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La decisión más importante corresponde a la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal por valor de unos $37.946 millones por irregularidades en proyectos de vivienda, en La Jagua de Ibirico, Cesar. Otra decisión relevante es el proceso de $8.050 millones por irregularidades en construcción de aulas escolares en Albania (La Guajira) Y un proceso por $1.927 millones contra exdirector de la UNGRD, Eduardo José González, por irregularidades en contrato de recuperación de vías urbanas en Mocoa, Putumayo.
La Contraloría General de la República (CGR), en cabeza de Carlos Mario Zuluaga, a través de su Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías, abrió tres procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía que suma más de $47.923 millones, en casos relacionados con mal manejo de recursos en proyectos ubicados en Cesar, La Guajira y Putumayo.
En el primer caso la ENTIDAD AFECTADA es el MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO (Cesar) y la Cuantía del Daño es de unos $37.946 millones.
El proceso de responsabilidad fiscal se abre en virtud del Convenio Marco No. 166 de 2022, que permitió aunar esfuerzos entre el Municipio de La Jagua de Ibirico (Cesat) y la Caja de Compensación Familiar COMFACESAR que incluía el desarrollo de cuatro (4) subproyectos de vivienda:
- CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL, “URBANIZACIÓN EL PUEBLO PRIMERO», EN EL MUNICICPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
- CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE VIVIENDAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
La CGR verificó que no se liquidaron bien impuestos como el IVA y se concluyó que se está frente a obras inconclusas.
Fueron vinculados como presuntos responsables fiscales quienes ejercían como alcalde municipal, secretarios de Infraestructura y director administrativo de COMFACESAR para la época de los hechos.
El hallazgo que dio lugar a este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia para el Departamento del Cesar tramitada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR.
Aulas escolares sin entregar, en La Guajira
La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías abrió igualmente un Proceso de responsabilidad fiscal por un contrato de obra para la “CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ALBANIA”, departamento de La Guajira, por un monto aproximado de $8.050 millones.
Dicha apertura se presenta debido a que a pesar de múltiples actas de prorroga y una cesión del contrato, las obras presentan un avance del 70%, sin que a la fecha se haya entregado o finalizado ninguna sede de las 8 contempladas en el proyecto.
Como presuntos responsables fiscales fueron vinculados el Alcalde Municipal para la época de los hechos y funcionarios de su administración.
Proceso fiscal por caso relacionado con reconstrucción de Mocoa
Así mismo, la CGR abrió un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $1.927 millones, en un caso donde la entidad afectada es el FONDO NACIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, en contra del exdirector de la UNGRD, EDUARDO JOSE GONZÁLEZ ANGULO, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., los integrantes del CONSORCIO PAVIMENTO MOCOA. en calidad de contratista de obra, y los integrantes de la firma interventora CONSORCIO INTERPAVIMENTOS EDUPAC.
Se investigan presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra pública No. 9677-PPAL001-532-2021 del 29 de abril de 2021, cuyo objeto era llevar a cabo obras de recuperación para el mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Mocoa (Putumayo), en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública No. 176 del 12 de agosto de 2018 prorrogada mediante Decreto No. 027 del 12 de febrero de 2019 y en desarrollo del llamado Plan de Acción Especifico (PAE) establecido en el Decreto No. 141 del 12 de agosto de 2019 de retorno a la normalidad en esta capital.
Las deficiencias presentadas llevaron a no satisfacer las necesidades de la comunidad para la cual se adelantó el contrato suscrito y su correspondiente objeto social.
