La Procuraduría habría actuado sin soportes jurídicos. El Ministerio Público debió enfocarse en los casos, conocidos por todos los cordobeses, de las empresas de papel a las que les pagaron por servicios que nunca se prestaron porque los niños no existen.
Causó revuelo la noticia sobre otro escándalo de corrupción en Córdoba porque la Procuraduría General le abrió Pliego de Cargos a los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile, debido al pago de terapias en forma irregular.
La Procuraduría en un boletín de prensa 071 en el cual cuestiona que las dos citadas gobernaciones cordobesas negociaron terapias de neurodesarrollo y neurorehabilitación para niños pobres discapacitados de la región con Funtierra Rehabilitación IPS, sin nisiquiera tener un contrato.
Cabe recordar que nuestro portal La Otra Cara ha liderado una lucha periodística mediante toda clase de denuncias contra la corrupción en las administraciones de Lyons y de Besaile.
Sin embargo, ese Pliego de Cargos difícilmente se concretará contra estos dos cuestionados personajes y mucho menos contra la IPS Funtierra, que es una entidad privada y no puede ser objeto de una investigación disciplinaria. La razón es que la Procuraduría actúo sin pruebas y sin soportes jurídicos en este tema.
No se necesita contrato
Asegura la Procuraduría que hay una irregularidad porque no había contratos entre Funtierra y la Gobernación de Córdoba y ese el principal argumento en su decisión disciplinaria contra los exmandatario.
El Ministerio Público estaría errado porque la ley establece que los pagos para dichas terapias no necesitan contrato porque pueden hacerse por órdenes de servicio. La IPS Funtierra pertenece al regimen subsidiado y el servicio que prestó es un NO POS-S. Es decir, no está incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
La Secretaría de Salud, que opera bajo la jurisdicción de la Gobernación de Córdoba, se basó en la Resolución 1479 de 2015, para realizar el pago por prestación de servicios NO POS-S directamente a Funtierra o a una EPS. Dicha norma faculta al Ente Territorial para negociar sin contrato y cancelar con la figura de la prestación de servicios.
Hay que recordar que para atender los servicios de la población que pertenece al NO POS o regimen subsidiado, se asignó un rubro presupuestal en las diferentes gobernaciones.
La Secretaría de Salud de Córdoba no solo hizo pago de prestación de servicios a Funtierra, sino a todas las instituciones de salud o IPS que prestaron su servicio a dicha Secretaría, desde antes que llegara el Gobernador Lyons.
También hay que decir que la Secretarías de Salud de Lyons y Besaile se basaron correctamente en la Resolución 1479, que en su artículo 13 establece: «Pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el POS. En cualquiera de los modelos previstos en este acto administrativo, las entidades territoriales pagarán directamente a los proveedores o prestadores de servicios de salud el valor de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS que hayan superado el procedimiento de verificación y control». Es decir, se podía pagar directamente a Funtierra o a cualquier otra IPS sin tener contratos y bajo el convenio de prestación de servicios. La ley es clara.
En definitiva, es poco probable, que Lyons y Besaile tengan sanción disciplinaria por estos hechos, que son refutables legalmente y que si fallan en contra de ellos, pueden pelear en una instancia superior ante el Consejo de Estado.
Funtierra sí tiene sedes
Nuestro portal le dio la oportunidad a Funtierra de defenderse de las acusaciones de la Procuraduría y sobre la afirmación en el sentido de que esta entidad no tenía sede, manifestó:
«La IPS Funtierra tienen las mejores instalaciones para prestar las terapias en Montería, Cereté y Planeta Rica, las cuales fueron puestas en funcionamiento desde año 2009 antes de llegar Lyons. Las sedes de Cereté y Planeta Rica estuvieron operando hasta el pasado 1 de julio de 2016, pero fueron cerradas por el no pago de la Gobernación de Córdoba. Las instalaciones de la sede de Montería se cerraron en mayo de 2017, porque era arrendada y se terminó el contrato».
«Las sedes de Planeta Rica y Cereté esta abiertas, pero no están operando. En ellas encontramos personal auxiliar como vigilantes y asistentes. La Secretaria de Salud de Córdoba le adeuda a Funtierra desde el año 2014 11 meses de pagos por sus servicios».
Funtierra le hizo llegar a La Otra Cara este video donde se muestran sus sedes y los servicios que prestan:
Funtierra también señaló que ha sido el denunciante reiterado de la corrupción de los carteles de la Hemofilia y las terapias en Córdoba y sobre este último no hay avances en las investigaciones, por el contrario las autoridades se ha volcado es contra ellos.
Tania Otero, Representante Leal de Funtierra, a raiz del Pliego de Cargos a Lyons y Besaile, le envió un documento a la Procuraduría con sus explicaciones sobre las actuaciones de su IPS. Puede ver el escrito AQUÍ.
Qué pasó con las IPS de papel y los niños inexistentes?
El problema tanto de Lyons como de Besaile, no parece ser si se pagó con contrato o sin contrato. El caso es que se debe determinar si las terapias se brindaron o no a los niños discapacitados.
Se debe es investigar cuántas IPS de papel o falsas hay en Córdoba que supuestamente prestaron el servicio de las terapias a las Gobernaciones de Lyons y de Besaile. Ahí es donde está el verdadero «Cartel de las Terapias» en la cual estarían involucrados estos dos polémicos exdirigentes regionales.
No es un secreto en la zona que se pagaron grandes sumas de dineros del Estado a unos particulares por un trabajo que nunca se hizo, porque los niños enfermos nunca existieron, desfalcando las arcas de la Nación. Ese debe ser el sentido de la investigación de la Procuraduría. ¿Por qué los investigadores no se han enfocado en este asunto que ya ha sido denunciado en Montería?
Por esos graves hechos, luego de que sean probados, sí se debe formular Pliego de Cargos contra Lyons y Besaile. La Procuraduría tiene tiempo de corregir su error y enfocar la investigación por el sentido correcto.
Funtierra es la única empresa visible, que tiene una sede, ya que todas cerraron, por eso es que la Procuraduría, en un investigación misteriosamente facilista y corta, se pronuncia sobre esta y argumenta que no tenía contrato, pero no lo hace sobre las firmas de papel. Esas que en la capital cordobesa todos conocen y saben quienes fueron sus dueños y cómo era su modus operandi fraudulento.
También es claro que si el Ministerio Público encuentra alguna irregularidad o conducta delictiva en Funtierra debe ponerla en conocimiento de la Fiscalía General que es la competente para investigarla para que se haga justicia.
Recordemos que Leonardo Luis Pinilla Gómez, alias El Porcino, en su principio de oportunidad con la Fiscalía, se comprometió a delatar a 13 personas implicadas en la corrupción de los carteles de la salud en Córdoba, entre ellos Yolima Rangel, Adalberto Carrascal, Sammy Spath y Alfredo Aruachan, quienes estarían vinculados con las empresas de papel que desaparecieron y que no solo contrataron en el caso de la Hemofilia, sino también en las terapias.
Será que la Procuraduría le pondrá la lupa a estas personas, que la mayoría sí fueron servidores públicos y por lo consiguiente pueden ser investigados disciplinariamente.
En La Otra Cara no tenemos contratos con el Estado, ni cobramos por publicar las denuncias o la defensa de los ciudadanos. Lo hacemos por nuestro compromiso social y la lucha contra la corrupción. Escríbanos: laotracarapi@gmail.com
