Por Jorge Venencia Villate.
Consultor
Especializado en Derecho Minero-Energético.
La región de la Costa Caribe Colombiana continúa en la lucha a fin de regular el crecimiento de las tarifas del servicio de energía eléctrica que han presentado altos incrementos. En el Senado fue radicado una proposición para crear una comisión accidental que se encargue del seguimiento y análisis de las acciones pertinentes para regular las tarifas del servicio. Se presentó la proposición haciendo un nuevo llamado al Gobierno Nacional para determinar los altos incrementos que se han registrado en las tarifas. Reportando que en la región se pasó de pagar $61 pesos por kilovatio en 2021 a $759 por kilovatio en 2022, resaltando que las tarifas de energía en esta región continúan siendo las más caras en el país. En la proposición también señala que la CREG debería realizar un reajuste en la fórmula tarifaria.
A esta campaña, se han sumado varios senadores, señalando que el gobierno anterior no ha tenido interés en resolver el tema brindando soluciones definitivas al aumento indiscriminado de la tarifa en la región además de mencionar que el alza es desproporcionada e impone condiciones de des favorabilidad y desigualdad en comparación con otras ciudades del país. Los Alcaldes de los Departamentos de la Costa, pide abrir un canal de diálogo para revisar las tarifas de energía eléctrica que se están cobrando a los habitantes del Caribe colombiano, presentando cinco propuestas que permitan reducir los costos así:
La Primera propuesta, el gobierno nacional debe intervenir la CREG
ya que la comisión de energía y gas es el máximo organismo en regular las tarifas de energía, se deben revocar los últimos tres comisionados nombrados a última hora por el gobierno de Duque están incumpliéndola ley 2099 del 10 de Julio del 2021 en su artículo 44 parágrafo 1.
La segunda propuesta corresponde a la implementación de un fondo de estabilización, a través del cual se reduzca el valor de la tarifa de los usuarios y se mitigue el efecto de las variables que generan alzas por encima del promedio nacional, hasta que las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura y reducción de pérdidas hayan sido ejecutadas.
La tercera propuesta trata de eliminar el uso del Índice de Precios del Productor – IPP como factor de actualización de los contratos de generación de energía, debido a que no refleja acertadamente el comportamiento de las variables y costos de la cadena del sector eléctrico.
La cuarta, recomienda que se establezca un esquema que permita compartir la carga financiera de la opción tarifaria de los comercializadores con las empresas de generación y transmisión, porque son actores que tienen un bajo riesgo de cartera.
Como Quinta propuesta se centra en aumentar la inversión en los proyectos de normalización eléctrica, especialmente cuando la región Caribe constituye la mayor proporción de subnormalidad en el servicio de energía en el país.
Por último, es necesario apostar a la autogeneración con fuentes no convencionales de energía renovable. Se deben extender los mecanismos financieros y tributarios para la instalación masiva de sistemas fotovoltaicos sin almacenamiento en edificaciones oficiales, en empresas, y en los hogares en los que técnicamente sea viable.
Así, se espera que el nuevo Gobierno Progresista atienda las peticiones y escuche a los usuarios de la costa caribe colombiana que se han visto afectados por alzas abruptas injustificadas en las tarifas del sector de energía eléctrica, reduciendo las restricciones, mejorando los costos de pérdidas, y asegurando las inversiones reales.
