Por Eduardo Padilla Hernández.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND 2022-2026) de Colombia contempla la Justicia ambiental y ofrece garantías en el tratamiento justo de todos los colombianos a través de la participación efectiva, inclusiva, diferencial y con perspectiva de género en la toma de decisiones sobre el desarrollo ambiental que tengan que ver con su territorio, considerando las relaciones ecológicas y culturales que integran a las ciudades con el campo, respetando las consultas populares y las consultas previas.
El Pacto asegura la transparencia, el acceso a la información, a la participación pública en procesos de toma de decisiones, el control efectivo de la gestión pública, y se fortalezca la gobernanza inclusiva a través de la conservación de las especies, del bienestar y la protección de los animales.
Será creada la Comisión Interinstitucional de Escazú, la cual se encargará de la formulación del plan de implementación, incluidos las salvaguardas sociales.
Se desarrollará un programa nacional de educación ambiental enfocado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial.
Se garantizará la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio y las condiciones para ejercer su labor sin intimidaciones ni acosos, con apoyo de la institucionalidad.
Además de proteger a las personas, se investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales que motivan sus luchas y se gestionarán mecanismos expeditos para su resolución.
Se desarrollará el sistema nacional de diálogo y transformación de conflictos socioambientales, que además generará alertas y prevención de los conflictos, estimulando el liderazgo de las mujeres en los asuntos ambientales y la participación en las instancias de gobernanza del agua.
Se democratizará la información ambiental y se mejorará la gestión del riesgo de desastres.
Se implementará el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental para la prevención de los riesgos climáticos, el acceso y el uso libre a la información de manera oportuna, transparente, comprensible y adecuada, que permita la toma de decisiones informadas de los actores locales.
Se ampliará la cobertura de las mesas agroclimáticas y se estandarizará una metodología para la toma de decisiones informada por parte de los productores y las entidades públicas alrededor de la variabilidad y el cambio climático.
Se realizará el monitoreo y seguimiento a la deforestación y la restauración con nuevos métodos de medición.
Será renovada la institucionalidad ambiental lo que permitirá una gestión del riesgo de desastres transparente.
Se creará una Agencia para dar desarrollo al servicio forestal nacional y como entidad que impulse la restauración, la economía forestal y de la biodiversidad, apoyará el control de la deforestación, la mitigación y la adaptación al cambio climático en territorios continentales y marino costeros.
Se pondrá en marcha el Fondo para la Sustentabilidad y Resiliencia Climática como uno de los vehículos financieros que canalice diferentes fuentes de recursos de orden nacional e internacional con autonomía administrativa, jurídica y financiera.
Se dispondrá de un presupuesto más amplio y con mejor capacidad de ejecución de las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Se ajustarán los reglamentos operativos y de funcionamiento del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y del Fondo de Compensación Ambiental (FCA).
Se ejecutará una estrategia de comunicación y apropiación de la información de instrumentos de fijación de precios al carbono para promover la transparencia, y se ampliará el alcance del sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de financiamiento climático para RASTREAR la inversión sobre el recurso hídrico y la biodiversidad (los jefes de partidos son hostiles con esta parte).
Será implementado un nuevo modelo de gestión y operación de Parques Nacionales Naturales.
Se desarrollarán acciones para optimizar la arquitectura de la institucionalidad climática repotenciando el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA).
Se establecerán acciones para optimizar la coordinación y articulación de este sistema con el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Se buscará su articulación efectiva con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para fortalecerlo a nivel territorial y sectorial.
Se buscarán mecanismos para transformar, suprimir o fusionar entidades que se requieran para cumplir con los objetivos del SNGRD.
Se realizarán las evaluaciones de la aplicación de las tasas por uso del agua y retributiva.
El agua, la biodiversidad y las personas, son el centro del ordenamiento territorial.
Las determinantes ambientales cumplen una doble función, por un lado, orientan los modelos de ocupación del territorio, permitiendo la gestión del recurso hídrico alrededor de las cuencas y el ordenamiento del entorno del agua.
Se le brindará protección del suelo rural para el derecho a la alimentación, a la vivienda y el hábitat.
Se actualizará la política de gestión integral del recurso hídrico alrededor de cuatro dimensiones:
1. Oferta, que incluye la protección de páramos y humedales, la conexión de los ecosistemas, y la protección de cuencas abastecedoras y fuentes subterráneas a escala supramunicipal y regional.
2. Demanda, incluyendo la articulación con políticas de asentamientos, con las decisiones urbanas y de hábitat, que inciden en la expansión de las ciudades, en la consolidación de los sistemas de abastecimiento. El agua incide directamente en la productividad, así que es fundamental consolidar infraestructuras, como los distritos de riego.
3. Disponibilidad, a través de estrategias de reducción del estrés hídrico, de los problemas de desabastecimiento por accesibilidad o por efectos de la variabilidad climática. Las medidas adoptadas deben contribuir a reducir los conflictos de usos del suelo en áreas protegidas y de especial importancia ambiental, destacando los suelos de protección que están en condiciones de alto riesgo no mitigable.
4. Gobernanza, teniendo en cuenta el proceso de implementación de las determinantes del ordenamiento territorial asociadas al ciclo del agua.
Definir las jerarquías y la coordinación entre entidades para la gestión del agua. Se le dará un énfasis especial a la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial por inundaciones y sequías.
Para el sector de agua y saneamiento, se fortalecerá la política de gestión del riesgo y variabilidad y cambio climático mediante la adopción de instrumentos metodológicos, normativos y de participación que permitan reducir las condiciones de riesgo existentes y disminuyan los impactos de las emergencias por desabastecimiento de agua para consumo humano, incluyendo los eventos generados por actividades humanas.
Se promoverá el acceso a nuevas tecnologías para el manejo adecuado de los vertimientos, a través del tratamiento de las aguas residuales domésticas y la descontaminación de las fuentes hídricas.
Se formularán lineamientos para el manejo de aguas lluvias, la gestión de escorrentías y los excedentes hídricos urbanos, incluyendo Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) y otras Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en el ordenamiento territorial.
Se diseñará e implementará una estrategia nacional de reasentamiento integral siguiendo los lineamientos de legalización y control urbanístico, el mejoramiento de asentamientos humanos (mejoramiento integral de barrios y de vivienda), la gestión del suelo, y el diseño de mecanismos financieros para administrar los predios que se incorporan al suelo de protección y así evitar que estos sean nuevamente ocupados.
El ordenamiento territorial alrededor del agua incluirá la protección de océanos, zonas costeras e insulares, con el reconocimiento de las comunidades que habitan en el territorio.
Se implementarán programas territoriales de ordenamiento y gobernanza alrededor del ciclo del agua con enfoque de derechos y justicia ambiental, para la resolución de conflictos socioambientales y la gestión adaptativa a la crisis climática, priorizando la financiación de proyectos en territorios como la Amazonía, Insular, La Mojana, Ciénaga Grande, Sierra Nevada, Cartagena; Ciénagas de Zapatosa, Catatumbo, Altillanura, páramos, macizo colombiano, valle de Atriz, Pacífico y la Sabana de Bogotá.
Se fortalecerán las capacidades territoriales y la gobernanza ambiental a través del SINA para el ordenamiento alrededor del agua, mediante programas regionales que armonicen y faciliten la implementación de los instrumentos de planificación ambiental.
