¿Por qué mataron a Álvaro Gómez?

Hace veintitrés años, el jueves 2 de noviembre de 1995, Álvaro Gómez fue asesinado en Bogotá a las 10:20 a.m., víctima de un misterioso atentado cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, donde dictaba la cátedra de «Historia Política y Constitucional de Colombia». Desde ese aciago día reina la impunidad y todavía hoy nadie ha llegado  al final de la madeja para desentrañar este magnicidio. Fotos inéditas.

Por Ricardo Angoso

Esa pregunta la trata de responder su hermano, Enrique Gómez, en su libro ¿Por qué lo mataron?, una obra dedicada a indagar y relatar los diferentes pormenores de la investigación judicial y policial que se llevaron a cabo en relación con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, una trama que se podría muy bien definir como la historia de un fiasco, ya que todo fue parte de toda una estrategia desviacionista probablemente organizada desde el poder para que el crimen quedara impune, tal como ha ocurrido cuando han pasado más de veintitrés años.

La mejor respuesta a por qué Enrique Gómez escribió este libro, tras años de silencio y sufrimiento, me la dio el propio autor cuando se lo pregunte en una entrevista personal y me contestó, en tono muy pausado y tranquilo, como si ya no tuviera que perder nada, que lo había escrito «porque tenía 85 años», es decir, porque ya no teñía nada que temer y no temía a la muerte, lo que en Colombia se traduce como que no tenía miedo a que lo asesinaran los mismos poderes y fuerzas que asesinaron a su hermano.

¿Y por qué lo mataron a Álvaro Gómez? La mejor respuesta a esta pregunta tan compleja la he encontrado en el exministro de Defensa con Samper, Fernando Botero, quien sin dar pistas acerca de quien apretó el gatillo que lo mató sí señala claramente los móviles que podrían estar detrás del autor intelectual del crimen. Apunta Botero, sin malgastar pólvora en el tiro, de una forma precisa:

«El doctor Álvaro Gómez representaba una amenaza para el Gobierno del doctor Samper por tres razones. En primer lugar, porque que lo tenía a su favor el gobierno, en el sentido de una oposición fragmentada, sin una cabeza visible, podría desaparecer de la noche a la mañana con la presencia del doctor Álvaro Gómez, que tenía el prestigio y la incuestionable jefatura para hacerse la imagen ante la opinión pública del gran líder de la oposición. Ninguna otra figura política podía representar ese papel, segundo porque el doctor Álvaro Gómez tuvo un tránsito de una figura favorable al gobierno en su inicio a una postura cada vez más distante con el tiempo y en la medida en que se fueron conociendo los detalles relacionados con la financiación de la campaña presidencial de 1994. De suerte que no se trataba de un líder que pudiera tener una postura preconcebida o viciada acerca del gobierno, sino un líder que fue desarrollando una postura en la medida en que se conocieron los hechos de la campaña de 1994. Y en tercer lugar por la estatura moral, política e intelectual del doctor Gómez que pasaba, me atrevo a afirmarlo, por su momento de mayor prestigio y respetabilidad política en toda su carrera. Había sido uno de los grandes arquitectos de la nueva Constitución Política y había adquirido una imagen de gran estadista en el panorama político colombiano. Por todo lo anterior, el tránsito del doctor Gómez Hurtado a la oposición política representaba para el gobierno un hecho transcendental y, desde luego, una gran amenaza política».

La investigación del crimen, entre la ignominia y la vergüenza

Desde un principio, tal como han señalado los investigadores y abogados designados por la familia Gómez para que los represente en este caso y tal como se relata con todo pelo de señales en el libro de su hermano (¿Por qué lo mataron?), en la investigación convergieron toda una serie de tácticas, enredos y estrategias desviacionistas para que el crimen quedara impune, como así fue.

