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Entre 2023 y 2031, se necesitarían alrededor de $252,4 billones constantes de 2023, para cumplir lo establecido en la Ley 1448 de 2011 dice la CGR en el Décimo Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas. Para 2022, a nivel nacional se identificó un rezago en la ejecución de recursos de inversión de $732.100 millones que no fueron comprometidos.
Siguen resultando insuficientes los recursos dirigidos a cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011 para más de 9 millones de colombianos incluidos en Registro Único de Víctimas, señaló la Contraloría General de la República.
En la presentación del Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Onceavos Informes de Seguimiento a Decretos Leyes Étnicos, elaborados en forma conjunta con la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas y Comisionados de los pueblos étnicos, la Contraloría dio a conocer que, según sus cálculos actualizados, entre 2023 y 2031, se necesitarían alrededor de $252,4 billones constantes de 2023, valor que no incluye el costo del cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras, ni los recursos que requieren destinar las entidades territoriales. Es necesario anotar que los recursos para atender la cobertura de educación y salud alcanzarían $124,1 billones adicionales.
Este costeo se basa en la determinación de universos pendientes de atención para 12 medidas contempladas en la ley y sus costos unitarios, con base en información de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas -SNARIV y de fuentes oficiales.
En el costeo de la Contraloría se destacan los recursos requeridos para las medidas de:
- Indemnización individual y colectiva: $84,2 billones
- Vivienda: $71,8 billones
- Generación de ingresos: $19,4 billones
- Subsistencia mínima: $17,3 billones
- Retornos y reubicaciones: $12,1 billones.
Según la CGR, se hace necesario mejorar la ejecución de los recursos disponibles a nivel nacional y territorial, dadas las limitaciones de recursos.
Para 2022, a nivel nacional se identificó un rezago en la ejecución de recursos de inversión de $732.100 millones que no fueron comprometidos y de $420.819 millones que correspondieron a productos o servicios que no se recibieron dentro de la vigencia 2022.
A nivel territorial, estos datos alcanzaron $329.477 millones y $670.936 millones, respectivamente.
La Contraloría ha podido establecer que existen grandes brechas de asignación de recursos por parte las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios, lo que requiere de una mayor concurrencia y coordinación por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas – SNARIV.
En 2023, para Bogotá la relación es de $2,5 millones, en Montería $2,6 millones, en Bolívar $1.7 millones y en Cúcuta $1,6 millones; sin embargo, en departamentos como Boyacá la relación es $68 pesos por víctima, en Chocó $3 mil, Tumaco $7 mil, Valledupar, Cauca y Nariño $9 mil.
Vivienda para Víctimas
Existe insuficiente oferta para acceder a una vivienda adecuada para las víctimas de desplazamiento forzado. Entre el año 2000 y a marzo de 2023, se han asignado 316.127 subsidios para vivienda urbana y 56.915 para rural, número mínimo frente a los 1.205.718 hogares pendientes de atención.
A marzo de 2023, de los subsidios asignados entre 2004 y 2011 se mantienen 19.367subsidios por un valor de $288.069 millones en Cuentas de Ahorro Programado, que no ha sido posible aplicarlos y corresponden a un 27,7% del rezago total de subsidios sin aplicar o ejecutar.
Generación de ingresos para las víctimas
La población víctima ha registrado los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema del país.Según cifras DANE, en 2021, las tasas de incidencia de pobreza monetaria y de pobreza extrema para población víctima del conflicto fueron superiores en 10,8 puntos porcentuales -p.p.- y 5,7 -p.p.- frente al total nacional. Con corte a abril de 2023, de 6.187.942 víctimas registradas en Sisbén IV, un 79% se ubican en los niveles más bajos de pobreza extrema y pobreza moderada.
En este sentido, la Contraloría General de la República considera que se requiere una política de generación de ingresos específica para población víctima, que garantice la articulación interinstitucional y la efectividad de las inversiones realizada por 4 sectores y 10 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas -SNARIV participantes de la oferta de programas.
Por esto mismo, se estima necesario revisar las asignaciones y mejorar la ejecución de los recursos para generación de ingresos de la población víctima.Entre 2022 y 2023 se presentó una reducción del 5%, al pasar de $238.846 millones a $226.219 millones. Se resalta la baja ejecución presupuestal de los proyectos de inversión de Prosperidad Social y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que se ubicaron en un 33% y 2% respectivamente.
Educación Superior para víctimas
Para la CGR, es necesario fortalecer el Fondo de Educación Superior para Víctimas con recursos de las entidades territoriales.El total de créditos solicitados entre 2018 y primer trimestre de 2023 fue de 105.269, con 7.346 aprobados (7%). Se evidenció una baja asignación presupuestal y de cupos para los créditos condonables, especialmente en departamentos cómo Amazonas, Guainía, San Andrés, Boyacá, Caquetá, Guaviare y Vichada.
Sobre Decretos Leyes Étnicos
Se reitera de parte de la Contraloría General de la República que es necesario ajustar el documento CONPES 4031 de 2021, para incluir el detalle de la financiación de la totalidad de las medidas para los pueblos étnicos y los universos pendientes de atención.
Según cálculos de la Contraloría General de la República, para la implementación de cuatro medidas específicas para pueblos étnicos entre 2023 y 2031, se requerirían aproximadamente $3,9 billones a precios de 2023, así:
- Atención psicosocial a colectivos étnicos: $87 mil millones
- Indemnización colectiva a afros: $121 mil millones
- Indemnización Colectiva a indígenas: $206 mil millones
- Planes de reparación colectiva para sujetos étnicos: $3,4 billones
- Retornos y reubicaciones comunidades étnicas: $75 mil millones
El organismo de control hace un llamado al Gobierno nacional para realizar el costeo detallado de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los Decretos Leyes destinados a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitano víctimas del conflicto armado.
Existe un rezago en las indemnizaciones colectivas de sujetos étnicos de reparación. Entre 2016 y 2022 se ha indemnizado colectivamente 83 Sujetos Étnicos de Reparación por un valor total de $25.372 millones, que corresponde a 13% de los sujetos de reparación colectiva pendientes. Por ejemplo, en 2022 sólo fue indemnizado un total de 24 sujetos colectivos: 13 resguardos indígenas y 11 consejos comunitarios.
Cifras relevantes del control fiscal en el tema de víctimas
La CGR, producto de los ejercicios de control y vigilancia fiscal adelantados a la política pública de víctimas desde el 2012 al primer semestre de 2023, ha realizado 49 Auditorías (incluyendo financieras y de cumplimiento), 53 Actuaciones Especiales de Fiscalización y 356 seguimientos.
En 11 auditorías y 1 actuación especial de control fiscal realizadas en 2022 se evidenciaron hallazgos fiscales con posible detrimento patrimonial, por valor de $23.960 millones de pesos, que son materia de investigación.
