Criterios para una regulación democrática de los servicios públicos domiciliarios en un gobierno progresista

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Jorge Venencia le propone medidas al próximo Alcalde de Bogotá para manejar el alumbrado público.

Por Jorge Venencia Villate.

Consultor

Una regulación democrática, implica que los entes reguladores y las compañías deben:

  • Dar completo acceso del público a la documentación de las compañías y a sus cuentas
  • Apertura irrestricta de los informes del gobierno y los entes reguladores y de control
  • Inaplicabilidad del secreto comercial a los monopolios
  • Prohibir la comunicación secreta entre regulador y regulado
  • Amplia investigación a través de audiencias públicas. El ente regulador y los usuarios interrogan a los directivos de las empresas de servicios públicos y a su vez a los reguladores.
  • Derecho a cuestionar a los ejecutivos de las empresas y al regulador por vía oral y escrita
  • Asistencia de expertos para los consumidores financiados por el gobierno y por las mismas empresas de servicios públicos
  • Publicar las decisiones preliminares del ente regulador con sus fundamentos y cálculos para comentarios del público y de las compañías
  • Decisiones finales presentadas con todos sus detalles (por ejemplo, ganancias y costos)
  • Establecer en todas las Comisiones una Sección del Usuario, para que cuenten con un personal dedicado a escuchar y definir políticas que tengan en cuenta los intereses de los usuarios, como quejas, políticas de pagos y desconexiones, atención a enfermos, calidad del servicio y de los aparatos, información, tratamientos especiales a determinados sectores

La experiencia de Estados Unidos, uno de los países con mayor tradición en regulación, se caracteriza por los avances logrados por los consumidores. Por ley, todas las decisiones de las Comisiones de Regulación son públicas. El ciudadano americano tiene derecho a un acceso completo y detallado a los libros de contabilidad y a los registros de las empresas, sean públicas, mixtas o privadas. En todas las decisiones participan en el debate abierto y transparente todas las partes interesadas. La regulación americana es democrática, hay un verdadero control ciudadano garantizado por la ley, que no depende del gusto de los reguladores.

La experiencia americana muestra que el cambio más importante que se debe dar en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios es el de involucrar a los usuarios en las decisiones de las Comisiones de Regulación y que se implemente por ley el sistema de audiencias públicas, reglamentadas, con los usuarios representados por expertos, en igualdad de condiciones que los representantes de las empresas, con los comisionados actuando como jueces.

No se trata de realizar audiencias públicas al final del proceso, sino que la discusión ser pública desde un comienzo. Para esto hay que modificar la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, para que quede por ley, con una reglamentación adecuada, cómo será la participación de los usuarios: hogares, comerciantes, industriales, agricultores y entidades públicas. No es un favor que hacen los reguladores, es un derecho de los ciudadanos que debe instituirse por  la ley.

La participación de los usuarios debe darse en todas las materias. En Colombia es clave intervenir en los aspectos metodológicos para definir las fórmulas tarifarias. Tal como se viene dando, las metodologías y modelos que se aplican han sido resultados de estudios contratados con firmas extranjeras, discutidos por los ministerios y los expertos de las comisiones, con fuerte intervención de las empresas y ausencia de los usuarios. Fijadas las metodologías, con sus parámetros como rentabilidad, vida útil de los activos, sistemas de medición del capital, tipos de ajuste y gastos permitidos, es muy poco lo que queda a los usuarios para discutir.

Hay muchas preguntas por hacer. ¿Son las fórmulas tarifarias aplicadas las más acertadas? ¿Cuál es el costo de cápita o la rentabilidad apropiada de una empresa de servicios públicos? ¿Son correctos los valores de 11% en valores constantes, antes de impuestos, que se aplican en Colombia? ¿Se debe utilizar el costo contable o de reemplazo para valorizar los activos? ¿Por qué   las cifras de vida útil? ¿Por qué los gastos de administración, operación y mantenimiento deben ser un porcentaje de los activos u otra especificación? ¿Cómo deben ser los ajustes anuales? Las respuestas que se de a estos interrogantes tienen una incidencia inmediata en las tarifas, ya que pueden subir o bajar. Desafortunadamente, las decisiones se han tomado con la sola opinión de los representantes de las empresas.

En Colombia, a diferencia del resto del mundo, en las Comisiones de Regulación participan los ministros de Minas y Energía, de Hacienda y el jefe del Departamento Nacional de Planeación. Su presencia sirve en la mayoría de los casos para apoyar las opiniones de las empresas. Si las Comisiones de Regulación se organizan como en Estados Unidos, no hay necesidad de la presencia de los funcionarios del gobierno. La experiencia de Estados Unidos ha sido de las más exitosas del mundo, tanto que las tarifas de los servicios públicos son de las más bajas de los países desarrollados. Esto ha ocurrido por el papel de los usuarios y de las ligas de los consumidores.

En Europa los subsidios son enormes

En Europa, cuando se trata de defender a los hogares y negocios, no dudan en apelar a los subsidios, aunque esto sea contrario a la ideología neoliberal que domina en Europa, en la Comisión Europea y en la OCDE, institución en la cual Colombia es un socio, hecho no muy claro para un gobierno que se dice de cambio y antineoliberal.

Como consecuencia de las medidas absurdas de los europeos contra Rusia, siguiendo las órdenes de Washington, los europeos, por el incremento en los precios del gas natural y de las tarifas de la energía eléctrica, se han visto obligados a subsidiar a los hogares y a las empresas. Se habla de que se han aprobado 700 billones de euros para estos propósitos. Igualmente, han establecido un impuesto a las ganancias extraordinarias, e, imagínense, para los obcecados por las energía solar y eólica, se les aplica tasas fuertes a las ganancias de estas compañías porque han hecho ganancias extraordinarias, a costa de los usuarios.

Por lo tanto, una forma de aliviar los incrementos tan altos en las tarifas de energía eléctrica, del gas natural y del GLP en Colombia, en teoría es una política correcta subsidiar estos precios a los estratos 1, 2 y 3.

Algunas medidas para aliviar la situación de los hogares

Mucho se puede hacer para introducir cambios en las tarifas. Aquí van algunas ideas, no necesariamente todas las posibles

  1. Revisar la rentabilidad sobre activos que autoriza la CREG, que hoy es de 11% en términos reales.
  2. Revisar los precios de generación y controlar las ganancias de las empresas generadoras
  3. Revisar los costos de distribución, comercialización y transporte, mirar por ejemplo los salarios de los altos directivos
  4. Bajar el nivel de pérdidas, de alrededor de 12% en el interior y de 17,5% en la costa atlántica, excesivos, que pesan fuertemente en las tarifas. Si se adoptara un nivel internacional de 7%, esto disminuiría fuertemente las tarifas y obligaría a las empresas a invertir y controlar el fraude.
  5. Controlar los precios del gas natural manejados por Ecopetrol, que los ha venido fijando cerca de los precios internacionales, con graves efectos sobre la generación por termoeléctricas de gas natural
  6. Controlar igualmente los precios del carbón para la generación.
  7. Obligar a un plan para reducir las pérdidas, si es necesario con inversiones del gobierno nacional
  8. Aplicar incrementos según una regulación IPC-X (Price-cap regulation) en que los precios crecen anualmente según el IPC, la inflación, menos un X, para obligar a mejorar la productividad. X es un porcentaje por el cual se quiere que los costos disminuyan. En esta forma los precios no aumentan según el IPC o la inflación sino por un porcentaje menor.
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