En esta investigación policial y también judicial ha ocurrido de todo. Pero, sobre todo, desde los orígenes del caso, la idea de desviar la atención acerca de lo que realmente ocurrió, y de las verdaderas responsabilidades intelectuales, materiales y criminales, ha sido la tónica dominante. A este aspecto se le une, la deficiente, negligente y sospechosamente descuidada inspección inicial y las pesquisas que se llevaron a cabo después del crimen. Como dice Enrique Gómez en su libro, «la enorme y sospechosa cantidad de testigos directos de los hechos entrevistados, contrasta con la debilidad de la inspección judicial del legal de los hechos (menos de página y media) y la poca profundidad y claridad de las pruebas de balística y criminalística realizadas en la escena del crimen».

Luego siempre estuvo presente la mano de Samper, quien llegó a posesionar para investigar el crimen a Alfonso Gómez Méndez como Fiscal ante la Corte, un enemigo notorio y conocido del asesinado que sirvió de una forma eficiente al presidente entorpeciendo y retrasando la investigación. Además, Gómez Méndez, como tantos otros, siguió abundando en la tesis de la conspiración y el golpe de Estado para desacreditar al asesinado y a sus partidarios, entre los que se encontraban muchos políticos y militares. Incluso, desde algunas instancias, como la Fiscalía, se llegó a insinuar que fue el ejército el responsable como institución del asesinato de Gómez para justificar una intervención militar. Siempre se echaban balones fueras, se quería justificar el crimen por el carácter «golpista» del asesinado y se pretendía criminalizar a la víctima por ser quien era.

«A las buenas o a las malas querían que el Presidente renunciara (…) Del proceso se deduce  que entre ellos estaban el general Urbina, el general Bedoya, el coronel Ruiz, basta observar como era lógico esperar, durante la crisis fueron llamados a calificar sus servicios. El Presidente Samper no iba a permitir que en la cúpula militar continuaran quienes no dieron muestras de ser sus amigos (…) Lo más indicado era cometer un crimen que produjera un hecho político: la caída de Ernesto Samper (…) El homicidio de doctor Álvaro Gómez fue un crimen del Ejército (…) Los autores miembros del ejército tenían un motivo para hacerlo», señalaba una sentencia del 25 de marzo de 2003 proferida por el Juzgado II Penal especializado de Bogotá. Así fue posible que se insistiera en esta línea, con una clara intencionalidad de desviar el caso, de que fueran investigados y llamados a declarar numerosos políticos y militares que habían tenido alguna relación con el asesinado, sin que estas investigaciones o declaraciones dieran algún resultado práctico. Más bien lo contrario: los verdaderos responsables seguían sin aparecer y en el marasmo de la supuesta conspiración latía ni más ni menos que el ocultamiento de la realidad.

Entre 1995, la fecha del crimen, y el año 2010, se apuntaron varias hipótesis acerca de la supuesta autoría del crimen y todas ellas resultaron falsas, infundadas y desmontadas posteriormente. Se arrancó con un grupo criminal que se denominó de Sincelejo, en una trama organizada por policías cercanos al presidente Samper, y se llegó a lo que se llamó el Grupo de Bogotá, que acabó de la misma forma. Se trataba de desvirtuar o destruir las pruebas, de ocultar a los verdaderos responsables y de encubrir a los autores intelectuales y políticos del crimen. «Cuando el «Grupo de Bogotá» fue llevado a juicio, el Juzgado Segunda Penal Especializado descartó toda la acusación de la Fiscalía, que en últimas fue mayoritariamente preparada por la SIJIN y el DAS. El juez negó validez a los testimonios de Mariela Villarreal y de Luis Eduardo Rodríguez Cuadrado en los términos que a continuación se explican», señalaba Enrique Gómez antes de pasar a desacreditar todos los argumentos, falsos testigos, versiones forzadas por la policías y el DAS y falsas pruebas que implicaban a este supuesto grupo (¿?).

Luego llegaron los falsos testigos, las aportaciones forzadas por extraños poderes siempre con el objetivo de distraer el foco de la atención sobre los verdaderos responsables y crear un relato del crimen que tenía más de novelesco, novela negra, claro, que de los loables objetivos de la búsqueda de la verdad y, sobre todo, de hacer justicia.

