Con mucha indignación algunos ciudadanos han comentado como las Altas Cortes del país, al parecer, siguen cometiendo el mismo error que las ha condenado en tiempos pasados, de recibir ayudas monetarias de entidades publicas y privadas que luego ejercen presión en sus despachos para cobrar los favores prodigados.
En Montería se habla de la Gobernación cordobesa supuestamente entregando dineros a las directivas del Consejo para hacer una gran bacanal, hospedarse en los mejores hoteles, comer y beber por cuenta del departamento. Algo nunca visto, de ser cierto.
Lo que si es verdad es que en la capital cordobesa se realizó hace unos días un fastuso evento del Consejo de Estado con invitados nacionales y extranjeros.
Se habla de un gran despilfarro de dineros públicoas en ese encuentro de la jurisdicción contenciosa (Consejo de Estado) y esta alta corte no lo ocultó, más bien lo promovió y exaltó hasta en su cuenta de Twitter, mírenlo…
Y para qué se realizan esos encuentros? Cuál es la razón? Meterse en compromisos o deudas con entidades nacionales o extranjeras, con qué fin, pues había invitados internacionales? Qué sentido tiene traer conferencistas de otros países para hablar de lo mismo y con las mismas? Es esa la misión del Poder Judicial? No hablan los jueces a través de sus providencias? No han entendido las Cortes la inutilidad de esos enventos? Cúando van a acabarse esas prácticas?
Hay que hacer justicia es con las sentencias…esa es la unica misión del Poder Judicial.
Ninguna corte en el mundo le gasta tanto dinero a esos espectáculos, pero en Colombia desde antaño se conoce que esos casos producen magistrados beodos, con mujeres pagadas en las habitaciones, etc.
Es decir, los magistrados se fueron a hablar de pérdidas de investiduras a Montería, como lo hizo el Vicepresidente del Consejo de Estado Carmelo Perdomo, a una región donde hay varios políticos amigos suyos con denuncias por corrupción.
También se dice en algunos circulos en Montería que Perdomo, quien aspira ser Presidente del Consejo de Estado, habría comentado que el gran evento se realizó solo con dineros de la Rama Judicial.
Se comenta que en Cordoba casi todos los políticos que rondaron a los magistrados son cuotas de los famosos Besaile, investigados por las Altas Cortes, es decir, mientras la Corte Suprema ataca la corrupción el Consejo de Estado, al parecer se acerca a los súbditos y fieles fichas del clan político más poderoso de la zona.
La coalición Besaile, Barguil y Benítez
Recordemos que en Córdoba han circulado múltiples denuncias, especialmente de Veedurías Ciudadanas, sobre la gran coalición que lideran reconocidos personajes como los Besaile, Barguil y el mismo Gobernador Orlando Benítez Mora.
Se dice que los oscuros políticos de la región manejan la contratación de las Vías; la construcción de las Calles en las ciudades; el programa de alimentación PAE; la Salud; la Educación; toda clase de Obras Públicas y distintos negocios con recursos del Estado. Casos que ya están en investigación en manos de las autoridades competentes.
No olvidemos que la Corte Suprema vinculó al exgobernador cordobés Edwin Besaile al Cartel de la Homofilia en este departamento costeño donde se dilapidaron miles de millones en recursos públicos, un caso de corrupción de los más sonados en el país; su hermano, el excongresista Musa Besaile, es procesado en el mismo tribunal por el Cartel de la Toga por dar dinero a magistrados para influir en un proceso en su contra y tiene un expediente allí por paramilitarismo y múltiples denuncias por corrupción.
Además, recientemente, al amigo de ellos, socio y paisano David Barguil, la Suprema le abrió investigación y lo llamó a indagatoria por presunto tráfico de influencias en el que están en juego dineros del Estado por más de 13 mil millones de pesos. Se averigua por la supuesta intervención indebida de Barguil ante el Departamento de Prosperidad Social para obtener recursos de cupos indicativos -auxilios parlamentarios que se le dan a cada congresista para desarrollar proyectos en sus regiones-, con el fin de financiar una obra en el 2017 de la Alcaldía de Galeras, Sucre. Hay un testigo que dice que supuestamente Barguil agarró para él una parte importante de esos recursos.
Sin dejar de decir que a este excongresista conservador que fue hasta aspirante a la Presidente de la República en las pasadas elecciones, lo catalogan como uno de los grandes manejadores de la Salud y los negocios de este sector en Córdoba.
En cuanto al actual Gobernador Benítez, también socio y ficha política de los Besaile, son muchas las denuncias en su contra por mutiples contratos sin ejecutar en el que supuestamente se han pedido miles de millones de pesos del Erario, como lo ha denunciado la Red Colombiana de Veeduría y la Veeduría La Otra Cara.
Los coicidentes nexos entre Gobernación y el Consejo de Estado
El tema de los aparentes nexos entre el Consejo de Estado y el Gobernador de Córdoba no son nuevos. Acordémonos, que mediante una propocisión impulsada por el parlamentario cordobés Erasmo Zuleta y otros políticos locales, homenajearon en el Congreso en mayo de 2022 al consejero Carmelo Perdomo Cuéter y al mandatario Orlando Benítez con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, grado Gran Cruz Oficial, entregada en la Cámara de Representantes, por su supuesta gran labor al frente del departamento.
Volvamos a recordar que en ese evento, Benítez lanzó elogios para su amigo, el magistrado cordobés Carmelo Perdomo. Esos mismos políticos que los homenajearon son los que rondaron el evento del Consejo de Estado en Montería?
Dónde está la independencia?
Así las cosas, hay dudas sobre posibles dádivas de la Gobernación para que el Consejo de Estado hiciera su evento. Y para mayor transparencia del caso sobre este encuentro de la justicia en Montería, para disipar esas dudas, los magistrados y el propio Benítez deben mostrarle al país la Trasabilidad de los recursos que se utilizaron para los viajes de los citados togados, en cuanto a tiquetes aéreos, hoteles, alimenzación, alquiler del salón de evento en un recinto de la Gobernación cordobesa, como lo es el Centro de Convenciones.
El Presidente del Consejo de Estado, los magistrados y la Gobernación deben demostrar esa transparencia. En aras de la independencia de poderes en el país
