Cómo una «tramoya urdida desde la prensa contra (el presidente de Ecopetrol) Ricardo Roa» calificó el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, las versiones publicadas en las últimas horas sobre los términos de un contrato suscrito por la estatal petrolera con la firma Covington & Burling LLP.
La firma estadounidense fue contratada para asesorar a Ecopetrol en la aplicación de la ley vigente en Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), por sus siglas en inglés) y temas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En su cuenta de X el jefe de Estado afirmó que lo publicado en los medios no es más que “un embuste, uno más» y que este bufete de abogados especializados «solo era una empresa gringa que se creyó Policía y que debe ser investigada en Colombia».
Este tipo de asesorías, según informó Ecopetrol en un comunicado, se realiza de manera periódica desde 2008, cuando se comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, como una medida de control interno y debida diligencia: la de medir los riesgos y blindar a la empresa en el cumplimiento de esa regulación.
La contratación de la firma estadounidense fue solicitada y autorizada por la Junta Directiva de Ecopetrol, y en febrero de 2024 el presidente Roa citó a la junta para alertarla de que Covington & Burling LLP. admitió que había revisado todos los dispositivos de los ejecutivos.
En conclusión, los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol enfatizaron en el comunicado emitido que «en este proceso no participó el Presidente de la compañía».
