Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado, profesor de derecho ambiental.
Parte 2
Gina Negrete, secretaria de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC seccional Carrillo (Córdoba), indicó que la comunidad afectada por la Concesión Ruta al Mar, a raíz de toda su problemática, decidió unirse en una minga integrada por campesinos, indígenas Zenúes y colectividad afrodescendiente.
La minga se reunió en la carretera, a la altura del corregimiento de Carrillo, municipio de San Pelayo (Córdoba), para realizar una protesta pacífica, donde no había ningún elemento incinerante ni nada peligroso.
Cada 15 minutos dejaban fluir el tráfico vehicular. Agrega Gina, que “Al rato arribó el ESMAD, de manera repentina, impetuoso, violento, y los uniformados nos atacaron, golpearon a unos compañeros, una muchacha fue derribada en la calzada y la golpearon”. Añade, “que ese episodio originó un impacto psicológico muy negativo, porque nunca habíamos vivido algo tan horrible por reclamar nuestros derechos, para que no nos sigan despojando de nuestras propiedades”.
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN A ESTA PROBLEMÁTICA GENERADA POR RUTA AL MAR?
Ignacio Pinedo, vicepresidente de ANUC Carrillo, manifiesta que ya la comunidad se sentía acabada, expropiada, despojada por la Concesión Ruta al Mar, “pero como el gobierno actual parece ser garantista, vimos una luz, la cual está dando resultados”.
“¿QUÉ LE PIDE LA COMUNIDAD AL GOBIERNO?”
Pinedo solicita “que a través de la ANI nos hagan los avalúos como son: reales, actualizados, comerciales, para saber a ciencia cierta cuánto valen los predios hoy, porque los predios nos los quitaron desde el año 2018, cuando los inscribieron en la oficina de registro y los dejaron fuera del comercio, y por eso ahora no podemos hacer ninguna negociación”.
CATASTRO MULTIPROPÓSITO
Quizás pensando en todos estos factores conflictivos, el gobierno actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro, decidió iniciar el plan de formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el acuerdo final que trata del recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva y regularizar con transparencia la propiedad de la tierra.
En este sentido, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema de información catastral integral y multipropósito, que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal, en desarrollo de los principios de priorización, de bienestar y buen vivir.
Este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas en el marco de la paz total.
El sistema tendrá una información desagregada por sexo y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios y las formas de titulación.
El avalúo catastral se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley, para eso contará con el apoyo técnico, tanto administrativo como financiero a los municipios, para la formación, donde sea necesario, además de la actualización y conservación del catastro rural y la garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información.
De todos modos, los asuntos de orden catastral que tengan que ver con las comunidades rurales, contará con la participación de sus integrantes.
En ningún caso lo acordado afectará los derechos adquiridos por las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y demás comunidades rurales.
