La Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas, en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control ciudadano sobre la gestión pública, anuncia el inicio de un proceso de observación y seguimiento ciudadano al procedimiento de selección de quien ocupará la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial para el período 2026–2030.
La decisión reviste especial importancia para el país debido a la trascendencia de las funciones administrativas, presupuestales, contractuales y de gestión que corresponden a esta Dirección y a los recursos públicos que administra.
De acuerdo con la información oficial publicada por el Consejo Superior de la Judicatura, la convocatoria pública para conformar la terna fue abierta en junio de 2026 y contó con 145 profesionales inscritos: 57 mujeres y 88 hombres. La convocatoria contempla la verificación de las condiciones constitucionales y legales, así como de las calidades profesionales y académicas de los aspirantes. (Rama Judicial)
La Red considera fundamental que este proceso se adelante bajo los principios de transparencia, mérito, igualdad, publicidad, imparcialidad, moralidad administrativa y respeto por las reglas previamente establecidas.
Por esta razón, la vigilancia ciudadana estará dirigida, entre otros aspectos, a verificar:
* La publicidad y cumplimiento integral de las reglas de la convocatoria.
* La acreditación de los requisitos legales, académicos y profesionales de los aspirantes.
* La inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades.
* La transparencia en la conformación de la terna.
* Los criterios objetivos utilizados para la valoración y selección.
* La debida motivación de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
* La eventual existencia de conflictos de interés que puedan comprometer la imparcialidad del proceso.
* La trazabilidad documental de las diferentes etapas de la selección.
* La observancia de los principios constitucionales que deben regir la administración pública.
La Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas no parte de señalamientos contra ninguno de los aspirantes ni pretende interferir en las competencias constitucionales y legales de las autoridades de la Rama Judicial. Nuestra actuación será estrictamente ciudadana, preventiva, documentada y orientada a garantizar que un cargo de semejante importancia sea provisto mediante un procedimiento transparente y verificable.
El país necesita una Rama Judicial fuerte, independiente y confiable. Esa independencia, precisamente, exige que sus procesos administrativos y de selección estén sometidos a los más altos estándares de transparencia y control ciudadano.
En mi condición de Director Nacional de Contratación Pública de la Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas, considero que la sociedad civil no puede permanecer al margen de decisiones que tienen incidencia directa sobre la administración de importantes recursos públicos y sobre el funcionamiento administrativo de la justicia en Colombia.
Por ello, anunciaremos las actuaciones de seguimiento correspondientes y solicitaremos, dentro del marco constitucional y legal, la información pública necesaria para realizar una evaluación objetiva del proceso.
No se trata de cuestionar anticipadamente a ningún candidato. Se trata de garantizar que quien resulte elegido llegue al cargo con la legitimidad que solamente pueden otorgar el mérito, la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley.
