó a los sanandresanos con motivo del fallo de La Haya ni a los Jóvenes por la Paz en Medellín. Tampoco a los habitantes de La Mojana, víctimas de graves inundaciones. Nunca llegó a compromisos en Maicao, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Sevilla, Palmira y otras. También en Bogotá. No llegó a El Plateado. Y en el exterior ha ocurrido lo mismo. Es tremendo irresponsable y hace que se pierdan los dineros empleados en multitud de eventos. El jueves pasado no llegó a la asamblea de Anif. Total incoherencia.
Anexo: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_455_esp.pdf