Entre esos «testigos clave» y supuestos testimonios definitivos para esclarecer el crimen, hay que reseñar a Mary Luz Cuadros, que presentaba un trastorno histriónico de personalidad, y no aporta más que una sarta de mentiras y falsos elementos supuestamente de carácter probatorio; a René Carvajal López, que finalmente reconoció que hablaba de oídas y que había recibido algunas informaciones que incriminaban a algunos militares y que finalmente no tuvo ninguna relación con el crimen; a Javier Giovanni Gómez Galán, otro supuesto testigo que levantaba falsas acusaciones negadas por los implicados y que no pudieron aseverar nada ni aportar nada; a Julio Ramón Carrillo Vargas, quien finalmente mentía, tal como se probó, y trató de implicar a unos generales en una trama inexistente y que se demostró que era un mentiroso redomado; a Mercedes Yolima Guáqueta, que aportó una serie de declaraciones fantasiosas que finalmente fueron desechadas por la justicia y que demostraron que la supuesta agente de inteligencia e era otra farsante más a añadir a la lista; a Yolanda del Carmen Cárdenas, que ni siquiera aparece en la el listado de testigos presenciales y cuyas acusaciones parecían fuera de fundamento; a Esperanza Figueroa Millán, otra que aportó testimonios incoherentes y probada falsedad cronológica en cuanto a los hechos juzgados;y, finalmente,  a Diego Edison Cardona Uribe, que también carecía de credibilidad y daba un testimonio tan incoherente y absurdo como los anteriores reseñados.

En todo este asunto parecía clara la estrategia y cuál era el objetivo final: hacer creer a la opinión pública colombiana que el crimen había sido perpetrado por un grupo de altos mandos del ejército con el fin de desacreditar al gobierno, provocar la caída de Samper por la magnitud del escándalo y generar el advenimiento de un militar al poder. La tesis se impuso, en cierta medida, el crimen quedó impune y Samper siguió en el poder, habiendo deslegitimado a una buena parte de sus oponentes que supuestamente maquinaban contra él y pretendían un golpe de Estado. Además, la oposición a su régimen, como decía Gómez, había descabezada con el asesinato de su máximo líder. La jugada era perfecta, el crimen había servido a la medida a la estrategia buscada.

Mención aparte a los otros testimonios, que desde luego no tienen desperdicio, es el testimonio del jefe paramilitar José Ever Veloza, más conocido como alias «H.H.», quien dio amplias declaraciones a la justicia, en el marco de las audiencias públicas de Justicia y Paz, y aseguraba que el crimen fue perpetrado por la un coronel de la policía, Danilo Rodríguez, a petición del Cartel del Norte del Valle para salvar al gobierno de Samper, con el que supuestamente tenía relación el citado cartel. Rodríguez, que había tenido un papel destacado en la detención de el capo Pablo Escobar, moriría asesinado años después del asesinato de Gómez.

Aparece «Rasguño»

El único elemento novedoso en esta declaración era la conexión entre un sector de la policía, el narcotráfico y el gobierno de Samper. Esta vez sí se señalaba una conspiración que llegaba hasta la cúspide del Estado. Dos años más tarde a estas sorprendentes revelaciones, el 12 y 13 de enero de 2010, Luis Hernando  Gómez Bustamante, alias «Rasguño», afirmó con vehemencia que el gobierno de Samper estaba implicado en el asesinato de Alvaro Gómez Hurtado.

Como señala Enrique Gómez en su libro, «Rasguño manifestó que se enteró sobre la operación criminal que terminó con la vida de Gómez pocos días después de su asesinato y afirmó que la orden de ultimarlo provino del alto gobierno siendo ejecutado por Orlando Henao, Efraín Hernández y Danilo González. Los dos primeros fueron capos renombrados del Cartel del Norte del Valle y González fue un reconocido infiltrado de la mafia en la policía nacional, asesinado por sicarios en marzo de 2004. El enlace entre el alto gobierno y los capos que coordinaron el magnicidio habría sido, según «Rasguño», José Ignacio Londoño Zabala alias «Nacho» o «La Gorda», intermediario entre el Cartel del Norte del Valle y el Gobierno de Ernesto Samper. «Rasguño» aseguró que el propio Danilo González así como Ignacio Londoño le manifestaron que ellos habían ejecutado el asesinato».

