El expresidente Alberto Fujimori (de 83 años) ha sido internado nuevamente en una clínica de Lima, tras presentar un «cuadro de descompensación (fibrilación auricular bastante severo)», en la madrugada del domingo, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital al este de Lima, cercano a su prisión, de donde luego de “estabilizado», fue llevado a la Clínica Centenario, donde habitualmente es tratado de sus problemas de salud (gastritis y una leucoplasia (lesiones consideradas precancerígenas).
Recuerdo que el 7 de abril en curso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Perú se abstuviera de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional peruano (TC) el 17 de marzo pasado, que restituyó los efectos del indulto que por razones humanitarias le había sido otorgado en diciembre de 2017, por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Brutal, despiadada, inclemente, insensible, monstruosa, perversa decisión «absolutamente injusta para una persona gravemente enferma y de avanzada edad», que ha afectado sin duda su salud.
El gobierno actual, infiltrado por Sendero Luminoso, se apresuró a comunicar a la Corte IDH su conformidad con la queja de deudos y ONGs y su sometimiento a lo que decidiera la Corte, llegando a la ‘perversión jurídica’ de anunciar que el Estado peruano se denunciaría a sí mismo ante la CIDH. La parcializada Corte IDH, al realizar la audiencia pública previa a la resolución, no admitió como parte a la defensa del expresidente Fujimori, pese a reconocer que es la persona humana afectada por la decisión. Corrió a admitir como parte, a deudos y ONGs. Los procuradores públicos, que de acuerdo al Art. 47 de la Constitución peruana, deben defender los intereses del Estado, ratificaron ‘el entreguismo y sometimiento del régimen’, incluso se mintió impúdica, desvergonzadamente sobre su salud.
En la precitada audiencia pública y en la propia resolución emitida por la Corte IDH, el TC -que tampoco fue oído- fue acusado de violar estándares de protección de los DDHH, de no haber realizado un control de convencionalidad (el cual las CIDH, abusivamente, identifican con subordinar la Ley Fundamental a la Convención Americana de DDHH, pese a que expresamente la ‘Charta Magna’ -artículos 57 y 200.4- señala que los tratados -y dicha Convención lo es-, son normas con rango de ley, es decir infra constitucionales) y de errar al referirse al Art. 4.6 de dicha Convención que permite el indulto para condenados a pena de muerte. La CIDH agravia, atropella, aplasta, desacata, humilla, infringe, menosprecia, ofende, pisotea de esa manera el principio de Derecho de “quien puede lo más, puede lo menos” pretendiendo que la norma no es aplicable a condenas menores.
Cáliz de amargura, que Fujimori apura desde que la Sala Penal Transitoria (CS) presidia por la elíptica, vengativa hiena, Cesar San Martin; cesado del poder judicial por Fujimori; quien apartándose del escrito de extradición que limitó el enjuiciamiento a “homicidio por omisión”, lo acusó como instigador “inmediato” -más no “mediato”- de ‘homicidio calificado’, “bajo la circunstancia agravante de alevosía”, cuando la jurisprudencia de la propia Corte, referida a la “autoría mediata”, determinó: “Un jefe de Estado no puede ser garante del cumplimiento de las políticas de su gobierno, menos de las acciones militares indebidas”, tesis invocada por la CPI al absolver al expresidente serbio, Milan Milutinović.
¿Cuándo fue que se jodió el Perú?: los historiadores no se ponen de acuerdo. Luis G. Lumbreras, investigador de las crisis por las que atravesó el Imperio Inca, desde el arribo de los españoles, acepta que el autogolpe del 5 de abril/1992, fue el renacer del Perú, al:
“Disolver temporalmente el Congreso”. “Reorganizar el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público, para una honesta y eficiente administración de justicia”. “Reestructurar la Contraloría General de la República”. “Como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y grandeza peruana, y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones”.
Verdad que remueve la bilis, la cólera de los fariseos que no cejan en cobrarle el haber reencauzado al país del estado de postración, de paria internacional, sin crédito, que debió coexistir con el sanguinario terrorismo (atentados, asesinatos, extorciones, secuestros, escasez, coches bomba, voladuras de torres, hiperinflación, etcétera).
¿Qué explica que el gran legado de Fujimori, representada por la nueva Constitución -jamás enjuiciado por bribón-, continúe campante, incólume, vigente?
P.D. Tras la excarcelación del expresidente, el abogado, Gregorio Parco presentó un recurso de hábeas corpus por motivos de salud, señalando que con la no liberación se estaría infringiendo el artículo 33 del Nuevo Código Procesal Constitucional.
Bogotá, D.C., 18 de abril de 2022
