Por Rafael Rodríguez-Jaraba*
Nunca antes como ahora, la supremacía de la Constitución Nacional había estado tan amenazada, como resultado de las arremetidas de un Gobierno que la desprecia, que aborrece la democracia, que asedia las altas cortes y que hostiga a todo aquel que discrepe de sus entelequias.
Si bien, durante el gobierno de Santos, la Constitución fue flagrantemente violentada, y su vulneración se perpetró con el beneplácito de unos magistrados, que infringiendo sus obligaciones de guardianes de su integridad, acato y supremacía, la descuadernaron y la hicieron maleable, dúctil y elástica, para que sus preceptos se acomodaran a los despropósitos de un gobernante que, bajo el pretexto de imponer una supuesta paz estable y duradera, y burlando el querer mayoritario de los colombianos, terminó sometiendo el Estado a una banda criminal, premiando el delito y gratificando la villanía.
Ahora, estamos afrontando una nueva y grave amenaza contra el orden constitucional, pero por fortuna, esta vez, contando con el amparo de una Corte Constitucional íntegra, apolítica y neutral, la que, de seguro, la logrará repeler, y con ello probar, que la Constitución no es un depósito de normas petrificadas, retóricas e inermes, sino por el contrario, que es un instrumento supremo, vivo, activo y actuante, que sirve de soporte, nutriente, defensa y guía de la democracia.
En este asedio, promovido por el Gobierno, está a prueba, la jerarquía de la Constitución, la legitimidad de su origen emanado del constituyente primario y su capacidad para mantenerse incólume y en pie, ante la erosión con la que el populismo intenta socavarla, valiéndose de un Congreso fletado y de disparatados intérpretes, así como ante la desmesurada pretensión de un gobernante que intenta alterar la significación de sus normas, para acomodarla a su conveniencia, sin el menor asomo de respeto por ellas, dada su obsesión de concentrar todos los poderes, para así lograr perpetuarse en la presidencia y sustituir la democracia con la implantación de un gobierno totalitario que responda al modelo de Economía Central Planificada, propio de los regímenes comunistas.
Si bien la misma Constitución dispone de normas que aseguran su vigencia, velan por su supremacía, rechazan su transgresión y regulan su reforma, al parecer, al Gobierno no le bastan, por lo que no desiste de su intentona de desconocerlas y apelar por vías de hecho, a lo que ahora llama una “asamblea popular”, la que, ni el mismo, sabe definir y menos explicar, y con la que busca abatir la oposición y cercenar el derecho al disenso.
Petro olvida que la democracia se construye a partir del disenso y no del consenso, siendo necesario que el disenso sea objetivo y reflexivo, y fundamentado en la racionalidad, así como respetuoso de la verdad, de la ciencia, y la evidencia; y no, alentado por la pasión y el fervor, y por la ceguera que produce la ideología, la que se vale del error ajeno para intentar justificar la falacia, la mentira y el yerro propio.
Está probado que Petro no soporta el disenso, la contradicción ni la divergencia, que no le interesa la concertación, que no transige con la conciliación, y menos, que admita la sugerencia. Su conducta mesiánica y obcecada lo obnubila, y lo induce a la ofensa y a la descalificación de todo contradictor, así tenga que ignorar la verdad, alterar la evidencia y distorsionar a la ciencia, lo que lo convierte en su gobernante belicoso, mentiroso y falaz, cuando propone sus anacrónicas reformas, las que además de ser populistas y regresivas, son obtusas e insostenibles.
Por fortuna, el reciente pronunciamiento la Corte Constitucional sobre la suspensión provisional de leyes, que sean abiertamente inconstitucionales, que generan perjuicios irremediables y que además, pretendan eludir el control constitucional, constituye un inestimable avance jurisprudencial, y un freno a la manera irregular y por demás ilegal en que el actual Congreso tramitó, e inclusive, aprobó algunas leyes, la mayoría de ellas, objeto de demandas de inconstitucionalidad que en la actualidad cursan en la Corte Constitucional.
Por eso es de esperar que, prontamente la Corte se pronuncie sobre la inexequibilidad de la ley que aprobó la perversa reforma pensional, la que, aparte de su trámite absolutamente inconstitucional, y, entre muchos de sus yerros, pretende expropiar el ahorro público, gravar las pensiones, modificar el Estatuto Tributario, restringir la libertad y aniquilar los fondos de capital privado que financian los proyectos de inversión pública y privada, lo que indefectiblemente detendría la expansión económica, el progreso social y el crecimiento del sector real, y, con ello, se destruirían miles de empresas y empleos.
SI bien al Congreso le corresponde hacer las leyes y dispone de plenas facultades para hacerlo, es imperativo que, en el proceso de formación de ellas, esa corporación observe, acate y cumpla de manera estricta, cabal y esmerada, los procedimientos reglados sobre la manera como se debe surtir dicha formación, no siendo tan solo suficiente obtener la aprobación de la mayoría como algunos congresistas lo creen.
Colofón 1.- La dócil y obsecuente bancada del Gobierno Petro en el Congreso, no parece conformada por Honorables Legisladores, sino por obedientes peones pagados a destajo, de un gobernante incapaz, perturbado y sin norte.
Colofón 2.- Graves e execrables las escuchas con interceptaciones a los teléfonos móviles de los Honorables Magistrados de la Corte Constitucional. La señora Fiscal General tiene la oportunidad de demostrar su integridad, autoridad e independencia.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional. Catedrático Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
