Bien es sabido que en Colombia abundan los vacíos estatales, especialmente en las zonas periféricas, en aquellas donde no llega la infraestructura, la atención de los gobiernos y, mucho menos, la esperanza de un mejor porvenir. De hecho, desde la ley física que habla que los espacios vacíos tienden a llenarse, es que algunos académicos y estudiosos del conflicto armado, explican cómo los grupos armados al margen de la ley han logrado tener el control de ciertos territorios, pues la presencia estatal es escasa o nula y ello abre un escenario de infinitas posibilidades para consolidar un auténtico caos.
Uno de los casos que más indigna, pero que, por regla general, ha sido ignorado casi que, desde inicios de la vida republicana, es el de la Guajira. Solo en 1996 cuando una cadena nacional lanzó una telenovela con el mismo nombre que el departamento, se pudo decir que los colombianos posaron sus ojos sobre la árida, pero rica tierra del norte. Empero, ello no implicó que las condiciones de vida de los guajiros mejoraran, que llegara el agua potable, la educación y los alimentos, o que se edificara la infraestructura necesaria. Diría Johan Galtung, sociólogo y matemático noruego experto en conflictos, que este es un perfecto caso de violencia estructural.
Para él, además de la violencia directa, o la de sangre, existen una más compleja que es aquella que, por omisión, o por una mala intención, impide que ciertos sectores de la sociedad accedan a los recursos que se requieren para vivir una vida digna. Así, en la Guajira se tienen cifras tan escalofriantes como que el 61.8% de la población vive en la pobreza (Wberth, 2023), que hay un analfabetismo del 23,2% y que, entre otras graves problemáticas, el 43% de la población en la Guajira NO tiene acceso a fuentes de agua mejorada (Baquedano, 2023).
La corrupción disfrazada de limitaciones presupuestales y falta de coordinación con las comunidades del departamento, han hecho mella para que el drama de cientos de ciudadanos se profundice. Lo que muchos damos por sentado, como es tomar un vaso de agua potable cuando se desee, o lavarse las manos, para los guajiros es casi que un milagro, especialmente para los Wayuu de la Alta Guajira, zona rural de desierto subtropical que caracteriza el 41% de los 20.848 kilómetros cuadrados del departamento (Prieto, 2015).
La climatología de la zona, explica la escasez del preciado líquido. Sin embargo, solo la falta de voluntad política explica que, con el paso de los años, no se haya estructurado una respuesta ante tan urgente necesidad. Hasta hace pocas semanas, mediante el Decreto 1601 de 2023, es que se sentó un precedente en el actual gobierno nacional, para crear el Instituto de Aguas de la Guajira, en el que expertos con el conocimiento suficiente y especializado a nivel técnico, científico, social, económico y cultural, gestionarán el uso eficiente y eficaz del recurso hídrico.
Adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esta entidad contará con la participación de otros Ministerios y Departamentos Administrativos, así como con la de comunidades indígenas y NARP, para garantizar la democratización de esta institución, en la que se posan las esperanzas de toda la población.
Poder subsanar la problemática del agua, significaría un avance hacia la generación de condiciones dignas para todos los habitantes de la región, significaría mayor productividad, mejores oportunidades y condiciones estructurales, el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sin lugar a duda, significaría un hito para la historia de comunidades olvidadas, aquellas que salen a flote como comodín para la época electoral, o para resaltar los errores cometidos por los antecesores en los puestos de poder, pero que nunca son objeto real de la formulación de las políticas públicas funcionales que demanda un contexto complejo.
Las riquezas minerales y culturales del departamento, contrastan irónica y tristemente con la avasallante realidad de pobreza y corrupción. Aquella tierra de la que emanan baluartes deseados por las grandes industrias, es también el escenario de la mayor injusticia que se puede cometer en el tercer país que cuenta con la mayor cantidad de agua del mundo (Banco Mundial , 2015). La inconsciencia geopolítica tradicional de las clases gobernantes, la falta de visión para proyectar a Colombia como potencia bioceánica y ambiental, entre otros errores clásicos, se han conjugado para mermar las posibilidades de desarrollo para todo el país, no solo para los centros urbanos, sino para cada rincón de la exuberante geografía nacional colombiana.
Esperamos entonces que el Instituto de Aguas de la Guajira logre saldar la deuda histórica que se tiene con el departamento y su gente, y que podamos, finalmente, tener un modelo replicable en las diversas regiones del país que reclaman la atención urgente del Estado y de todos los ciudadanos. Ya es hora de responder, como la Constitución lo ordena y el sentido común lo indica, a las reclamaciones de un pueblo cuyos ánimos languidecen ante una inercia institucional que podría tener su fin con las últimas medidas adoptadas. Seguiremos de cerca los avances, con la ilusión que las próximas palabras que aquí se plasmen, sean de celebración por haberse conseguido lo que otros dijeron que era imposible: llevar el agua y erradicar la pobreza de la Guajira.
Referencias
Prieto, J. (2015). El Agua en la Guajira. Obtenido de ANEIA – Universidad de los Andes
