Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado presidente de Redvigila.
Las causas sociales y políticas del conflicto armado interno se remontan a los años veinte y treinta del siglo XX, en los cuales se expresan lo que algunos llaman «fallas geológicas» en la construcción de la nación: «La cuestión agraria, la debilidad institucional y la honda desigualdad de los ingresos. Mientras que Pedro de los Palotes sólo gana entre 100 y un millón de pesos, un congresista devenga $35 millones.
Ahora, para echarle más sal a la herida, se vino el aumento del dólar y, en efecto, sube la inflación, por la guerra en Ucrania. “Este conflicto ha encarecido los precios de los combustibles y de los costos logísticos por los bloqueos navales en el Mar Negro”, dijo Gabriel Orozco, docente de relaciones internacionales de la Universidad Simón Bolívar.
Un informe del Fondo Monetario Internacional sostiene que los efectos de la guerra se harán sentir en 3 planos: una mayor inflación derivada del alza en los precios de los alimentos y la energía; problemas en el comercio internacional y las cadenas de abastecimiento; y una mayor incertidumbre en los mercados.
A todos estos factores se le suma el problema histórico de las tierras: despojo y concentración en pocas manos, sumada a la falta de una reforma agraria efectiva.
En este informe se advierte que la violencia se sigue intensificando en Colombia por cuenta de enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos, desapariciones y víctimas de artefactos explosivos.
Si partimos de la naturaleza del acto o la acción violenta, e incluimos los actores sociales y las víctimas, algunos de los tipos de violencia más significativos o, por lo menos, más frecuentes en Colombia son la violencia cotidiana, la violencia intrafamiliar, y la violencia política y la violencia generada por bandas multicrimen, las desigualdades socioeconómicas, como exclusión, discriminación de algunos sectores, y la injusticia que generan resentimientos o carencias, las cuales serían otras causas de la inconformidad y el conflicto en el país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó en febrero de 2021 que, en Colombia, al menos 6.402 personas fueron víctimas de los llamados falsos positivos, muertes presentadas ilegítimamente por el Estado como bajas en combate entre 2002 y 2008.
El desplazamiento interno de personas ha tenido en Colombia causas económicas, sociales y políticas. La disputa por el control de la tierra, la búsqueda de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos o políticos han sido factores de los desplazamientos internos de población.
El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó, en total, 353.531 hechos. Estos son algunos de sus hallazgos: la guerra dejó 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados.
Las principales consecuencias de este conflicto son: abusos a los derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario. El secuestro y el homicidio son los delitos que asociados al conflicto colombiano han marcado el presente y el futuro de la sociedad.
Durante el año 2020 se registraron hechos de violencia con una intensidad muy alta, hay un incremento en el asesinato de personas líderes sociales, masacres y confrontamientos entre grupos armados.
El problema de la posesión de la tierra, las marcadas diferencias económicas, el fracaso de la reforma agraria y de políticas rurales, la polarización, la persecución a la población civil debido a su orientación política, la falta de espacios democráticos y de participación, son otras causas de violencia.
¿EN QUÉ VA EL CASO 03?
22 integrantes de la Fuerza Pública y un civil, en dos audiencias públicas, reconocieron ante la JEP responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
La cifra reportada por el Gobierno Nacional, según el Registro Único de Víctimas (RUV) tiene un acumulado histórico de casi 8,1 millones de desplazados, desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2020.
Entre 1985 y 2018 se registraron en Colombia al menos 450.664 homicidios producto del conflicto armado interno. No obstante, al tener en cuenta el subregistro, esta cifra se estima en alrededor de 800.000 víctimas.
El conflicto armado afecta la producción agrícola de manera directa e indirecta. Dentro de los efectos directos y tangibles se encuentra la destrucción de activos e infraestructura, el incremento de los costos de transacción, y el deterioro del capital humano.
Los grupos de narcotráfico, conocidos como carteles, clanes, entre otras estructuras, son responsables, junto a sus organizaciones armadas, de asesinatos, atentados, masacres, secuestros y acciones violentas contra miembros de la población civil, políticos, Fuerzas Militares, periodistas, y campesinos dentro del territorio nacional.
Por todo este espectro tan oscuro y tan amplio de la guerra, apoyo la Paz Total de la Administración Petro, que para bien de Colombia acaba de ser aprobada.
