Uribe reiteró que «este no es un tema de retoques cosméticos. Nuestra principal propuesta es la construcción de un Acuerdo Nacional que proteja a las Farc y proteja los valores democráticos”.
El ex Presidente de Colombia y Senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, entregó su documento final para modificar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, en el cual se mantiene en sus sugerencias preliminares y explica con detalles porqué no se debe crear en nuestro país la llamada Justicia Transicional.
Su documento se titula “Bases de un Acuerdo Nacional de Paz”. Tiene 26 páginas en cinco capítulos con los cuales se pretenden hacer ajustes las 297 páginas que contenía el acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la guerrilla en Cuba, el cual no fue aprobado por los colombianos, la mayoría de la oposición y simpatizantes del uribismo y del Centro Democrático, que dijeron NO en el pasado Plebiscito del 2 de octubre de 2016.
Uribe reiteró que «este no es un tema de retoques cosméticos. Nuestra principal propuesta es la construcción de un Acuerdo Nacional que proteja a las Farc y proteja los valores democráticos”.
Para comenzar, Uribe exige que el Acuerdo Final no se incorpore a la Constitución Nacional y que su implementación debe ser en el Congreso, con las reglas actuales, y que allí se puedan modificar los acuerdos.
El ex Mandatario también se mantiene firme en su petición de al menos 5 años de cárcel para los jefes guerrilleros implicados en casos de delitos atroces y amnistía para los subversivos rasos; la no elegibilidad de hombres de las Farc implicados en delitos de lesa humanidad y sobre el narcotráfico afirma que el grupo rebelde debe “entregar toda la información de sus zonas de cultivo, entregar toda la información de rutas empleadas. Entregar toda la información de su cadena logística. Entregar toda la información de los proveedores de precursores químicos. Entregar toda la información de las redes de lavado de activos”.
La Jurisdicción Especial de Paz
Pero lo principal del documento de los representantes del NO, es es que no acepta la llamada Jurisdicción Especial de Paz acordada en La Habana, por el contrario, plantea un nuevo Tribunal Transicional, pero dentro de la estructura de la Rama Judicial actual colombiana.
Dicho Tribunal tendría unas salas especializadas que se denominarían “Cortes para la paz”, adscritas al Tribunal Superior de Bogotá. La segunda instancia sería la Corte Suprema de Justicia.
Las Cortes para la Paz, tendrán cuatro salas: sala de las amnistías e indultos, sala de reconocimiento de la verdad, sala de control de garantías y sala de juzgamiento.
La investigación la adelantará la Fiscalía General de la Nación, allí se crearían las denominadas Fiscalías para la paz. Tendrán dos objetivos: adelantar la lucha contra las organizaciones derivadas del conflicto, y la investigación y acusación ante las salas de las Cortes de Paz.
Los Magistrados y Fiscales en este sistema de justicia deberán ser colombianos y tener una edad mínima de 40 años, además quienes ocupen esos cargos deberán garantizar los más altos estándares internacionales de integridad, independencia, autonomía e imparcialidad.
La propuesta afirma que se permitirá la participación de abogados extranjeros únicamente para actuar como defensores de las personas procesadas ante las Cortes de Paz.
Las Cortes de paz también tendrán competencia sobre los actos de particulares y miembros de la Fuerza Pública siempre y cuando dichas personas se presenten de forma voluntaria ante las mismas, de lo contrario se les aplicará la jurisdicción ordinaria.
Al final de este punto se establece que se incluye un trato diferencial para los agentes del Estado en lo concerniente al componente de justicia.
Consulte AQUÍ el documento completo Bases de un Acuerdo Nacional de Paz.
