Por Alberto Donadio.
La fiduciaria Fidupetrol jamás recibió los $25.000 millones de regalías petroleras del Casanare que son el origen del actual escándalo en la Corte Constitucional. Fidupetrol celebró en el 2007 un contrado de fiducia, que es una cuenta de destinación específica, con la Unión Temporal Carbones Likuen, representada por Jimmy Freddy Osorio Guevara.
La finalidad de una fiducia es constituir un patrimonio autónomo. En este caso ese patrimonio estaba representado en contratos de suministro de carbón firmados con varias empresas. Luego de constituida la fiducia, Likuen hizo un negocio con el gobernador del Casanare que hoy está condenado a 18 años de cárcel.
El negocio consistía en que Likuen le cedía los derechos de los contratos de suministro de carbón, a cambio de una inversión del Casanare. Fue en ese momento cuando el gobernador ordenó consignar $25.000 millones en la fiducia, pero esa plata jamás entró a las cuentas de Fidupetrol porque los patrimonios autónomos son independientes. Quien dispuso del dinero fue Likuen.
Lo que sucedió después fue que al juzgar al gobernador Whitman Porras, la Corte Suprema consideró que Fidupetrol era responsable por la pérdida de $22.500 millones, es decir lo que no se recuperó de los $25.000, porque sabía que la fiducia iba a recibir dineros públicos que está prohibido invertir en fiducias. Al ordenar que Fidupetrol debía pagar ese dinero, que superaba el capital pagado de Fidupetrol, la fiduciaria entró en causal de liquidación y fue liquidada, pero jamás dispuso del dinero perdido. Fue Likuen la que manejó la plata.
Hay constancia de que Likuen incumplió desde el principio y que Fidupetrol trató de que cumpliera. El 6 de septiembre de 2007 el Casanare consignó los $25.000 millones en la fiducia de Likuen. El 10 de septiembre se cedieron los derechos sobre los contratos de carbón entre Likuen y CI Fecoke de Colombia, por valor de $70.560 millones.
Pero el 24 de diciembre Likuen le informó a Fidupetrol que el dinero proveniente de los contratos no entraría a la fiducia, es decir, se retractó de sus obligaciones con el Casanare. Así se lo notificó Fidupetrol a la gobernación. El 30 de enero de 2008 Likuen cedió al Casanare un contrato con Carbones y Coques de Colombia por valor de $126.877 millones. Pero el 1 de marzo de ese año el dinero no había entrado a la fiducia. El 12 de mayo de 2008 Likuen cedió los derechos de un contrato con Gensa SA, Gestión Energética SA ESP por valor de apenas $2.100 millones.
Solamente ingresaron a la fiducia $1.050 millones. El 12 de noviembre de 2008 Fidupetrol informó del incumplimiento a Likuen y solicitó a Carbones y Coques de Colombia Ltda. explicación por el no giro de los recursos a que se había comprometido. La firma contestó que no había girado los recursos y no los giró nunca.
Fidupetrol pidió a Likuen un plan de desmonte de la fiducia constituida en el 2007. Likuen pidió a Fidupetrol que girara 578 millones de pesos a Gensa, pero Fidupetrol se negó. Al final, en el año 2009, cuando Likuen debería haber devuelto los $25.000 millones, solo quedaban en la fiducia $2.500 millones. Esta suma se le devolvió a la gobernación el 8 de octubre de 2009. La fiducia quedó en ceros.
Un titular de El Tiempo dice que Fidupetrol no le ha pagado los $22.500 millones al Casanare. Y es improbable que se los pague, porque precisamente un pago tan alto, superior al capital de Fidupetrol, fue lo que llevó a la liquidación de la fiduciaria. Pero quien se quedó con los $22.500 millones fue Carbones Likuen, representada por Jimmy Freddy Osorio Guevara. Es a él a quien hay que preguntarle dónde está el dinero del Casanare.
Es cierto que la Corte Suprema condenó a Fidupetrol pues sabía que los recursos que iban a alimentar la fiducia eran públicos y que como tales no se podían colocar en fiducias sino en TES o certificados a término. Pero la gran pregunta es por qué solamente fue condenada Fidupetrol. Según la Corte Suprema: “la conducta observada por la fiduciaria fue determinante del daño patrimonial, en cuanto prestó su concurso, por fuera de los mandatos que la vinculaban, para servir de receptor de los dineros públicos”.
En la misma conducta incurrió Fiduagraria, y por mayor cuantía, por $38.000 millones de regalías del Casanare, y no fue condenada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué el doble trato? ¿Por qué la discriminación contra una fiduciaria y a favor de otra fiduciaria?