Al parecer, el temor de los capos de la droga era que los norteamericanos auspiciaron un golpe de Estado, en él que supuestamente tenía un papel Álvaro Gómez que se habría situado como presidente, y que comenzarán a partir de ese momento las extradiciones solicitadas por los Estados Unidos. «Rasguño» aseguró entonces que hubo intentos por parte del narcotráfico y del mismo gobierno por acercarse a Gómez Hurtado, pero que el líder político de la supuesta conspiración se mantuvo contrario a ningún acuerdo y desde ese momento se condenó a una muerte segura.

«Rasguño», a pesar de haber sido amenazado y de que la mafia mató a uno de sus sobrinos para amedrentarle, se reafirmó en lo que dijo en su momento y señaló a José Ignacio Londoño como una pieza clave en el crimen de Álvaro Gómez, toda vez que era enlace entre el gobierno, los capos del Cartel del Norte del Valle y los ejecutores del hecho criminal. Su cercanía a Samper está fuera de toda duda y, en su momento, el tesorero del presidente, Santiago Medina, también le acusó de estar detrás de casi todas las operaciones ilícitas antes y durante el mandato presidencial.

Y, como relata de una forma muy acertada Enrique Gómez,»Durante las declaraciones en que «Rasguño» declaró a comienzos del año 2010, él advirtió sobre la inmensa capacidad criminal de Ignacio Londoño, quien estaba haciendo todo lo posible para evitar que él fuera testigo en la investigación del homicidio de mi hermano. Para demostrar su punto, «Rasguño» manifestó que tan sólo cinco días antes de producirse su declaración, Ignacio Londoño había ordenado la muerte, en Cartago (Valle), de dos de sus sobrinos, con miras a presionarlo para que no declarara contra él en lo referente a Gómez Hurtado; esto en una fiesta de cumpleaños llamada localmente como «marranada», evento público realizado en un notorio establecimiento de Cartago». Un sobrino fue asesinado en esa marranada, otro sobrevivió milagrosamente tras ser salvado por un asistente a la fiesta que tuvo que salir del país para evitar correr la misma suerte que el difunto pariente de «Rasguño» y el conductor que llevó a la clínica al superviviente herido, también fue eliminado. Así actúa la mafia en connivencia con la alta política en Colombia.

Corroborando lo dicho anteriormente y los testimonios de «H.H.» y «Rasguño», el ex ministro Botero ha sostenido en estos años, a través de varias declaraciones dadas a los medios y de sus testimonios antes la justicia, que durante las visitas que le hizo el ministro e íntimo del presidente, Horacio Serpa, se le trató de convencer de que no declarara acerca de los dineros ilícitos para la campaña electoral de Samper y también le expuso la tesis de que era necesario crear una cortina de humo o generar un hecho traumático. ¿Era el crimen de Álvaro Gómez esa cortina de humo que necesitaba Samper o más bien el hecho traumático? En cualquier caso, y al margen de las especulaciones, el país quedó aterrado al conocer la noticia, Samper se mantuvo en el poder, la oposición quedaba sin su máximo líder y el Establecimiento colombiano, siempre cercano al que está en el poder, optó por apoyar al poder establecido pese a la ilicitud de sus orígenes.

El país no respiró tranquilo, sino que aceptó el hecho y, como tantas veces en la historia de Colombia, se consumó una injusticia en aras de agradar a un poder absolutamente corrompido y sumido al poder del narcotráfico. La derrota póstuma de Álvaro Gómez, cuyo legado moral quedó en manos de la familia y de algunos de sus nostálgicos apóstoles, vendría unos meses después de su muerte. Contrario a lo que se esperaba para un país que necesitaba una catarsis colectiva y demandaba justicia, el 6 de julio de 1996, Ernesto Samper fue absuelto por la Cámara gracias a la astuta defensa del ministro del Interior Horacio Serpa, quien logró convencer a la bancada liberal, que era la formación del cuestionado presidente, para que votara a su favor. Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, por 111 votos contra 43 se archivaron los cargos contra el presidente de la República. Ni culpable, ni inocente, ya que  el proceso fue considerado precluido. Un principio jurídico que significa que da término a las etapas de un proceso y que, una vez finalizadas cada una de esas etapas, se puede retrotraer. Nuevamente, como tantas veces, triunfaba la impunidad y el silencio de los poderosos ante la injusticia.

