Algunos medios de comunicación difundieron la noticia de que la defensa del llamado Zar de la Seguridad Privada, Jorge Moreno Ojeda, está pidiéndole a la justicia colombiana que revoque la medida de aseguramiento en su contra que solicitó la Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso que se le sigue a este personaje en Colombia.
Las actividades delictivas que se les han imputado a Jorge Moreno tienen que ver con la cartelización y el fraude procesal para quedarse con jugosos contratos de seguridad privada con el Estado Colombiano. Estos delitos corresponden a la tipificación de la conducta del citado empresario, la cual ha sido investigada por el Superintendente de Industria y Comercio, el vargasllerista Pablo Felipe Robledo.
De acuerdo con la investigación de la Superindustria, Jorge Moreno creó un sofisticado esquema para hacerse con los contratos de seguridad de las entidades del sector público colombiano, siendo presuntamente dueño de varias empresas de seguridad (aunque no aparezca en los papeles), se presentaba a las licitaciones a través de propuestas individuales de cada una de sus empresas, con esto lograban modificar los precios de la contratación, y posteriormente a través de maniobras jurídicas coordinadas entre las diferentes empresas, quedaba ganador a través de una de ellas. Es decir, que no tenía pierde.
Jorge Moreno se ha defendido diciendo que se le han violado los más elementales derechos de defensa y que no ha sido posible dar explicaciones de sus conductas, además que todo obedece a una retaliación de Pablo Felipe Robledo por cuenta del escándalo de corrupción que vivió la Unidad Nacional de Protección (UNP) bajo la administración pasada de Andrés Villamizar Pachón, en donde resultó implicado el tío de Robledo, el señor Mauricio Hernández, quien era el responsable de hacer auditoria a los esquemas de protección que prestaban los contratistas de la entidad y adicionalmente, presentar los informes de auditoria para el pago de las facturas.
A favor de Robledo está el hecho de que en la práctica Mauricio Hernández no fue vinculado nunca al proceso penal, entonces no habría lugar a la supuesta retaliación.
La Otra Cara ha investigado este caso de corrupción de la mano de los sindicatos de la UNP, que no se ha resuelto y que hasta el momento parece que no se va a resolver, por cuenta de la negativa de la Fiscalía General, que a través del director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la época de Danny Julián Quintana y de la Fiscal 1 ante el mismo CTI, Yajaira Cáceres, quien lleva actualmente el caso, de abrir nuevas líneas de investigación. Estos funcionarios acogieron la versión presentada por el entonces Secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, y el mismo Andrés Villamizar, para responsabilizar al exSecretario General de la UNP, Julián Marulanda Calero, como jefe de una banda delictiva dentro de la entidad.
Como lo ha presentado en varias notas nuestro portal, todo indica que el escándalo tenía una finalidad política, y era impedir la llegada de Julián Marulanda a la dirección de la UNP, quien se había caracterizado en el Congreso de Colombia por ser un opositor de la manera como Villamizar administraba el programa de protección. En el proceso que lleva Yajaira Cáceres, la supuesta banda resultó ser de un integrante, el concierto para delinquir es solo de uno y el delito de concusión no tiene contraparte. Por eso está empantanada la investigación.
Presuntamente para apoyar esta jugada política, Villamizar se alió con Jorge Moreno a través de su mano derecha, Alonso Miranda Montenegro, y ellos urdieron la manera de enlodar a Marulanda, sacarlo del camino y con esa jugada hicieron moñona, Villamizar siguió en la UNP, Miranda fue nombrado Secretario General (Cargo que ejercía Marulanda) y Moreno Ojeda quedó con vía libre para ser beneficiario de contratos de seguridad, de esquemas de protección, de vehículos y hasta de limpieza. Debe recordarse que el periodista Gustavo Rúgeles fue el primero que denunció el caso de un contrato de vehículos -el 937 de diciembre de 2014– por más de $1.300 millones de pesos ($900 millones con una adición de $450), que se asignó a dedo por Miranda a favor de una empresa de Jorge Moreno, la CSL Trading S.A.S., la cual aparentemente no tenía la experiencia para ser contratista del Estado.
Igualmente, el sindicato Analtraseg, a través de su presidente Giovanni Gallo, denunció en su momento que a través de la empresa Guardianes se montó de acuerdo con funcionarios de la subdirección de Protección de la UNP, liderada por Alonso Miranda, un programa llamado UNP500, a través del cual se creó un esquema de asignación de escoltas fantasma para cobrarlos a la UNP. Villamizar, lejos de intentar corregir esta situación, parece que se hizo el de la vista gorda y la permitió.
Lo único cierto, hoy en día, es que Jorge Moreno Ojeda, está haciendo contactos con poderosos sectores políticos colombianos, esperanzado que esos vínculos le permitan que se “enderece” la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio y, adicionalmente, que esto permita a su reputado abogado, Jaime Lombana, solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento que le dictó la Fiscalía. Será que lo logra?…
