El Gobernador del Cesar, Franco Ovalle, ficha del poderoso Clan Gnecco, contrató en el 2016 por más de 83 millones de pesos a una persona que está inhabilitada por 12 años.
El negocio lo firmó directamente el Secretario General, Jaime Luis Fuentes Pumarejo, con Karina Icela Rojas Maestre. El objeto del contrato fue «asesorar al despacho del Gobernador en temas de políticas públicas y postconflicto».
Este es el negocio de asesoría personal que le dio la Gobernación a Rojas Maestre durante un año:
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Resulta que la señora Rojas Maestre, identificada con CC. No 37.555.744 de Bucaramanga, está claramente inhabilitada a 12 años por la Procuraduría General desde el 2010, debido a irregularides suyas en el departamento del Putumayo.
Su sanción disciplinaria está totalmente vigente y le impide a Rojas Maestre contratar con el Estado. La medida fue decretada por la Delegada para la Casación Penal y luego ratificada por el propio Despacho del Procurador en ese 2010.
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¿Conocía el Secretario Fuentes Pumarejo esta sanción? ¿No sabía que era un requisito revisar los antecedentes de los contratistas? ¿De quién es amiga personal la influyente señora Rojas Maestre? ¿Cometió el Secretario General el delito de prevaricato?
Ahora el que podría ser procesado y sancionado por violar la ley es el Secretario Fuentes Pumarejo.
Parece ser que la corrupción es tan grande en ciertas regiones del país, que algunos empleados estatales no le tienen temor al poder de las autoridades, por el contrario, retan al Ministerio Público. El decir popular es que en Colombia no pasa nada.
La Otra Cara solicita formalmente a la Procuraduría General que investigue una posible falta disciplinaria de este funcionario público, a quien no le importó vulnerar las normas del Estado con tal de favorecer a personas de sus afectos.
