El informe de la Comisión ¿verdad o falacia?

Por Bernardo Henao Jaramillo.

Como dijo Aristóteles “la única verdad es la realidad”, pero la verdad es imposible lograrla cuando el subjetivismo acecha. Llegó el 28 de junio, fecha límite para dar a conocer el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, más conocida como la Comisión de la Verdad. Pero, observamos que no obstante que se publicitó nacional e internacionalmente la entrega final del informe elaborado por esa Comisión, ese hecho no sucedió; pues, como lo informaron algunos medios de comunicación de los 10 capítulos que se dice conforman el mencionado informe sólo se dieron a conocer el de la Convocatoria a la Paz Grande, de 64 páginas, otro el Volumen Testimonial, de 515 páginas, y un documento final de Hallazgos y Recomendaciones, de 896 páginas. Luego, no hubo entrega del informe final de la verdad en los términos establecidos en el numeral 5 del artículo 13 del Decreto 588 de 2017.

Los ocho capítulos que faltan por entregar, si así acaece, estarán por fuera del plazo legalmente establecido. Estos capítulos están anunciados por la CEV así: “1) No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. 2) Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. 3) La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio. 4) Colombia adentro. Colección de relatos territoriales del conflicto armado. 5) Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias. 6) Volumen ÉTNICO (nombre por definir), 7) No matarás. Relato histórico del conflicto armado. 8) Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas.” La solidez de un informe no depende de su extensión sino de las pruebas y soportes en los que se sustenta y de su valoración objetiva.

También se encuentra, y es de inmensa gravedad, que no se obtuvo el consenso que consagra el artículo 17 del Acuerdo 002 del 21 de agosto de 2018, por el cual se adoptó el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión. Allí se privilegia el consenso como «mecanismo para la toma de decisiones…».  En efecto, se conoció que el Comisionado Carlos Ospina se vió forzado a renunciar y a la fecha no se ha cumplido a cabalidad con el procedimiento administrativo que oficializaría su retiro. ¿Si no hubo acuerdo entre los once comisionados, que autoridad moral tiene la comisión para pedir que éste exista a nivel nacional?

En lo que se conoce de este informe se anticipa que los aportes del Comisionado no fueron tenidos en cuenta y menos aún se han » incorporado sus discrepancias».  Entonces, por elemental principio, con lo expuesto y demostrado queda en entredicho el informe final. A esto habría que agregar los cuestionamientos que se pueden hacer a los 10 comisionados restantes. Ellos estaban más motivados por su ideología que por la obtención de la verdad en el largo conflicto colombiano. Resulta claro como el agua que no podía esperarse de ellos ni una pizca de imparcialidad.

No cabe duda de que su Presidente, el padre Francisco De Roux, estaba incurso en motivo de recusación atendiendo a que el numeral 5 del artículo 151 de la ley 270 de 1996, establece como causal «el desempeño de ministerio en cualquier culto religioso «.

En cuanto a la comisionada Lucía González estaría incursa en las causales de recusación establecidas en el artículo 11 de la ley 1437 de 2011. Este artículo está dirigido a garantizar la imparcialidad, tanto objetiva como subjetiva, de los servidores públicos. Ocurrió que la comisionada, el 1 de septiembre de 2017, hizo esta publicación en Twitter: «Yo hoy estoy de fiesta porque las Farc constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino.» Juzguen ustedes.

Lo que mal comienza mal termina. El plazo acordado en la Habana fue de tres años, como consta en el artículo 1 del decreto 588 del 5 de abril de 2017, por el cual se organizó la Comisión. Adicionalmente se le otorgó un período de hasta 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. Esos 6 meses fueron ampliados de una forma extraña. El improrrogable plazo de tres años también se extendió por la Corte Constitucional (Sentencia C-337-21), a pesar de que carecía de facultades para ello. Dicha ampliación fue de 7 meses y 2 más para difusión, pero, al parecer, tampoco fue suficiente para que en verdad se entregara el informe final. Si se cuenta desde abril 5 de 2017 al 28 de junio de 2022 son más de 5 años y aún pretenden extenderlos al proponer hacer un monitoreo. Vale comentar que el costo es exorbitante para un informe tan controversial y controvertido pues se acerca ya a los cuatrocientos mil millones. Y las víctimas sin reparación.

