Por Eduardo Padilla Hernández.
Abogado. Presidente Asored Nacional de Veedurías*.
eduardopadilla@hotmail.com
Parte I
La Ciénaga Grande del Bajo Sinú abarca territorio de los municipios de Santa Cruz de Lorica, Chimá, Momil, Purísima y Cotorra en el Departamento de Córdoba. Tiene una extensión aproximada de 38.843 hectáreas. Está conectada al río Sinú por el caño Bugre que vierte sus aguas, y el caño de Aguas Prietas que permite el desagüe hacia el río Sinú.
Los Zenúes habitaron a la orilla de La Ciénaga Grande del Bajo Sinú, desde los comienzos de la era cristiana, hasta el año 1.000 d.C. Estos nativos poseían un conocimiento ecológico formidable. Las modificaciones, que ellos realizaban en este sector, respondían a formas adaptativas que no interferían con el funcionamiento natural del sistema.
En aquel tiempo, Karagabí (que significa Dios en lengua nativa), el ser humano, la fauna y la flora, era un conjunto que convivia armónicamente, respetando la naturaleza bajo los principios de lo simple y lo correcto.
Los Zenúes se dedicaban a varias labores para garantizar su supervivencia; la pesca y la agricultura se fundamentaban en la sostenibilidad y ya desde aquel entonces aplicaban buenas prácticas como la selección de los peces, devolviendo los peces pequeños al agua, para que crecieran y se reprodujeran. Cazaban sólo para alimentarse y suplir las necesidades básicas de su sociedad.
Actualmente, el conocimiento ancestral que mantuvo la ciénaga como la fuente de supervivencia de toda una civilización ha desaparecido y nos enfrentamos a otra amenaza de extinción de nuestra riqueza natural.
Desde 1998, el periodista Carlos Pulgarín, del periódico El Tiempo, a través de su artículo: “A SALVAR LA CIÉNAGA DE LORICA”, prendió las alarmas; pero tal parece que al Estado, a los medios de comunicación y a la misma comunidad no les interesó el tema.
Pelea de tigre con burro amarrado
La Asociación de Pescadores de la Ciénaga Grande de Lorica (Asopecil), es la organización pionera en la lucha por el bienestar de los pescadores y la defensa de este humedal.
Esta ONG adquirió su personería Jurídica en 1976. En esa época tres latifundistas que habían invadido los predios de este espejo de agua, se pronunciaban como los dueños de la Ciénaga y trataban con hostilidad a la comunidad de pescadores, de tal manera que en 1985 los terratenientes se presentaron acompañados por el Ejército; entonces los pescadores, debido a amenazas, constreñimiento y desplazamiento forzado, se vieron obligados a abandonar sus labores.
Pero los pescadores no desfallecieron. A pesar de la atmósfera hostil que había en el ambiente, ellos regresaban a la ciénaga, aunque luego fueran obligados salir de nuevo.
De la lucha informal se pasó a batalla legal y los pescadores organizados conocieron copia de la Resolución 010 de febrero 11 de 1982, por medio de la cual se declaran baldíos los predios de las ciénagas.
La felicidad no duró mucho, pues en 1997 llegó de nuevo la tristeza por el inminente impacto ambiental que habría de generar el proyecto hidroeléctrico de Urrá.
Ahora ya no se enfrentaban al “tigre” de los grupos ilegales, ahora era el mismo Estado quien los ponía en una condición de indefensión y desprotección de los derechos y amenazaba el ecosistema.
Dado cumplimiento a los procedimientos de consulta, las entidades encargadas del proyecto realizaron lo que se conoce como proceso de socialización que consiste en sentar a la comunidad para “escucharlos” y “construir” formulas orientadas a mitigar los impactos económicos y sociales de los proyectos de gran envergadura.
Pero una vez más, la comunidad se vio como su misma existencia era utilizada para el beneficio particular.
Se asignaron recursos por 300 millones de pesos, que en lugar de ser ejecutados por la comunidad organizada de la zona, en proyectos que beneficiaran a los pobladores, fueron entregados a una ONG externa.
Dicha ONG sólo invirtió un pequeña parte del presupuesto en el territorio, el resto de los recursos, como ha pasado tradicionalmente en nuestro país, desapareció y no se sabe dónde fue a parar.
Asopecil asegura que las personas que manejaron estos recursos, se gastaron el resto del dinero viajando en avión a Bogotá, a Bélgica, a Holanda, y que los hijos de los pocos beneficiados disfrutaron estudiando en las mejores universidades privadas, en lugar de elaborar y ejecutar proyectos de producción que beneficiara a toda la comunidad de pescadores.
La citada Asociación de Pescadores afirma, además, que ha enviado propuestas al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura y a la CVS (Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge), pero que al momento de la cofinanciación, las nuevas norma de “burocracia” le exige, no el 15% de contrapartida, sino el 50% y hasta más. Por esa razón decidieron continuar “trabajando con las uñas”.
Históricamente esta zona azotada por problemas sociales hoy tiene que enfrentarse a la pobreza y a que por la intervención en el ecosistema para el desarrollo de proyectos que nos son compatibles con nuestra riqueza natural, como Urrá, ya no tengan acceso a los mínimos necesarios para garantizar la subsistencia de la población, cada vez más presionada y al borde de tener que abandonar su territorio.
Magíster en Derecho Ambiental y profesor de la materia*.
