La propuesta que será presentada al Congreso de la República busca dejar a los ciudadanos como el eje central de la regulación, y establecer una nueva relación con los prestadores de los servicios públicos.
El Gobierno del Cambio del Presidente Gustavo Petro Urrego presentará un proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos, que estará centrado en el ciudadano y en buscar la justicia tarifaria.
Liderada por los Ministerios de Minas, Ambiente, Vivienda, TIC, la Superintendencia de Servicios Públicos y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la reforma busca mejorar la prestación de servicios públicos domiciliarios con justicia tarifaria.
“Han sido acciones concretas las que hemos llevado a cabo junto con el ministro de Minas, Andrés Camacho, para que en el Congreso sea discutida próximamente la reforma a los servicios públicos que hoy dejan por fuera de la cobertura a los sectores populares y más vulnerables del país», indicó el Director del DNP, Alexander López Maya.
Durante el encuentro se trazó el cronograma de trabajo y la estrategia con usuarios, prestadores y sectores sociales. El Ministro Camacho destacó el trabajo articulado entre los distintos Ministerios y entidades. “Tendremos una ruta de trabajo para garantizar que el texto incluya todos los comentarios y todas las sugerencias desde los diferentes sectores, Ministerios, dependencias y entidades para lograr que la reforma sea estructural”, dijo el MinMinas.
Dagoberto Quiroga, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, enfatizó en la importancia de llegar a acuerdos claros para el beneficio de la ciudadanía: “Consenso y usuario, que el centro de la reforma sea el usuario y que se tenga un consenso de todas las partes, Ministerios y prestadores de servicio para el bien común y no el particular”.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, se han adelantado seis ejes temáticos en los que girará la propuesta de la reforma de la Ley de Servicios Públicos:
1. Justicia tarifaria
2. Universalización en la prestación del servicio
3. Usuario como el centro de la regulación
4. Fortalecimiento institucional y gobernanza
5. Focalización de subsidios
6. Participación comunitaria en la prestación del servicio.
El Presidente Gustavo Petro ha impulsado la idea de establecer un modelo de regulación enfocado en las necesidades de los usuarios y en la universalización de la cobertura. “Las leyes hoy vigentes de servicios públicos pusieron en un lugar privilegiado a los empresarios, pero dejaron a los usuarios en la calle”, dijo el mandatario en la movilización por la vida de septiembre de 2023.
Según una radiografía de la prestación del servicio público en Colombia realizada por el DNP, 12,8 millones de personas no tienen acceso a un servicio de acueducto de calidad, y 3,2 millones carecen completamente de acceso al agua potable.
En el pasado Congreso de Andesco, el director del DNP destacó que “en pleno siglo XXI hay 2,6 millones de compatriotas de las zonas rurales sin agua y 600 mil ciudadanos de las periferias que no pueden abrir una llave”.
En términos de energía eléctrica, la cobertura alcanza el 94,9%, pero cerca de 818 mil viviendas (cerca de 4 millones de personas) no tienen acceso al servicio, especialmente en las regiones más vulnerables. Además, la calidad del servicio presenta disparidades significativas, siendo cinco veces mejor en Bogotá en comparación con el departamento de Caquetá.
