Por María Fernanda Cabal.
Para el año 2021, el Estado destinó más de $121.000 millones para protección de los parlamentarios farianos. La Nación paga arriendo por las Zonas Veredales, que son “mini-municipios” para desmovilizados, por $2.122 millones y servicios públicos por $17.224 millones anuales. En cuanto a la JEP, para 2021, el gasto de funcionamiento es de $211.590 millones y el de inversión es de $119.157 millones. Un gran premio para tan poco.
Actualmente enfrentamos un déficit en Colombia de más de 90 billones de pesos y la pregunta es: ¿Hacia dónde van nuestros impuestos? La respuesta no debería asombrarnos, pues gran cantidad de ese dinero va precisamente a financiar «la gran estafa» del Nobel de Paz y las Farc.
Hace cuatro años, la voluntad popular expresada en las urnas, fue burlada por el Gobierno de Juan Manuel Santos, que se encargó de fabricar toda una trama para ganarse el apoyo internacional y presionar la aprobación de un Acuerdo, a todas luces riesgoso para el país.
El balance, a hoy, no podría ser peor: Impunidad total para terroristas -gracias a la creación de la JEP, un Tribunal hecho a la medida de sus exigencias-; curules gratis en el Congreso como premio a violadores de niños, reclutadores y narcotraficantes; ni verdad ni justicia para las víctimas, que siguen a la espera de ser reparadas; criminales de lesa humanidad dictando cátedra desde su imaginario «trono moral», negando sus propias responsabilidades, mientras construyen «su» verdad.
No siendo todo esto suficiente y en medio de una crisis económica mundial, las familias colombianas están condenadas a pagar con su trabajo honrado, la manutención de quienes fueron sus peores verdugos y además, garantizarles su seguridad.
En su momento advertimos que se premiarían con dinero y puestos a los guerrilleros, como en efecto sucedió.
Hoy un congresista tiene por salario la cifra de $34.418.133, multiplicado por 9 que son actualmente las curules de las Farc, nos da un valor de $309.763.197; multiplicado por 12 meses, el resultado es de $3.717.158.364 cada año.
Además, la asignación de 50 salarios mínimos legales vigentes para la Unidad de Trabajo Legislativo de cada uno es de $45.426.300, multiplicado por las 9 curules, da un valor de $408.836.700; por 12 meses, el resultado es de $4.906.040.400 por año.
Recordemos que las Farc perdió una de sus curules en Cámara de Representantes, asignadas al cabecilla Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santich’, al decretársele silla vacía tras comprobársele que continuaba traficando y ahora es fundador de la “Nueva Marquetalia”.
También se conoció que el partido Comunes -Farc- es la colectividad a la que más se le invierten recursos para su protección. En 2018 se le invirtieron $71.681.000.000; en 2019, $97.179.000.000 y en 2020, $101.471.000.000. Para este año está presupuestada la «bicoca» en más de $121.000 millones.
Y en lo que corresponde al total de recursos para viáticos con los que cuenta la Unidad Nacional de Protección -UNP-, más del 70% se lo gastan los exjefes de la Farc. Además, la entidad contrató a 1.200 excombatientes como escoltas para hacer parte de los esquemas de seguridad.
A los desmovilizados de la Farc les dieron dos millones de pesos para su tránsito a la normalidad, se les pagó el 90% del salario mínimo por dos años y se les brindó la posibilidad de contar con un apoyo económico para emprender un proyecto productivo, por valor de 8 millones de pesos. Privilegios a los que la gente del común difícilmente accede.
En todo el territorio nacional hay 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, que son “mini-municipios” donde únicamente viven 2.475 de los 13.202 que se desmovilizaron del grupo narcoterrorista y que en algún momento vivieron en las llamadas Zonas Veredales. -¿Qué pasó con los otros 10.727?-.
Las Zonas Veredales se convirtieron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, según lo establecido en el Decreto 1274 de 2017; y su administración se encuentra a cargo del Fondo de Programas Especiales para la Paz -Fondo PAZ-.
De esas 24 zonas, siete fueron adquiridas por el Gobierno y 17 son predios en arriendo, por los que se paga mensualmente $176.847.963, lo que equivale al año a la suma de $2.122.175.556.
Información de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, revela que a cada zona -ETCR- se destina dinero para servicios públicos, suministros, arrendamientos, gastos de personal; que nos cuesta a los colombianos la suma de $1.435.338.109 mensuales y al año, $17.224.057.308.
De acuerdo con la Resolución Nro. 019 de 2021 el Presupuesto de Funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, para la vigencia fiscal de 2021 es: en gastos de funcionamiento $211.590.800.000 y para gastos de inversión $119.157.487.686.
Hemos propuesto un recorte al tamaño del Estado, agigantado en parte por el Acuerdo con las Farc, que según cálculos del Gobierno Santos le costaría a la Nación 129 billones de pesos en 15 años, con muy bajos resultados frente a las “promesas de paz estable y duradera”.
Lo lamentable es que el país está luchando por sobrevivir en medio de una pandemia que ha acabado con miles de empresas medianas y pequeñas y se ha disminuido la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo; además de haberse limitado la capacidad de la gente de bien para generar riqueza.
No podemos seguir financiando esta gran estafa, mientras los ciudadanos, golpeados por la pandemia, siguen maniatados por el premio que se le dio a los terroristas y por el peso de un compromiso que, a pesar de haber decidido no cargar, les fue impuesto.
