Por Sixto Alfredo Pinto, director del portal laotracara.co
Columna de Opinión
La designación de D’Mar Córdoba Salamanca como nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ha generado una fuerte controversia política. Algunos sectores de la izquierda radical ya lo califican de “negacionista” por sus críticas al Acuerdo de Paz, a la Comisión de la Verdad y a la manera como durante años se ha interpretado el conflicto armado colombiano.
Sin embargo, minimizar su llegada al CNMH a la etiqueta de “negacionista” puede resultar apresurado y desmedido. Córdoba es un abogado y periodista con una trayectoria de varios años en el debate público colombiano y ha expresado abiertamente una posición crítica frente a la forma en que se ha construido el relato sobre la violencia en el país.
Su nombramiento por parte del Presidente Abelardo De La Espriella abre, precisamente, la posibilidad de discutir si la memoria histórica debe estar limitada a una sola interpretación política como se realizó en los últimos cuatro años del mandatario Gustavo Petro, donde hasta se romantizaron las acciones terroristas de grupos como el M-19 y las Farc de Tirofijo, o si debe incorporar distintas perspectivas sobre las víctimas de estos grupos delictivos, responsables de por lo menos el 80% de la violencia en el país.
Córdoba ha cuestionado públicamente el concepto de “conflicto armado” y ha sostenido que este término, a su juicio, terminó otorgando una dimensión política a organizaciones como las FARC y el ELN. También ha criticado el trabajo de la Comisión de la Verdad y ha defendido la necesidad de escuchar con mayor fuerza a las víctimas de las guerrillas. Estas posiciones han sido utilizadas por sus detractores para acusarlo de negar el conflicto.
La discusión que plantea Córdoba puede ser incómoda para determinados sectores, pero precisamente por eso merece ser examinada con argumentos, documentos y hechos, no únicamente mediante calificativos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado mediante la Ley de Víctimas de 2011 y tiene entre sus funciones investigar, documentar y preservar la memoria relacionada con el conflicto armado y sus víctimas. Su misión, por tanto, debería estar por encima de los gobiernos de turno y de cualquier corriente ideológica.
La llegada de Córdoba puede ser entendida como una oportunidad para ampliar el debate. Las víctimas de las FARC, del ELN, de grupos paramilitares, de agentes del Estado y de otras estructuras violentas tienen derecho a que sus historias sean escuchadas y documentadas.
El debate no debería ser si D’Mar Córdoba piensa igual que quienes lo precedieron. La verdadera pregunta es si, desde el CNMH, será capaz de garantizar una investigación seria, documentada y plural de la historia reciente de Colombia.
Su gestión deberá ser evaluada por sus resultados: qué investigaciones impulsa, qué testimonios incorpora, qué víctimas escucha y qué tan rigurosamente sustenta las conclusiones de la institución.
En una democracia, la memoria histórica no debería convertirse en un territorio reservado para una sola corriente política. Colombia necesita conocer toda su historia, incluso aquellas partes que resultan incómodas para unos y otros.
Por eso, más que condenar anticipadamente a D’Mar Córdoba con la etiqueta de “negacionista”, el país debería exigirle que demuestre, con hechos, que puede dirigir el Centro Nacional de Memoria Histórica con apertura a todas las víctimas.
La memoria se defiende investigando, contrastando testimonios y garantizando que ninguna víctima quede fuera del relato nacional, especialmente las miles de las guerrillas.
En conclusión se podría decir que los activistas de la izquierda quieren silenciar a D’Mar Córdoba por miedo a que cuente la otra cara de la Memoria Histórica de Colombia
