Al Alcalde Bello, César Suárez Mira, lo detuvieron por falsedad ideológica y material en documento público al falsificar su diploma de bachiller y la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a la Directora de Turismo y Artesanías de Córdoba, Laura Patricia Gutiérrez Támara, por el mismo delito.
El polémico alcalde de Bello (Antioquia), César Augusto Suárez Mira, fue capturado recientemente por falsificar su diploma de estudios de bachillerato. El funcionario se suma a una larga lista de funcionarios que ha cometido el mismo delito y ha debido pagar las consecuencias.
La orden de captura contra el famoso y poderoso dirigente político local fue proferida el 1 de diciembre de 2016, por la Juez 27 con funciones de Control de Garantías de Medellín, que encontró méritos para procesarlo.
Suárez Mira, del Partido Conservador, es acusado por los presuntos delitos de falsedades ideológicas y materiales en documento público, uso de documento público falso, falso testimonio en concurso heterogéneo y homogéneo sucesivo.
El funcionario fue cuestionado meses atrás por inconsistencias en diferentes reportes que había entregado a instituciones públicas, sobre su historial académico.
Recordemos que César Augusto Suárez Mira es miembro de una casta de políticos conservadores que han estado en el poder durante más de 20 años en Bello y han tenido grandes críticas de la ciudadanía.
El dirigente antioqueño es hermano de Óscar Suárez Mira, condenado por parapolítica y actualmente prófugo de la justicia. También de Olga Suárez, una discreta senadora de la República, que no se hace notar en el Parlamento pero que tiene un gran caudal electoral.
Al Alcalde de Bello, la falsificación de un diploma de bachillerato lo llevó a la cárcel y ahora deberá dejar el cargo por el que tanto luchó.
El caso de Córdoba
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a Laura Patricia Gutiérrez Támara, directora administrativa de Turismo y Artesanías del departamento de Córdoba, quien utilizó diplomas falsos para posesionarse en el citado cargo.
Las pruebas permitieron establecer que la disciplinada se posesionó el 6 de enero de 2016 en el cargo ya señalado tras presentar un diploma de pregrado de Comunicadora Social-Periodista con énfasis en Comunicación Organizacional, el cual contenía datos inexactos o documentación con contenidos que no corresponden a la realidad.
El Ministerio Público recordó que “cuando una persona toma posesión en un cargo público está en la obligación de saber y conocer todas las funciones, atribuciones y responsabilidades que de ello se deriva, pues así lo jura al momento de cumplir con tal rito la persona que ha posesionarse” situación que permite concluir que la investigada conocía de la ilicitud de su comportamiento contrario a los deberes de la función pública y la ética profesional.
La falta fue calificada como gravísima a título de dolo pues, de acuerdo con la investigación, Gutiérrez Támara era la única que tenía el conocimiento de la mencionada situación y aun así aportó el documento.
Esta decisión disciplinaria de la Procuraduría quedó en firme porque no se interpuso recurso de apelación.
Si al Alcalde de Bello lo detuvieron por falsedades ideológicas y materiales en documento público, a Gutiérrez Támara le podría suceder lo mismo, pues el caso, al parecer, es igual ante la ley.
Otro caso de falsedad en el Cauca
Mediante un procedimiento verbal, la Procuraduría General le formuló cargos a Elizabeth Amu Mosquera, en su condición de docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón del municipio de Puerto Tejada, Cauca.
Mosquera supuestamente suministró documentos falsos para lograr un ascenso. La investigada podría ver comprometida su responsabilidad disciplinaria por haber presentado el 12 de marzo de 2014 ante la Oficina de Nómina una solicitud de nivelación salarial, allegando para el efecto, copia de la resolución mediante la cual fue ascendida al grado 13 del Escalafón Nacional Docente.
Sin embargo, luego de revisar los archivos de la Secretaría de Educación Departamental no se encontraron dicho documentos que respaldaran el contenido del acto administrativo de dicho ascenso al grado 13 en la fecha que allí aparece, con lo cual se podría suponer que la implicada no había sido ascendida, es decir que en este documento público, posiblemente, es falso.
Los funcionarios públicos creen que con actos, como los anteriormente narrados, van a engañar a las autoridades, muchos lo logran, pero tarde o temprano la verdad se conoce y deben pagar las consecuencias.
