La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que el número de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, aumentó de 6.402 a 7.837 casos en el país.
La cifra fue presentada por el magistrado Pedro Díaz durante una audiencia del Caso 03 en Apartadó, Antioquia, donde se escuchó a 10 exmilitares por su presunta responsabilidad en la masacre de La Resbalosa, ocurrida el 21 de febrero de 2005.
Según explicó el magistrado Díaz, las nuevas cifras de la JEP son provisionales, corresponden a hechos registrados entre 1990 y 2016 en todo el territorio nacional, documentados dentro del macrocaso que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
Díaz integra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, encargada de resolver la situación legal de comparecientes que no son considerados máximos responsables de crímenes graves en el conflicto armado.
A su turno, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que el aumento en las cifras responde, en primer lugar, a la ampliación del período de análisis, que pasó de abarcar entre 2002 y 2008 a extenderse desde 1990 hasta 2016, lo que permitió incluir muchos más casos que no hacían parte del universo inicial de 6.402 hechos, considerado desde el inicio como un universo provisional.
El togado señaló que el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP amplió el cruce de información al incorporar nuevas bases de datos, como las de la Procuraduría, así como cerca de mil informes aportados por víctimas, elementos que no habían sido considerados previamente.
Ramelli también subrayó que estas cifras corresponden únicamente al Caso 03, por lo que aún faltan los datos provenientes de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que adelanta audiencias territoriales con responsables no máximos y donde se siguen revelando ejecuciones y desapariciones no investigadas, lo que hace probable que el número continúe en aumento.
Fuentes de la Jurisdicción Especial explicaron que esta nueva cifra de 7.837 casos de «falsos positivos», entre 1990 y 2016, incluye casos del ente acusador: “En este reporte están integradas las bases de datos de la Fiscalía (SPOA y SIJUF) así como informes específicos sobre MIPBC (muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate) que entregó la Fiscalía a la JEP”.
El magistrado Ramelli detalló, en rueda de prensa, algunas de las explicaciones detrás de la variación de la cifra.
Según se explicó, uno de los elementos clave fue la extensión del periodo de análisis, que dejó de limitarse a los años más intensos del fenómeno para abarcar un rango mucho mayor, entre 1990 y 2016.
“Para el primer reporte tomamos un periodo de 2002-2008, pero ahora se amplió el periodo a 1990-2016 (…). Igualmente se cruzaron más bases de datos que las cuatro que inicialmente se conocían”, explicó Ramelli.
Esta ampliación permitió identificar hechos que anteriormente no habían sido incluidos, lo que incidió directamente en el aumento del número total de víctimas documentadas.
A esto se sumó un trabajo más amplio de contraste de información. El magistrado detalló que el Grupo de Análisis de la Información, GRAI, incorporó nuevas fuentes que no habían sido consideradas en el conteo inicial, incluyendo registros institucionales y reportes elaborados por víctimas.
La integración de estos insumos, provenientes de entidades como la Procuraduría y el Centro Nacional de Memoria Histórica, permitió consolidar una base de datos más robusta y precisa. Desde el inicio, la cifra de 6.402 casos fue entendida como preliminar, insistió Alejandro Ramelli.
Las autoridades recalcaron que este número estaba sujeto a modificaciones conforme avanzaran las investigaciones y se obtuvieran nuevos elementos probatorios.
Por su parte, el magistrado Óscar Parra, a cargo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, avanza en el análisis de la responsabilidad del nivel nacional durante el periodo comprendido entre 2005 y 2008.
“Hemos iniciado el llamamiento de comandantes del Ejército de esa época. Se convocó al general Reinaldo Castellanos, quien no pudo comparecer por motivos de salud. También se ha llamado al general Montoya, cuya versión voluntaria está próxima a finalizar a comienzos de junio. Asimismo, hemos convocado a diversas instancias, dependencias y funcionarios del alto mando militar con responsabilidades a nivel operativo, de inteligencia, de la Inspección General del Ejército y en el manejo de las denuncias registradas en ese periodo”, dijo Parra.
La JEP también ha citado a comandantes de división. A diferencia del nivel territorial, centrado en brigadas, esta fase nacional se enfoca en mandos superiores, responsables de entre 15.000 y 20.000 hombres. Hasta ahora, se ha convocado a cerca de siete de ellos.
“Continuamos evaluando las solicitudes presentadas por organizaciones de víctimas, tanto para convocar a personas como testigos como para vincular a nuevos posibles responsables en el marco de versiones voluntarias. Estas solicitudes se analizan teniendo en cuenta la temporalidad estricta de la JEP, dado que entre este año y el siguiente se prevé el cierre de los macrocasos de la Sala de Reconocimiento”, puntualizó el magistrado Parra.
