Por Eduardo Padilla Hernández.
Abogado. Presidente Asored Nacional de Veedurías*.
La realidad colombiana supera la ciencia ficción de Hollywood; rebosa la magia del País de las Maravillas, y se gana en extravagancia al Extraño mundo de Subuso (…), una caricatura publicada en los periódicos de los años 60, donde este personaje fue testigo de situaciones insólitas. Por ejemplo, la ley prohíbe las empanadas de Bogotá, las cocadas de Cartagena y la venta de poemas en Valledupar, pero en cambio es lícito consumir psicofármacos a cielo abierto, sin importar que el adicto este rodeado de menores.
Durante mucho tiempo las políticas en contra de los consumidores de sustancias sicoactivas fueron represivas en Colombia; pero ahora, de repente, La Corte Constitucional acabó con esa moderación y puso en verde el semáforo del desatino, dándole vía libre al consumo de estupefacientes y licores en los parques y demás espacios públicos de las ciudades, sin tener en cuenta que esta práctica va en contravención del Código Nacional de Policía, del artículo 44 de La Constitución y del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1878 de 2018) que trata sobre la protección de niños, niñas y adolescentes.
Si la medida de La Corte tuviera por objeto darles libertad a los consumidores de alucinógenos, con la finalidad de hacer un censo que permita focalizarlos y conocer la cifra de adictos; sería una excelente idea, pues de esta manera los adictos podrían ser sometidos a tratamientos terapéuticos que conlleven a su recuperación, pues los farmacodependientes están catalogados como enfermos por las autoridades sanitarias.
En este caso, para que los adictos no vayan a consumir psicotrópicos en presencia de menores de edad, sería necesario la construcción de “mariguanódromos” (según la propuesta audaz de Gustavo Adolfo Vélez Román, alcalde de Tuluá, Valle del Cauca). Allí, en esas instalaciones, los adictos serían valorados por especialistas relacionados con terapias conductuales dirigidas a la población de consumidores de sustancias psicoactivas.
Pero si la sentencia de La Corte no va en esa dirección, entonces es nociva para la sociedad, y atenta contra los valores humanos. A propósito de los valores, y parafraseando a Platón, el filósofo griego, es negativo permitir que la maleza del micro tráfico continúe creciendo en la sociedad colombiana. Por su parte, Montesquieu dice que “Un juez se caracteriza por la imparcialidad, la vigilancia, la prudencia, la sabiduría y el sentido de justicia”. Y añade que “La descomposición de toda sociedad comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundada”.
El Artículo 13 de La Constitución Política dice que los colombianos somos libres, pero aun así hay muchos esclavos de la guerra, del poder, del dinero, de los vicios y de la corrupción.
Viene como anillo al dedo puntualizar con esta idea; pues por el lado de la Biblia, San Pablo parece que se estuviera dirigiendo a los magistrados de su época, porque en Colosenses 4:1, dice: “Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un Amo en los cielos”.
Magíster en Derecho Ambiental y profesor de la materia*.
