Una auditoría reciente ha revelado graves irregularidades en la contratación de servicios de salud en la región Caribe, en las que figuran establecimientos médicos inexistentes o en precarias condiciones, que, sin embargo, habrían recibido más de 64.500 millones de pesos del Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) entre 2018 y 2024.
De acuerdo con la investigación de La W Radio, los recursos desviados habrían beneficiado a políticos del Partido de La U, entre ellos Wilmer Carrillo (Norte de Santander), Yaír Acuña (Sucre) y Erasmo Zuleta Bechara (Córdoba).
En el caso particular del actual Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, este supuestamente habría contado con el apoyo de Mauricio Marín, quien, según fuentes políticas, es pareja sentimental de una miembro de la familia Jaller, reconocida por su influencia en el sector salud de la Costa Caribe. Junto a Tony Negrete, esta familia habría utilizado la estructura del Grupo Venum para canalizar recursos hacia la Organización Clínica General del Norte, empresa históricamente encargada de la atención médica de los docentes en la región.
Según el informe, en marzo de 2022, con la llegada inminente del gobierno de Gustavo Petro Urrego, se cerró un millonario acuerdo con la propietaria de la Organización Clínica General del Norte, Ligia María Cure, con la intermediación de Mario Urán. Desde entonces, la familia Jaller, a través de Medicina Integral, habría asegurado la continuidad del flujo de recursos a los políticos de La U, garantizando beneficios en la contratación con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad encargada de la salud de los docente del país.
La W también confirmó que, aunque Wilmer Carrillo fue señalado como el responsable de llevar a Mauricio Marín a la Fiduprevisora para gestionar los recursos, su nombramiento fue respaldado por un grupo de congresistas del Partido de La U, con el apoyo adicional de Mery Janneth Gutiérrez y su relación con Augusto Rodríguez, lo que habría facilitado su designación con el visto bueno del propio Presidente de la República.
«Las revelaciones han desatado una ola de reacciones y podrían derivar en investigaciones judiciales que comprometan a varios actores políticos y empresariales involucrados en este presunto entramado de corrupción», dice la gente en Córdoba.
