La entidad hizo las auditorías de cumplimiento en el primer semestre de 2025 a los Planes Departamentales de Agua (PDA) de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre. La cobertura de acueducto urbano en Colombia supera el 92%, mientras que en áreas rurales apenas llega al 43.38%. En cuanto a alcantarillado, la brecha Urbano-rural supera los 70 puntos porcentuales.
La Contraloría General de la República realizó auditorías de cumplimiento a los Planes Departamentales de Agua (PDA) en los departamentos de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre y estableció 14 hallazgos fiscales por más de 14.298 millones de pesos, en el primer semestre de 2025, lo que evidencia que persisten problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de estos proyectos en todo el país.
Estos ejercicios de control fiscal a los PDA se suman a los ya adelantados en otros Departamentos por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, desde el año 2020 -Año en que fue creada- hasta la presente vigencia, arrojando un total de hallazgos fiscales superiores a los $259.460 millones.
Aunque los Planes Departamentales de Agua (PDA) nacieron como una estrategia del Estado que pretendía cerrar brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables, la evidencia revela que no se ha alcanzado el objetivo de lograr un acceso equitativo y sostenible.
Hoy la cobertura de acueducto urbano en Colombia supera el 92%, mientras que en áreas rurales apenas llega al 43.38%, dejando a más de 10 millones de colombianos sin un servicio formal, confiable y seguro. El panorama del alcantarillado es aún más crítico; en el sector rural la cobertura no alcanza ni el 16%, con una brecha urbano-rural cercana a 70 puntos porcentuales.
Deficiencias reiteradas
La Contraloría consolidó información directamente con los gestores PDA de los 32 departamentos, evidenciando que alrededor del 12,5% de los municipios del país no están vinculados a la estrategia por limitaciones técnicas, de planeación y gestión.
También halló una fuerte desigualdad en la distribución de proyectos en el país: Mientras en Cundinamarca se reportan más de 1.500, en departamentos como Vichada, Risaralda o Putumayo informaron menos de 20. Además, de los 5281 proyectos reportados, se evidenció que 389 están suspendidos, 29 en litigio jurídico y 8 incumplidos, lo que refleja problemas serios de planeación, ejecución y control. Esto refleja que el enfoque territorial con énfasis en los territorios apartados con el que la estrategia PDA fue concebido inicialmente, no pudo ser ejecutado de manera efectiva.
Las auditorías revelan fallas estructurales así:
En Antioquia se identificaron hallazgos fiscales por más de $8.700 millones, reflejando profundas fallas en la planeación, priorización y ejecución de las inversiones.
En el municipio de Nechí, por ejemplo, se configuró un hallazgo fiscal por $4.987 millones por obras ejecutadas bajo el Contrato 2019-OO-37-0021 que no garantizan la prestación efectiva del servicio de agua potable y saneamiento básico, evidenciando carencias graves en la supervisión y la interventoría. En Anzá, se verificaron pagos por $3.644 millones sin asegurar el cumplimiento del objeto contractual del contrato No. 007-LP-005-SPYOP-2019 y su interventoría, generando un detrimento patrimonial derivado de deficiencias técnicas y contractuales.
En Santander, se configuraron hallazgos fiscales por más de $2.200 millones. Uno de los más significativos es el del municipio de Curití por $1.314 millones, donde se encontraron pagos por estructuras de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en avanzado estado de deterioro y que ponen en riesgo su operación. También, en Florián se estableció un hallazgo por $739 millones puesto que se identificaron pagos por suministros y equipos no instalados. En Barichara, el hallazgo por $175 millones se evidenció por pagos sin comprobación técnica ni funcional.
Las auditorías, realizadas por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, también dieron lugar a hallazgos fiscales relevantes en otros departamentos.
En Bolívar, se identificó un hallazgo por $1.433 millones en la ampliación del sistema de alcantarillado de San Cristóbal, aunque formalmente recibido y liquidado, el sistema no opera por fallas estructurales y técnicas, configurando un detrimento patrimonial.
En Guainía se detectaron hallazgos fiscales superiores a $1.455 millones relacionados con contratos inconclusos y pagos sin soporte, reflejando la incapacidad del modelo PDA para adaptarse a las realidades de territorios dispersos y con alta población indígena. Por último, en Sucre y Guaviare hubo hallazgos fiscales por más de $364 millones y $95 millones respectivamente.
Un modelo con graves deficiencias de planeación
Las múltiples auditorías y ejercicios de control fiscal evidencian un modelo caracterizado por graves deficiencias de planeación, ejecución y supervisión, con proyectos inconclusos o no funcionales, recursos públicos que terminan mal invertidos o sin traducirse en servicios efectivos para la población y brechas urbano-rurales que aún permanecen.
La Contraloría General de la República reitera la urgencia de fortalecer los mecanismos de planeación, control y seguimiento, adoptando enfoques diferenciales y territorialmente pertinentes que permitan cerrar de forma real las brechas de acceso a estos servicios esenciales.
