Colombia avanza hacia un modelo más preventivo en la defensa jurídica del Estado, con el propósito de anticiparse a las controversias, reducir sus impactos económicos y evitar que los conflictos entre entidades públicas y particulares terminen en largos procesos judiciales. La propuesta fue planteada por Germán Calderón España, Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), durante el VIII Congreso Nacional e Internacional de Mecanismos de Resolución de Conflictos, que se realiza en Cartagena (Bolívar).
Durante su intervención, Calderón España destacó la importancia de construir una verdadera cultura institucional de prevención del daño antijurídico. La apuesta consiste en que las entidades del Estado identifiquen oportunamente los riesgos jurídicos y adopten medidas que permitan solucionar las diferencias antes de que estas se conviertan en litigios de mayor complejidad.
Uno de los principales instrumentos planteados en esta estrategia es el fortalecimiento de mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre ellos la conciliación y la mediación. Estas herramientas permiten generar espacios de diálogo entre las partes y buscar acuerdos que puedan resolver las controversias de manera más rápida y eficiente, siempre dentro del marco jurídico correspondiente.
Para el Director de la ANDJE, la defensa de los intereses públicos no debe concentrarse exclusivamente en responder ante los tribunales cuando ya existe una demanda. El nuevo enfoque busca que las instituciones tengan mayor capacidad para detectar posibles conflictos, evaluar sus consecuencias y actuar de manera anticipada.
La estrategia también tiene una dimensión económica. Un conflicto que no es atendido oportunamente puede generar procesos judiciales prolongados, mayores costos para el Estado y eventuales afectaciones a los recursos públicos. Por esta razón, la prevención del daño antijurídico aparece como una herramienta para mejorar la eficiencia de la administración y reducir riesgos financieros para la Nación.
En este escenario, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cumple un papel estratégico al fortalecer las capacidades jurídicas de las entidades públicas y promover políticas destinadas a prevenir controversias. La entidad busca que las instituciones cuenten con mejores herramientas para proteger los intereses del Estado y responder de manera oportuna ante posibles riesgos.
Calderón España planteó que esta transformación implica pasar de una defensa centrada principalmente en el litigio a una visión que incorpore prevención, diálogo, concertación y resolución temprana de las diferencias. El objetivo es que el Estado no solamente tenga capacidad para defenderse en los estrados judiciales, sino también para evitar que determinados conflictos lleguen hasta esas instancias.
El planteamiento cobra importancia en un contexto en el que las administraciones públicas enfrentan desafíos jurídicos y financieros cada vez mayores. Una controversia mal gestionada puede terminar comprometiendo recursos que tienen como destino la atención de necesidades de la ciudadanía, por lo que anticiparse a los problemas también representa una forma de proteger el patrimonio público.
Desde Cartagena, el director de la ANDJE insistió en que la prevención debe convertirse en un componente fundamental de la gestión estatal. La idea es fortalecer las capacidades institucionales para identificar riesgos, promover soluciones concertadas y encontrar respuestas jurídicas oportunas que permitan disminuir los costos asociados a los conflictos.
La propuesta de Calderón España apunta a consolidar una defensa jurídica más anticipada, eficiente y orientada a preservar tanto el patrimonio público como los derechos de los ciudadanos, con esta hoja de ruta: prevenir antes que reparar, dialogar antes de escalar las controversias y utilizar las herramientas jurídicas disponibles para proteger los recursos del Estado.
