Hoy los indicadores del Banco Mundial ratifican nuestra opinión respecto a los efectos de la desprotección de la clase media y en especial aquella clase media emprendedora que sostiene la economía de un País. Esta clase afectada gravemente se unirá al porcentaje de pobreza en América Latina y obviamente en Colombia.
Nuestra clase media emprendedora sufre actualmente por la indolencia de unos reyezuelos sin control: Las Cámaras de Comercio. Entidades que reciben recursos de comerciantes en especial la pequeña y mediana empresa de donde emerge la clase media referida. Estas entidades viven del empresario y su sostenibilidad depende de los recursos que con esfuerzo producen nuestro sector comercial.
Las Cámaras de Comercio en esta crisis social y económica generada del Covid-19 debieron enmarcar sus planes estratigos en un objetivo primoridial de apoyo a sus afiliados en especial aquellos que por orden normativa se vieron obligados a cerrar sus negocios verbi gracia discotecas, restaurantes sin domicilio, gimnasios, bares, pequeños emprendimientos, teatros, empresas de turismo entre otros. Empero la reacción de las Cámaras de Comercio no es nada amistosa. Estos expertos en economía no conocen el concepto de economía fraterna al contrario sin importar la crisis o quiebras de sus afiliados estan cobrando en su totalidad la renovación del Registro Mercantil y generando unos mal llamadas “ayudas” onerosas. Se generan cobros al comerciante sin analizar la situación real de sus negocios como es la improductividad por cierre generada por orden del Gobierno Nacional más no por voluntad propia. Con la añadidura de inobservar los esfuerzos de cada empresario por mantener el talento humano versus equilibrio económico de sus finanzas llegando a conservar las empresas a pérdida.
Las Cámaras de Comercio deberian estar actuando bajo principios de solidaridad con los comerciantes y como primera muestra real de su interes por el bienestar de sus afiliados proponer al Gobierno Nacional no extender los plazos para la renovación mercantil y demás registros públicos sino modificar sus valores ante el cierre de muchos negocios o disminución de producción y ventas. Lo anterior representaría efectivamente solidaridad, representaría economía fraterna tan necesaria en esta crisis y no ese silencio indolente que guardan las Cámaras de Comercio ante los gritos de auxilio de sus comerciantes.
Un ejemplo de solidaridad lo dan sus mismos afiliados como lo expresó Procolombia respecto a grandes empresas colombianas, multinacionales e inversionistas que operan en Colombia brindado ayudas a la pequeña y mediana empresa. El deber ser de las Cámaras de Comercio en este momento debería direccionarse en inversión de proyectos relacionados con la activación económica de sus afiliados gestionando normas nacionales dirigidas luchar efectivamente contra el debilitamiento empresarial creado de la disminución de productividad comercial. Empero las Cámaras de Comercio están dedicados a cobrar sus servicios fríamente a cada empresario y guardar recursos para destinarlos a establecer emolumentos salariales altos, viajes, gastos de representación, estudios como doctorados, y maestrías para sus directivos, contrataciones inocuas e indebidas entre otras inversiones sin justifciación o que rayan en detrimento al patrimonio público de dichas entidades.
Observamos en estas entidades despilfarros fiscales en plena crisis verbi gracia el caso de la Cámara de Comercio de Cúcuta donde la Procuraduría en la presente vigencia abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente al Presidente Ejecutivo de esa Cámara de Comercio y a siete miembros principales de la Junta Directiva por haber aprobado un aumento salarial de la cabeza de la entidad de $13’471.810 a $26’542.820 o el escándalo en la Cámara de Comercio de Montería por presuntas irregularidades en contratacion por más de 8 mil millones de pesos.
Situaciones que no son nada nuevas, recordemos en vigencias pasadas los hallazgos fiscales encontrados por la Contraloría General de la República superiores a 500 milones en la Cámara de Comercio de Cartagena por gestión fiscal antieconómica y pago de viajes al exterior de los miembros de la junta directiva sin soporte, los casos de inversiones en Interbolsa y muchos más ejemplos.
Según el Código de Comercio, entre las funciones de las Cámara de Comercio esta servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el Gobierno y los comerciantes mismos caracterizándose por ser entidades sin ánimo de lucro al servicio de los comerciantes. Ese interés general que hoy claman los comerciantes, expresado en apoyo a sus empresas actualmente en la crisis del Covid–19 y que desafortunadamnete es nulo. La prioridad de las Cámaras de Comercio, reiteramos debe enmarcarse a limitar en todo lo posible los efectos de la crisis sobre las empresas y asegurar su viabilidad futura para garantizar al máximo su sostenibiliad financiera y de talento humano.
Hoy las Cámaras de Comercio emergen como reyezuelos sin control en la ejecución de recursos. Son un típico ejemplo de anarquía empresarial donde su interés es lucrarse desdibujando su naturaleza. Desde esta columna hacemos un llamado a Confecamaras para analizar la creación de verdaderos apoyos a sus afiliados, apoyos que sean auténticos salvavidas no pañitos de agua tibia. Sumado se requiere una evaluacion real de la Cámaras de Comercio frente a su grado de ericiencia y eficacia en el manejo de sus recursos; por ello tambien hacemos un llamado a la Contraloría General de la República, Fiscalía y Procuraduría para fortalecer la vigilancia de los recursos públicos en estas entidades.
Es hora de la economía fraterna en las regiones liderada desde las Cámaras de Comercio para coadyuvar el sostenimiento de la economía nacional en esta época de recesión. Dejen la avaricia por favor!
Twitter: @MagdaMilenaAmad
