En los últimos días hemos visto cómo, alrededor de algunos de los candidatos con mayores opciones a ocupar el cargo de Contralor General de la República, comienzan a circular interpretaciones, versiones y escritos que buscan sembrar dudas más desde la especulación que desde el derecho.
En un Estado democrático, los cargos públicos no pueden definirse por anónimos, cadenas de WhatsApp, publicaciones en redes sociales o documentos que reflejan opiniones particulares. Deben definirse con fundamento en la Constitución Nacional, la ley y el análisis objetivo de los requisitos que exige cada proceso.
La trayectoria, la experiencia, la formación y la hoja de vida de quienes aspiran a ejercer una alta responsabilidad pública deben pesar mucho más que los rumores o las campañas de desprestigio. Colombia necesita debates jurídicos serios, no estrategias orientadas a desviar la atención del verdadero mérito de los candidatos.
Las instituciones están llamadas a decidir con independencia y rigor. La ciudadanía también tiene la responsabilidad de informarse antes de replicar versiones que, lejos de fortalecer la democracia, solo contribuyen a polarizarla.
Al final, los cargos públicos deben ser ocupados por quienes acrediten las mejores condiciones para ejercerlos, no por quienes logren sobrevivir al mayor volumen de ataques en redes sociales.
