Por Germán Calderón España (*)
La visión de la justicia colombiana dista mucho de lo que a los ojos de las instituciones norteamericanas despierta preocupación mayor por lo que sucedió antes, el día de las elecciones a Congreso en Colombia, y después de los resultados de esa jornada que, dicho por el propio Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, varió de unos días a otros, aumentándose la votación de un partido político en detrimento de los demás, en principio, en más de medio millón de votos, pero pocos días después, en más de un millón.
Hasta salió el Registrador a afirmar que estas diferencias de más del 5% entre el preconteo y el escrutinio, fueron producidas por jurados de votación que incurrieron en presuntos delitos penales de carácter electoral, hecho que le causó suspicacia a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual, fue llamado a declarar.
En la acción popular que interpuse ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la transparencia del proceso electoral, el magistrado ponente Luis Manuel Lasso Lozano no encontró suficiente asidero para decretar la medida cautelar de suspensión provisional del registrador, más le sirvió de apoyo para dictar unas medidas de oficio que, muy respetuosamente, son un paliativo que no conjuró la desconfianza ciudadana ni de los candidatos que pesa sobre Vega Rocha.
Tampoco decretó el magistrado ponente algunas pruebas sobrevivientes, como los audios de una persona que adoctrinaba a los jurados de votación que por unos pesos, votaron doblándose en su derecho, sin embargo, esperamos prontos resultados de la fiscalía sobre este hecho que avanza rápidamente en la investigación.
Los incidentes de desacato que he incoado, no han tenido éxito, aunque los testigos del proceso, el expresidente Andrés Pastrana Arango, los candidatos Ingrid Betancourt, Enrique Gómez Martínez y John Milton Rodríguez, al unísono sostuvieron que no sentían confianza en el registrador y que la información electoral no ha sido entregada oportunamente.
El expresidente Andrés Pastrana fue mucho más allá, pues aseguró que el candidato Petro estuvo reunido con dos empleados de INDRA en Madrid, y le pidió al magistrado ponente que le exigiera a él y al Registrador que le contaran la verdad al país y que le informaran si estuvieron presentes en esas reuniones en la madre patria con la muy sonada empresa. No obstante, el magistrado ponente negó esas pruebas por extemporáneas.
También, el testigo Sergio Alzate, experto en temas electorales, expuso con rigurosidad los aspectos técnicos que soportan el presunto fraude.
El presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez, ha apoyado incondicionalmente esta causa, auspiciando las denuncias ante la Procuraduría, solicitando la suspensión provisional del registrador en el proceso disciplinario que se adelanta en ese ente de control y denunciándolo penalmente ante la fiscalía, en donde ya se abrió indagación preliminar sobre el particular. Así mismo, coadyuvó la acción popular referida.
Mientras esto sucedía, he recibido 4 amenazas contra mi vida y la de mi familia, motivo por el cual solicité a la UNP que nos protegiera, obteniendo una negativa rotunda porque no hago parte de un colectivo de derechos humanos, por lo cual, a pesar de cursar denuncia ante la fiscalía, en la que ni siquiera me han llamado, solicité medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
En la ciudad de Washington, apoyado por la ONG Por Colombia Juntos, fuimos hasta el despacho de la representante a la Cámara María Elvira Salazar, en donde nos recibieron todos los documentos relativos a la acción popular, a las amenazas, a la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH y a una acción de tutela que interpuse por una inconstitucionalidad que se viene cometiendo en Colombia por parte de los registradores desde 1991, insertando la casilla para el voto en blanco para la segunda vuelta, cuando el parágrafo primero del artículo 258 constitucional claramente admite voto en blanco solamente en la primera vuelta presidencial, debate que deberá resolver un juez constitucional.
En la entrega de pruebas al Congreso de los Estados Unidos, se le entregó al despacho de la representante Salazar el informe de Colombia Transparente que dirige Sergio Alzate, quien expuso virtualmente los pormenores técnicos que reflejan protuberantes irregularidades en el proceso electoral del 13 de marzo de 2022, en el que aún todavía no se tienen los resultados definitivos para Senado.
Llama la atención, que no se contrató una auditoría internacional para estudiar el proceso anterior y el actual de disputa presidencial, y que, aunque los miembros del pacto histórico siempre apoyaron al registrador, después de la primera vuelta vienen sosteniendo que urge dicha auditoría y muestran su desconfianza en la Registraduria.
En ese periplo por la capital americana, me encontré con la canciller y vicepresidenta Martha Lucia Ramírez, quien prudentemente me mostró su preocupación por el tema electoral en Colombia.
Resta esperar el análisis de las pruebas por parte de la unidad de trabajo de la representante María Elvira Salazar y un pronunciamiento que muy seguramente realizará al respecto.
Por ahora, continuaré defendiendo la democracia y nuestras vidas.
* Abogado constitucionalista y magister en derechos humanos y sistemas de protección.