En Barranquilla hay $$$ para víctimas de Premium
Por Alberto Donadio
Está a punto de concluir una negociación que adelanta el doctor Alejandro Revollo para recuperar un terreno de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo en Sabanagrande, a 20 km de Barranquilla. Se podrían recuperar $10.000 millones para las víctimas de Premium.
La historia se remonta a 2008, cuando se creó en Barranquilla la sociedad Promotora Inmobiliaria Contraste Urbano. La mitad del capital la aportaron Hernán Raúl Maestre Castro, Beatriz Toro Pardo, David Hernán Maestre Castro y Beatriz Eugenia Camacho. La otra mitad la puso la sociedad Premium Kapital SA, de Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Gerente fue nombrado Hernán Raúl Maestre Castro, economista de la Universidad Javeriana, y primo de Maryluz Ruano Castro, esposa de Tomás Jaramillo.
El negocio entre los accionistas de Interbolsa y los inversionistas de Barranquilla se hizo precisamente por el parentesco y cercanía del gerente con la esposa de Tomás Jaramillo. La sociedad compró en Sabanagrande un terreno de 106 hectáreas que había sido de La Polar, que pensó construir una fábrica de cerveza. Como el proyecto no se materializó, La Polar vendió a Contraste Urbano, la cual pensaba convertir el lote en vivienda de interés social, con la financiación que aportarían Víctor Maldonado, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Pero ese proyecto tampoco se realizó y el lote hoy está desocupado.
Según Hernán Raúl Maestre, los tres accionistas de Interbolsa pusieron $1.500 millones y hoy esa inversión se convirtió en $10.000. De alguna manera Víctor Maldonado salió de la sociedad y quedaron de socios solamente Ortiz y Jaramillo, no por medio de Premium Kapital SA sino de otras sociedades. Las acciones de las sociedades de Ortiz y Jaramillo están embargadas y las representa el liquidador de las compañías de Premium, doctor Alejandro Revollo.
Se espera crear un fideicomiso, encargado bien de vender todo el lote y darle a cada uno de los dos dueños su dinero, o realizar la partición física del inmueble, lo que le permitiría al doctor Revollo venderlo y entregar esos recursos a los reclamantes reconocidos.
En la primera junta directiva de Contraste Urbano tenían asiento Hernán Raúl y David Maestre Castro y César Mendoza Sáenz (cercano a Víctor Maldonado) y Víctor Maldonado Rodríguez. Como suplente de Mendoza quedó Juan Carlos Ortiz, como suplente de Víctor Maldonado aparecía Tomás Jaramillo.
Hernán Raúl Maestre dijo: “Entre más rápido separemos mejor, hemos sido perjudicados con esta situación, no queremos que nuestro lote quede metido en problemas de Interbolsa”. Agregó que la inversión en Sabanagrande es “de los buenos negocios que pueden mostrar ellos” (Ortiz y Jaramillo). Después de la intervención de Interbolsa, los socios barranquilleros de Contraste Urbano crearon un derecho de preferencia, para obligar a Ortiz y Jaramillo a ofrecer su parte a los barranquilleros si iban a vender. Ortiz consideró que ese cambio de estatutos para crear el derecho de preferencia se hizo sin autorización de los socios no barranquilleros.
Estos problemas legales son los que han demorado la venta del lote y la recuperación de un activo que hoy pertenece a las víctimas de Premium, pero ambas partes, el liquidador Revollo y el gerente de la sociedad, Hernán Raúl Maestre, están ahora de acuerdo para sanear los problemas y realizar ese activo.
No nos dejemos robar la plata
Escribe CBAM
En estos días hemos sido testigos, de los grandes escándalos que salpican a Entidades que gozaban de gran respeto y consideración por parte de nosotros los colombianos, pero cada día que pasa nos decepcionamos más y más de los que dicen ser administradores de justicia.
Ligado a esto vale la pena rescatar el trabajo de algunos de estos servidores públicos que con honradez y responsabilidad luchan por dar lo mejor de sí, a este pobre país, como afectado de este gran robo perpetrado por estos bandidos de cuello blanco, solicito a las autoridades colombianas a aquellas entidades encargadas de administrar justicia que se haga justicia. que obliguen a estos ladrones a devolvernos nuestro dinero, no es justo que pasado 2 años no tengamos nuestro dinero, que el señor liquidador del Fondo nos diga como esta la situación.
¿Cuándo habrá más devolución? en mi caso estoy muy preocupado. Invito a todos los inversionistas para que juntos también busquemos ayuda internacional si es posible también ante la CIDH, para que nuestros derechos que en este momento están vulnerados sean restablecidos. señores inversionistas no nos dejemos robar nuestra plata.
Por ahora tengo fe en la Fiscalía, en el señor Procurador, y en todas aquellas, personas que creen en la justicia de este país.
Blog Detrás de Interbolsa, un cabildo abierto sobre el tema.
Por Alberto Donadio