Hay reflexiones sobre el magnicidio contenidas en el texto ya reseñado varias veces de Enrique Gómez, en donde se pregunta «¿Dónde está la Fiscalía?» y el mismo responde con claridad meridiana y a modo de resumen:»A lo largo de los últimos quince años -ahora van veinte, pero tampoco se avanzó mucho más-, los  Fiscales Generales Valdivieso Sarmiento, Gómez Méndez, Osorio Isaza, Iguarán Arana y Mendoza Diago han demostrado no estar a la altura del reto que implica la investigación de un crimen de Estado. Tres lustros después de ocurridos los hechos, el caso no ha logrado establecer ni la verdad de lo acontecido ni ha brindado justicia. Pero en los últimos meses nuevas líneas de investigación merecen ser exploradas en la búsqueda de los autores intelectuales y materiales del asesinato de Gómez Hurtado. Lamentablemente, como ocurrió en otros momentos de la investigación, la Fiscalía no parece interesarse en adelantar las pesquisas, con la celeridad y profundidad requeridas».

Los últimos hechos

En los últimos años, la estrategia de la familia ha estado orientada hacia tres direcciones: 1. Conseguir que el crimen se esclarezca antes de que se cumplan los veinte años desde la ejecución del mismo; 2. Lograr que, si en el caso de que el crimen no se esclarezca próximamente, sea declarado de lesa humanidad por la justicia colombiana; y 3. Apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que obligue al Estado colombiano a descubrir quiénes fueron los criminales y encausarlos.

Ni que decir tiene que ninguna de estas iniciativas, hasta el momento, ha tenido éxito y, más bien, aunque reina un cierto optimismo en la familia para mí injustificado, se sigue acusando la misma política dilatoria por parte de los poderes judiciales colombianos muy renuentes en llegar hasta el final del caso. ¿Por qué? El Establecimiento colombiano, que controla al Estado y las instituciones periféricas, como la justicia, no tiene ningún interés en llegar hasta el final de la madeja y señalar a los verdaderos responsables. Hay razones políticas claras en que el crimen de Álvaro Gómez Hurtado debe quedar impune. No olvidemos que tanto Ernesto Samper, como el inefable Horacio Serpa, siempre presente en este proceso, son señalados desde hace años por la familia de estar detrás de la trama desarrollada tras el crimen tendente a desvirtuar los hechos -incluyendo aquí a la escena del crimen-, ocultar importantes elementos que hubieran sido claves, desviar la atención real sobre los autores y no sobre una serie de elementos pintorescos, por llamarlos de alguna forma, e incluso hacer desaparecer pruebas cruciales y fundamentales en su momento.

En un país como Colombia, donde numerosos magnicidios conocidos, desde Eliécer Gaitán hasta Luis Carlos Galán, pasando por Álvaro Gómez, han quedado impunes, es una tradición no escrita e insana que la mayor parte de estos crímenes no se esclarezcan y los responsables reales nunca respondan por sus actos. El caso de Gómez, por mucho que lo ha intentado la familia, parece destinado a ser uno de estos magnicidios no resueltos. El tiempo corre en contra de la familia y los verdaderos responsables, o más bien los autores materiales, van muriendo o son asesinados, para no dejar ni rastro ni huellas que señalen en el futuro a los autores intelectuales de la conspiración contra Alvaro Gómez.

