Por Rafael Rodríguez-Jaraba
Lo reitero, la democracia no es perfecta; es perfectible y, a pesar de sus debilidades, es la mejor expresión posible de libertad, igualdad, orden y justicia. Su vigencia se legitima con la voluntad y el querer mayoritario de los ciudadanos en favor de un Estado que sea respetuoso de los derechos fundamentales a la crítica, el disenso, la oposición constructiva y civilizada, y la movilización pacífica.
El mayor deber de un Estado es proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos, y debe reprimir con rigor y vigor a los grupos criminales que intentan cercenarlas e imponer la anarquía y el caos.
Secuestrar ciudadanos con fines extorsivos y someterlos a torturas y tratos crueles y degradantes no merece perdón ni olvido. Quienes atentan contra la vida y la libertad conspiran contra la sociedad y deben ser legalmente reducidos y procesados conforme a la ley.
Proteger la democracia y el Estado de Derecho es responsabilidad de la sociedad y no solo del Estado, de ahí la necesidad de que la nación entera manifieste su rechazo y repudio a la lenidad de la JEP con los más crueles criminales, lo que prueba que es un sistema de justicia para la impunidad, así su establecimiento esté incorporado en la Carta y convalidada su jurisdicción y competencia por una politizada Corte Constitucional.
Colombia no debe olvidar las masacres de las Narco-FARC con cilindros-bombas; los pueblos arrasados; los ajusticiamientos públicos; el boleteo extorsivo; los aviones secuestrados; los falsos retenes; las pescas milagrosas; los miles de policías y soldados asesinados o mutilados; los centenares de huérfanos y viudas; los secuestros de La María y del Kilómetro 18; la voladura del edificio de la Policía en Cali; el atentado al Palacio de Justicia de Cali; el asesinato de consejeros, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales; y, los campos de concentración donde mantenían a los secuestrados.
Pero ante tanta villanía, degradación y barbarie, y luego de ocho años de anuncios, holgazanería y siderales gastos, este remedo de tribunal, ilegítimo desde su constitución, expidió el año anterior su primera sentencia, que, antes que castigar delitos de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma, el ius cogens o derecho internacional y el derecho internacional humanitario (DIH), terminó premiando a los miembros de la cúpula de la banda criminal Narco-FARC por todas las fechorías cometidas, entre ellas, asesinato, tortura, violaciones, esclavitud sexual, prostitución, esterilización y aborto forzado, y ataques deliberados a poblaciones civiles.
Es inconcebible que las sanciones impuestas a estos criminales, tan solo se hayan reducido a “8 años de trabajo social y de actividades de reparación a más de 21.000 víctimas, y adicionalmente, a buscar, identificar y entregar en condiciones de dignidad los despojos de ciudadanos dados por desaparecidos, así como hacer relatos y celebrar eventos de reparación simbólica a las víctimas, y sin pagar un solo día de cárcel”, lo que constituye una mofa no solo a las víctimas, sino también a la nación entera, y una burla al Estatuto de Roma que administra la Corte Penal Internacional de La Haya.
Pero no siendo poca la vulgar impunidad que entronizó el fallo de la JEP, los “excriminales” no tendrán sanción política alguna y, por ende, no estarían inhabilitados para seguir haciendo política gracias a los genocidios cometidos.
La perversa sentencia también los eximió de reparar de manera efectiva a las víctimas y de pagarles indemnizaciones por los daños irreparables causados, lo que transgrede la obligación de hacer entrega de los bienes y recursos obtenidos con su accionar criminal.
En suma, la parodia de sentencia, y tal como estaba previsto, terminó burlándose de las víctimas, perdonando los delitos, premiando el crimen y gratificando la villanía.
Lo decidido por la JEP fue abiertamente contrario a lo que establece el Estatuto de Roma, tratado universal de imperativo cumplimiento para Colombia que proscribe el otorgamiento de privilegios económicos, dádivas políticas o exenciones penales a quienes cometen delitos de lesa humanidad, estatuto que, además, no admite que estos delitos sean objeto de amnistía, perdón, condonación, absolución u olvido.
Al final, la firma de los llamados Acuerdos de La Habana terminó siendo la claudicación y la postración del Estado frente a una banda de criminales disfrazados de verde, así como la violación del querer y la voluntad popular que los reprobó, a lo cual Juan Manuel Santos hizo caso omiso con el beneplácito de la Corte Constitucional política de la época y de un Congreso venal y obsecuente.
La sentida necesidad de alcanzar la paz no nos debe inducir a la ingenuidad y, menos aún, a renunciar al ideario de principios y valores en que se funda la democracia. Cualquier esfuerzo por lograr la paz es loable, pero su consecución no puede servir de pasaporte a la impunidad.
Alcanzar la paz bajo la intimidación del malhechor que obtiene capacidad para negociarla, prometiendo suspender sus fechorías a cambio de exigir caras prebendas, constituye la rendición del Estado, la claudicación de la ley y un premio a la felonía.
En la Colombia exacerbada de hoy, el único diálogo posible con criminales debe estar condicionado a la libertad inmediata de secuestrados; al cese de actos terroristas, extorsiones, secuestros y narcotráfico, y a la desmovilización, entrega de armas y sometimiento incondicional a la justicia por los delitos de lesa humanidad que, por ser imprescriptibles, no son negociables.
Es por eso que no sorprende escuchar a María Fernanda Cabal cuando se pronuncia sobre los mensajes de auxilio del presidente de la JEP ante la reducción de su presupuesto:
“¡No les da pena! Se quejan, arman drama y protestan por un recorte de $100 mil millones. Pero no hablan de los $4 billones gastados, de los años sin condenas efectivas ni de los victimarios que ocupan curules. ¿Todavía pretenden que Colombia siga financiando esa justicia diseñada a su medida? A la JEP no basta con recortarle el presupuesto. Hay que desmontarla, trasladar sus procesos a la justicia ordinaria y fortalecer a los jueces de la República”.
Es evidente que la mal llamada JEP es y ha sido un “Tribunal Especial para la Impunidad”, que ahora y después de perdonar, premiar y gratificar a criminales de lesa humanidad, invoca a las víctimas para intentar prolongar su derroche.
Empero, la manera espuria como fue creada la JEP, la desvergonzada impunidad que ha impuesto y su desidioso funcionamiento, estimo que su terminación debe promoverse por los cauces legales mediante una reforma constitucional y no por inanición, negándole los recursos necesarios para su funcionamiento.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado. Esp. Mg. LL.M. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Catedrático. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
