La Procuraduría debe acompañar vigilante a Quinto en su mandato en Cartagena

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Luego de la elección popular de Antonio Quinto Guerra Varela como Alcalde de Cartagena en las pasadas votaciones atípicas del 6 de mayo de 2018, quedan varias inquietudes entre la ciudadanía.

Guerra está en el ojo de la Procuraduría General de la Nación porque esta entidad considera que no debió inscribirse y menos presentarse como el candidato conservador, ya que supuestamente está inhabilitado, tras haber tenido un contrato vigente con El Estado meses antes de las elecciones. Lo cual fue negado por el carismático Quinto y desmentido por la máxima autoridad de las votaciones, el Consejo Nacional Electroral (CNE), que falló dos veces a favor del nuevo Alcalde cartagenero.

La población de Cartagena no quiere que con Quinto, quien no tienen investigaciones por corrupción, ocurra lo mismo que con los nueve Alcaldes que ha tenido la ciudad, que salieron por la puerta de atras, cuestionados, por eso no desean que la Procuraduría persiga al elegido, pero que sí haga su trabajo de vigilar todos sus actos, como lo ordena la ley.

«El Ministerio Público debe vigilar al Alcalde junto con las veedurías de la ciudad, la prensa, la academia, las autoridades competentes, la misma ciudadania y los diferentes gremios, para evitar deslices con la corrupción, pero hay que dejarlo gobernar. Guerra no puede dedicarse a defenderse, porque seguiriamos en lo mismo», sostiene Eduardo Padilla Hernández, un reconocido líder social, Presidente de La Red de Veedurías.

El Veedor Padilla agrega: «Se debe hacer un Frente Común por el bien de la Ciudad Amurallada, de acuerdo con el concepto de participación ciudadana establecido en la Constitución Nacional».

Dichos frentes son para defender a las clases marginales con el objetivo de que tengan su derecho a la salud, a la educación, al empleo, recreación (Cartagena vive del turismo) y vivienda digna.

La función de la Procuraduría, según la Carta Política colombiana, es vigilar el cumplimiento de la Constitución, la Ley, la normatividad vigente en el país y los Derechos Humanos.

Pero la reiterada actuación del Ministerio Público contra Quinto Guerra parece una persecución por parte de los asesores del Procurador Fernando Carillo y no un acto institucional de la citada entidad, que ya no puede alegar la inelegibidad del político porque el pueblo lo avaló y lo eligió con 72.111 sufragios que representan el 43% de su votación. Ahora, la Registraduría del Distrito de Cartagena, por ley, está obligada a darle su credencial de Alcalde.

A la Procuraduría lo único que le queda es la demanda ante la Justicia Contenciosa Administrativa, que tiene sus términos que se deben respetar. Mientras, Quinto está en la obligación de cumplirles a ese organismo de control y a sus electores que sus propuestas de campaña eran ciertas

Cartagena es el espejo del país, porque allí llega la mayor parte del turismo internacional que nos visita y si las cosas no funcionan bien allá, los extranejeros no se llevan una mala imagen de esa ciudad, sino de toda nuestro Caribe y Colombia.

Cartagena en la vitrina de Colombia para el mundo. Todos a trabajar por la Ciudad Heróica.

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