Por ejemplo, y como muestra un botón, el Coronel Danilo González, quien fue señalado por «Rasguño» de estar detrás del crimen de Álvaro Gómez en coordinación con otros poderes del Estado, murió asesinado en Bogotá hace unos años. Tras haber tenido una impecable hoja de servicios y ser uno de los hombres claves que llevaron a la captura y muerte del capo Pablo Escobar, González comenzó a ser investigado por actividades irregulares e ilegales, incluso por haber estado ligado a los carteles de envío de drogas a los Estados Unidos, lo que valió, en su momento, ser puesto en tela de juicio, tanto en ese país como en Colombia.

Su asesinato, junto con el de otros implicados en el Proceso 8.000 y sus ramificaciones, como fue el caso de Elizabeth Montoya, más conocida como la «Monita Retrechera», muestra a las claras hasta donde llega el poder de la mafia en este país. Montoya, por ejemplo, apareció implicada con un papel protagónico en todo el asunto de la financiación ilegal de la campaña electoral de  Samper e incluso había pruebas grabadas que mostraban la relación cordial e íntima entre el que luego llegaría a ser presidente y la asesinada. Como vemos, en este caso de Gómez hay una cortina de humo que fue levantada desde el Estado, en connivencia con los círculos mafiosos, para que no se haga luz y el crimen quede impune.

Recientemente, fue redactada una misiva, liderada por el Partido Conservador,  en la que los expresidentes Andrés Pastrana, Belisario Betancur, César Gaviria y Álvaro Uribe le solicitaron formalmente al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, que declare el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado como «crimen de lesa humanidad».

Desde la Fiscalía y desde otros sectores de la justicia colombiana, en una respuesta tan ambigua como poco esperanzadora, se dio curso y acuse de recibo de esa iniciativa y se dieron ciertas esperanzas a la familia de que las investigaciones continuarían (¿?). Incluso se habló de la posibilidad de que el crimen, aun superando los veinte años de impunidad, pudiera ser declarado de lesa humanidad después de cumplirse dicho plazo, una propuesta no muy creíble y poco práctica, ya que como se ha dicho a lo largo y ancho del relato de las investigaciones cada día que pasa es más difícil llegar a conocer la verdad e interrogar a los protagonistas de la trama por una razón bien sencilla: se están muriendo o los están matando.

Desgraciadamente, y el caso de Álvaro Gómez y su ignominiosa impunidad así lo avalan, se demuestra a las claras el poder que todavía tiene en Colombia el narcotráfico y sus ramificaciones en todos los ámbitos de la vida, incluyendo aquí a la política, la economía e incluso los medios de comunicación.

Al margen de esta declaraciones y de un ceremonia de confusión que dura ya una veintena de años, la única conclusión que se puede extraer es que tan solo hay un condenado por el caso del asesinato de Álvaro Gómez, Héctor Paúl Flórez, sentenciado a cuarenta años de cárcel y quien es considerado inocente, paradójicamente, por la familia Gómez. Los familiares del finado aseguran que este condenado es un mero chivo expiatorio, como tantos otros que hubo anteriormente, y que no tiene relación directa con el magnicidio impune al día de hoy. Veremos qué hará la Corte Suprema cuando apenas quedan unos meses para que el delito prescriba.

Es más que seguro que el caso Gómez, por mucho que le pese a su familia y a su imponente equipo jurídico, quede impune pero también queda claro que la estructura del régimen que denunciara el asesinado sigue mostrando su fortaleza e incluso revela un vigor y una energía que anula cualquier resquicio para el optimismo y la esperanza. Y es que, en contra la opinión de Antonio Tabucchi, que aconseja a uno de sus personajes en su novela Sostiene Pereira que deje de frecuentar el pasado y frecuente el futuro, el pasado de Colombia sigue pesando como una losa irremplazable y ahoga e hipoteca el  presente y el futuro de esta gran nación. La aurora que devora a los monstruos del pasado, junto a los espectros más siniestros que siguen entre nosotros y dirigiendo entre bambalinas el país, todavía no ha llegado. El régimen del que hablaba Gómez en su momento está presente, como un gran Leviatán que nos ahoga y nos ahoga hasta llevarnos a un silencio perpetuo que no por ser perverso e infame no es menos efectivo.