Se hizo todo un espectáculo, verdadero show mediático, para la presentación del informe. El discurso del padre De Roux en la entrega parcial, pese a que se denominó final, que hizo a nombre de la Comisión terminó con una inadmisible y rechazable intervención en política, nociva, por demás, para el país. Ciertamente el pueblo colombiano no está dispuesto a aceptar responsabilidad ni culpa de ninguna naturaleza en los abominables crímenes que cometieron las Farc, y ahora las denominadas disidencias. Tampoco admitimos la conversión de la Comisión en Constituyente. Su papel jamás puede ser el de trazarle derroteros al Estado en materias como, por ejemplo, la Policía, a la que se pretende pasar al ministerio del Interior para que funcione como Policía política, al mejor estilo de la extinta Alemania Oriental. O el desmonte del servicio militar, la erradicación de los cultivos de coca, aunque sería más adecuado decir la no erradicación, la minería ilegal, acabar con el Esmad. No compete al padre De Roux ni a la Comisión que preside abogar por la prohibición de la extradición, que es una herramienta efectiva para conseguir que los bandidos que tanto daño le hacen al país paguen por sus delitos.

Y es aquí donde empezamos a sentir indignación. Este informe equipara a las víctimas con los victimarios y dice que todos somos responsables de las atrocidades ocurridas en el país. Es válido entonces preguntarle al cura: ¿a santo de qué? Responsables son las Farc. ¿Porqué habríamos de estar metidos en el mismo saco? Una utilización incorrecta de la verdad, puede ser fuente, en ocasiones, de mayores conflictos.

Se ha tratado de crear una falsa narrativa y no olvidemos que este informe ha de ser estudiado en los colegios. Responsabilidad y culpa no son ya de las Farc sino de todo el país, gobierno, Fuerzas Militares y de Policía, empresarios, en fin, la sociedad civil que es por completo ajena a los hechos de barbarie documentados, y a muchos otros de los que ni siquiera se habló.  Muchas víctimas no fueron entrevistadas, así, el general Luis Mendieta, quien fuera secuestrado infamemente y lo estuviera por cerca de 12 años alejado de su familia y de su institución, en condiciones que vulneran la dignidad humana, es un ejemplo de que las víctimas militares y de la Policía fueron ignoradas. Pero sí vilipendiadas en la equivocada generalización de la responsabilidad, por ejemplo, de los falsos positivos que señala en 6402, cifra que no tiene respaldo.  Cosa que pretenden dar por probada a base de narrativa y repetición. Ha fallado la Comisión en profundizar en este triste episodio del conflicto que genera responsabilidades individuales, jamás institucionales.

Igualmente, el parcial informe, invade escenarios de política exterior que son del resorte de la Cancillería, como el tema pertinente a restablecer relaciones con Venezuela. Más aún. Gravísimo que los comisionados Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, extralimitándose en sus funciones pidan al parlamento Europeo que no se dé más ayuda militar a Colombia. ¿Será que puede catalogárseles de traidores a la patria y como tales ser juzgados?.

Comenzará ahora el periplo de la difusión pero el informe, con el sesgo que lo distingue, nos obliga a recordar al escritor turco Peyami Safa quien sentenció perennemente: “Si quiere destruir una nación, no hay necesidad de hacerle la guerra. Basta con hacerle olvidar su historia, perturbar su lenguaje alejarlo de su religión y por lo tanto desintegrar sus valores espirituales y moralidad”. El informe de la CEV acaba de reescribir su historia. Y parece que olvida su cometido, la Verdad de lo ocurrido durante más de 60 años de conflicto.

Pildorita. No es posible terminar esta columna sin registrar que el designado Canciller del gobierno Petro, Álvaro Leyva Durán, quien a sus 79 años ya debería estar gozando de “buen retiro”, ha salido a proponer la creación de una Comisión de la Verdad para el proceso de paz con el ELN. Es que lo que nada les cuesta lo vuelven fiesta y él sí que las ha celebrado.  Creemos que esta negociación se hará y que tardará más que la de la Habana por el carameleo que distingue a ese grupo guerrillero. Encontramos reprochable que este personaje, cuestionado por actuaciones pasadas, presente ahora tan inconveniente propuesta. Lástima que la Comisión que presidió De Roux, no investigó el papel que durante años desempeñó este señor con las Farc y otros grupos subversivos.