La denuncia del jurista busca establecer si el Contrato Interadministrativo 390 de 2026 se ajustó a las normas de contratación estatal.
La Fiscalía General de la Nación recibió una denuncia relacionada con un contrato interadministrativo por hasta $1.500 millones suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).
La denuncia fue presentada por el jurista Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, designado por el Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella como líder del Equipo Élite Anticorrupción. El experto abogado manifestó haber actuado con autorización del Vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo.
El caso está relacionado con el Contrato Interadministrativo 390 de 2026, cuyo monto podría alcanzar los $1.500 millones y que contempla servicios asociados a telecomunicaciones, transmisión y suministro de información.
El punto central de la denuncia
Uno de los aspectos que llamó la atención de Calderón España es la modalidad de contratación utilizada. De acuerdo con la denuncia, desde la estructuración del negocio se habría contemplado que parte de las actividades fueran ejecutadas mediante terceros y medios de comunicación externos.
Esta situación llevó al denunciante a solicitar que se determine si la estructuración, celebración y ejecución del contrato cumplieron con las disposiciones que regulan la contratación estatal.
La actuación de la Fiscalía deberá establecer, a partir de las pruebas que sean recopiladas, si existieron irregularidades con relevancia penal y, eventualmente, si hay responsabilidades individuales.
Recursos públicos, bajo observación
El caso vuelve a poner en el centro del debate el manejo de recursos públicos destinados a comunicaciones institucionales y la utilización de contratos interadministrativos entre entidades estatales.
Por ahora, la existencia de la denuncia no significa que se haya establecido responsabilidad penal contra funcionarios o particulares vinculados al contrato. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley.
La investigación podría convertirse en un nuevo escenario de revisión sobre la forma en que se planifican, adjudican y ejecutan los contratos relacionados con comunicaciones y servicios de información desde entidades del Estado.
El expediente queda ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá evaluar los elementos aportados por el denunciante y establecer el alcance de las actuaciones que correspondan.
