La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica permitirá al Ejecutivo adoptar medidas excepcionales para enfrentar los efectos del terremoto, bajo controles del Congreso y la Corte Constitucional.
El Gobierno Nacional, que dirige el Presidente Abelardo De La Espriella, contará con facultades extraordinarias para responder a las graves consecuencias ocasionadas por el terremoto que afectó a varios departamentos del país, tras la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Así lo explicó el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, quien señaló que esta figura constitucional permite al Ejecutivo adoptar medidas especiales cuando se presentan circunstancias que alteran de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico y que constituyen una calamidad pública.
Según Calderón España, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá expedir decretos con fuerza de ley dirigidos exclusivamente a superar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.
Estas facultades podrán ejercerse hasta por 90 días durante el año, pero tendrán una condición fundamental: las decisiones deberán guardar una relación directa y específica con las circunstancias que originaron la emergencia.
Entre las posibilidades contempladas se encuentra la creación temporal de nuevos tributos o la modificación de los existentes, siempre que estas medidas estén directamente relacionadas con la atención de la emergencia.
Congreso y Corte Constitucional vigilarán las medidas
La declaratoria de emergencia no entrega facultades ilimitadas al Gobierno. El Congreso de la República deberá revisar el informe presentado por el Ejecutivo sobre las causas que llevaron a declarar el estado de excepción y las medidas adoptadas para enfrentar la crisis.
Este control podrá extenderse hasta por 30 días y podrá ser prorrogado mediante acuerdo de ambas cámaras. El Legislativo deberá pronunciarse sobre la conveniencia y oportunidad de las decisiones adoptadas durante la emergencia.
Por su parte, la Corte Constitucional tendrá a su cargo el control judicial de los decretos legislativos. Las normas expedidas durante el estado de excepción deberán ser remitidas al alto tribunal al día siguiente de su expedición para determinar si se ajustan a la Constitución.
Derechos de los trabajadores, bajo protección
Calderón España también recordó que existen límites frente a los derechos sociales de los trabajadores. El Gobierno no podrá utilizar las facultades extraordinarias para desmejorar los derechos laborales reconocidos constitucionalmente.
De esta manera, el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica representa una herramienta para acelerar la respuesta institucional frente a la tragedia, pero dentro de los límites establecidos por la Constitución.
El reto para el Gobierno será utilizar estas facultades para movilizar recursos, atender a las comunidades afectadas y contener los impactos económicos y sociales del terremoto, garantizando al mismo tiempo que cada decisión esté justificada y sometida a los controles establecidos por el ordenamiento jurídico.
