Se encuentra detenido, sin pruebas concretas en su contra, por una confusión en un contrato que realizó la Secretaría de Salud por $220 millones para comprar elementos de bioseguridad en la pandemia del 2020.
En Colombia se volvió recurrente que la justicia se equivoque por la ligereza y falta de rigor de sus funcionarios, que con sus actos oscurecen más la imagen de esta rama del poder público nacional.
Uno de esos errores parece haber sucedido con el actual Gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, quien fue elegido por su alta popularidad en la región, pero desde el pasado 24 de marzo de 2022 fue detenido y cobijado con una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, señalado de presuntas anomalías en la celebración de “millonarios contratos” durante la pandemia del Covid 19, que se afianzó en 2020.
La orden fue emitida por una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, quien aceptó el argumento de la Fiscalía, la cual sostuvo en el proceso penal que Palacios Calderón, durante su Gobernación, habría realizado de manera directa el Contrato 003 del 3 de abril de 2020 para adquirir elementos de bioseguridad en el marco de la pandemia por un valor de $220’375.148, negociación en la que supuestamente cometió muchas irregularidades.
Entre esas supuestas inconsistencias en el contrato están: “Ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos contratados; presuntas falsedades en la etapa precontractual y falta de idoneidad del contratista”.
Por eso, la Fiscalía General le imputó a Palacios Calderón los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. Sin embargo, el Gobernador no aceptó los cargos.
El mandatario no acepta la acusación porque argumenta que su conducta ha sido intachable y correcta al frente de la Gobernación y que no tuvo nada que ver con el caso que generó la investigación. Además, que todo se debe a una confusión en el despacho de la Secretaría de Salud departamental.
Resulta que el año 2020, cuando el Covid 19 llegó a Colombia y causó miles de muertes, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Sanitaria, mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, y el Deprtamento del Chocó, como otros en el país, hizo lo propio al decretar dicha emergencia con el Decreto 0081 del 20 de marzo de 2020.
El Chocó tenía en ese momento cero contagios de coronavirus, pero un estudio técnico del Ministerio de Salud le advirtió a las autoridades locales que había gran riesgo de contaminación y se debían adquirir elementos de bioseguridad para prevenir la llegada del virus a la región. Eso creó la necesidad de hacer una contratación para cubrir el requerimiento. Es decir, hubo un antecedente y una motivación.
Dicho Decreto de Emergencia Sanitaria facultó a la Gobernación del Chocó para hacer contrataciones directas y hasta con un solo proponente.
En virtud de esas declaratorias de emergencia, se celebró en la Secretaría de Salud del Chocó el contrato 003 del 3 abril de 2020 con la empresa IME IMPORTMEDICAL S.A, con el objeto de adquirir elementos de bioseguridad, para hacer frente a la terrible pandemia. Contrato que firmó el propio Gobernador Palacios, confiado en sus funcionarios encargados del tema.
Ese contrato fue por un monto de $220,375,148 y se pagó un anticipo del 50% a la empresa contratista, es decir, 100 millones de pesos por la compra tapabocas, caretas, guantes, overoles y termómetros, entre otros.
Hasta ahí todo estaba bien, porque la negociación había sido ajustada a las normas vigentes bajo la mirada de los Organismos de Control y de la opinión pública de una ciudadanía necesitada… pero hubo error.
El error de la Funcionaria de la Secretaría de Salud
La funcionaria Yineth Samira Palacios Moreno, abogada asesora de la Secretaría de Salud, encargada de elaborar o estructurar el citado contrato 003 de abril de 2020, en un afán por perfeccionar dicho negocio, quiso constatar que los precios de los elementos adquiridos por la Gobernación fueran los que se manejaban en el mercado local y no existiera un sobrecostos en la contratación.
Para lo cual, catorce (14) días después de firmado el contrato 003, le pidió a la empresa IMPORTMEDICAL que le diera dos cotizaciones más, de otras empresas similares, con carácter orientativo, porque ya había realizado un estudio de mercado previo, para comparar los precios de los productos que les estaban vendiendo. La mecionadas cotizaciones llegaron por correo electrónico a su despacho con fecha del 17 de abril de 2020.
Según su versión, esas dos cotizaciones NO eran para agregarlas al proceso contractual, sino para su manejo, con el fin de compararlas con otras que ya tenía ella, para saber sí había sobrecostos en la compra o si los precios eran ajustados a la realidad del mercado. Es decir, para su verificación y tener la seguridad o tranquilidad de que había hecho bien las cosas.
El Gobernador no conocía el suceso
Esto fue una decisión que tomó Yineth Samira Palacios a modo personal, sin consultarle acsu jefe, el Gobernador Ariel Palacios, porque ella era la encargada del tema. O sea, todo eso sucedió a espaldas del mandatario Palacios Calderón, quien lo desconocía hasta el momento de su detención, tal como lo reveló a la justicia.
Por alguna confusión en la oficina de la abogada, esas dos cotizaciones, se traspapelaron y terminaron en la carpeta digital del contrato 003 de abril de 2020.
Cuando la Fiscalía entra en el caso, informa que el contrato se hizo utilizando dos cotizaciones falsas que fueron agregadas a la carpeta del proceso con fecha diferente o posterior para supuestamente justificar que se buscó a varios proponentes. Lo cual es la prueba principal del Ente Acusador para motivar la captura del Gobernador Palacios Calderón señalándolo de presunta corrupción.
«La cotizaciones nunca se usaron»
No obstante, la funcionaria y los abogados defensores del Gobernador sostienen que «nunca se utilizaron las dos cotizaciones para hacer el contrato oo3», porque llegaron con fecha posterior al mismo y estas no eran necesarias ya que el Decreto de Emergencia Sanitaria facultaba a la entidad para contratar en forma directa con un solo oferente y no hacer licitación, en la cual sí era necesario varios proponentes.
La misma defensa del Gobernador Palacios contrató un equipo de peritos y luego de un estudio técnico forense a los computadores de la Secretaría de Salud y del contratista, los expertos descubrieron la traspapelación de las cotizaciones.
«No hubo delito de falsedad en documento privado»
Los abogados de Palacios también explican que en el caso «tampoco se configuró el delito de falsedad en documento privado», porque no hubo responsabilidad de la asesora ya que esas cotizaciones no se usaron en el contrato, sino que fue para su uso personal.
La declaración jurada de Yineth Samira Palacios ya fue entregada ante las autoridades correspondientes como la Fiscalía y el Tribunal Superior, corroborando el hecho.
Los seguidores de Palacios Calderón en Quibdó, creen que se ha cometido una injusticia con el popular líder político, por ser del Chocó, una tierra estimatizada debido a sus antecedentes, donde muchos de sus gobernantes ha resultado encarcelados por corrupción, pero este caso es diferente. Piden, al igual que la Defensa del Gobernador, su libertad y que sea restituido en el cargo, porque para ellos el departamento no aguanta más interinato, ya que se encuentra en el limbo administrativo.
El Tribunal Superior pronto definirá este particular expediente.
