Hay muchas dudas sobre la sostenibilidad del sistema.
Por Sixto Alfredo Pinto
La situación financiera de Nueva EPS, la entidad promotora de salud con el mayor número de afiliados en Colombia, volvió al centro del debate nacional tras la publicación de sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024. Los documentos revelan un panorama crítico: la entidad acumula deudas superiores a los 22 billones de pesos, pérdidas por 6,1 billones en los dos años analizados y un patrimonio negativo de 10,6 billones de pesos, según la información entregada por la propia administración de la EPS a los organismos de control.
La entidad, que permanece bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024, asegura que buena parte de sus dificultades financieras obedece a un desbalance entre los recursos que recibe y el costo de la atención en salud. De acuerdo con los estados financieros, Nueva EPS registra 9,51 billones de pesos en cuentas por cobrar, principalmente al Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), situación que limita el pago oportuno a clínicas, hospitales y demás prestadores.
El agente interventor de la Nueva EPS, designado por el actual Gobierno, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, fue quien confirmó las deudas de la entidad en un extenso informe.
La principal conclusión que se extrae ese informe, presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General y el Ministerio de Salud, es que el problema financiero de la Nueva EPS, de mayoría estatal, no se debe a sus costos administrativos, sino a que ha incurrido en gastos médicos superiores a los recursos recibidos por parte del Estado, que financia parte del sistema.
Ospina afirmó que la publicación de los estados financieros representa un avance en materia de transparencia y descartó, por ahora, una liquidación de la entidad. Según el funcionario, durante la intervención se han pagado cerca de 10 millones de facturas represadas, algunas correspondientes a servicios prestados desde 2008, y se adelanta un proceso de reorganización empresarial para recuperar la viabilidad financiera de la EPS.
“Creo firmemente que si seguimos por este camino de la reorganización empresarial que hoy adelantamos con rigor, Nueva EPS demostrará su viabilidad absoluta y no tendría por qué ser liquidada”, ratificó Ospina.
Sin embargo, distintos informes conocidos durante el proceso de intervención muestran que el deterioro financiero continúa siendo motivo de preocupación. Documentos divulgados en 2026 señalan que la deuda total de la entidad habría alcanzado inclusive los 26 billones de pesos, acompañada por un incremento de las facturas pendientes de auditoría y pago, lo que mantiene la presión sobre la red hospitalaria y los proveedores de servicios de salud.
El Gobierno Nacional sostiene que parte importante del déficit corresponde a obligaciones pendientes del Estado. El saliente Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, manifestó que aproximadamente la mitad de la deuda reportada por Nueva EPS estaría relacionada con recursos estatales aún no reconocidos, mientras que el resto correspondería a compromisos con actores privados del sistema. Por su parte, gremios de clínicas, hospitales y aseguradores han insistido en que el problema estructural está asociado a una insuficiente financiación del sistema mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC), postura que difiere de la visión del Ejecutivo sobre las causas de la crisis.
“El Ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al Estado y volverla deuda pública nacional”, afirmó Petro, quien siempre ha sostenido que el detrimento responde a que el sistema ha sido saqueado por cuenta de la intermediación financiera privada.
La Superintendencia Nacional de Salud mantiene a Nueva EPS dentro de las entidades sometidas a medidas especiales de vigilancia e intervención, mientras continúan las evaluaciones sobre su desempeño financiero y operativo. El futuro de la aseguradora dependerá de las decisiones regulatorias, de la evolución de su proceso de reorganización y de las medidas que adopte el Gobierno para garantizar la continuidad en la atención de más de 11 millones de afiliados.
El futuro de la entidad dependerá del Gobierno entrante del Presidente electo Abelardo De La Espriella, que iniciará el próximo 7 de agosto de 2026.
