La libertad de expresión en internet no puede convertirse en una herramienta para humillar, sexualizar o desacreditar a las mujeres por su apariencia física. Así lo estableció la Corte Constitucional de Colombia en una decisión que marca un precedente sobre la violencia de género en los entornos digitales y los límites del discurso público en las redes sociales.
Mediante la Sentencia T-348 de 2026, el alto tribunal protegió los derechos fundamentales de Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social del municipio de Arauca, quien presentó una acción de tutela contra el creador de contenido Cristian Camilo Paredes Forero por una serie de publicaciones difundidas en Facebook.
El caso llegó a revisión de la Corte después de que la accionante denunciara mensajes, fotografías, fotomontajes y videos que, según el análisis judicial, contenían expresiones degradantes relacionadas con su cuerpo, su apariencia física, su vida personal y los estereotipos tradicionalmente asociados al papel de las mujeres en la sociedad.
La decisión introduce una precisión fundamental para el debate público en internet: una persona puede cuestionar, investigar y ejercer control ciudadano sobre la gestión de quienes tienen responsabilidades o visibilidad pública, pero ese derecho no ampara los ataques que utilizan el cuerpo, la sexualización o los prejuicios de género para desacreditar a una mujer.
La Sala Cuarta de Revisión determinó que varias de las publicaciones examinadas dejaron de ser críticas relacionadas con asuntos de interés general y se convirtieron en expresiones de violencia de género digital. Según la Corte, este tipo de comportamientos puede afectar la dignidad, la intimidad, la imagen y la participación de las mujeres en los espacios públicos y políticos.
El pronunciamiento también establece medidas concretas. El creador de contenido deberá retirar, en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación de la providencia, 28 publicaciones identificadas en el expediente como constitutivas de violencia de género digital. También deberá eliminar contenidos sustancialmente similares, publicar disculpas en sus dos cuentas de Facebook dentro de los cinco días siguientes y culminar, en un plazo de 20 días, una capacitación sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en entornos digitales.
Adicionalmente, la Corte ordenó divulgar la sentencia en sus perfiles de Facebook e informar a sus seguidores sobre los límites de la libertad de expresión y la participación política frente a las agresiones basadas en estereotipos de género.
Uno de los elementos más relevantes del fallo es que el tribunal no desconoció el derecho del creador de contenido a ejercer control ciudadano. De hecho, protegió otras publicaciones relacionadas con asuntos de interés público y rechazó imponer una prohibición general para que se refiriera a la accionante. La decisión se concentró en los mensajes específicos que vulneraron sus derechos fundamentales.
El fallo abre una discusión necesaria sobre la responsabilidad de quienes producen y distribuyen información en internet. En un escenario donde una publicación puede alcanzar miles de usuarios en cuestión de minutos, la libertad de expresión debe coexistir con el respeto por la dignidad humana y los derechos fundamentales.
La decisión de la Corte envía un mensaje al ecosistema digital colombiano: la crítica es legítima y necesaria en una democracia, pero no puede utilizarse como justificación para reproducir discriminación, violencia y ataques personales contra las mujeres.









