Por Sixto Alfredo Pinto
Director del portal La Otra Cara
Columna de Opinión
En Córdoba, el caso de Tania Otero Arroyo y su esposo, el abogado Eduardo Padilla Hernández, se ha convertido en un referente público sobre el uso del derecho como herramienta de defensa frente a lo que consideran persecución institucional.
Desde el inicio, Padilla Hernández ha sostenido que su actuación no fue conflictiva. Según ha declarado públicamente en distintas ocasiones, su papel se limitó a defender el honor de su esposa, en su calidad de representante legal, y el buen nombre de sus hijas, usando las herramientas del derecho y llevando cada controversia a los estrados judiciales y administrativos.
Afirma que todos los procesos adelantados en defensa de su familia se resolvieron en sede judicial y administrativa sin que existiera condena en su contra. En el ejercicio de su profesión, también ha representado intereses frente a entidades públicas y privadas en temas de contratación estatal y salud, bajo la premisa de que el litigio debe usarse para corregir abusos y no para perseguir.
Como parte de su trabajo de denuncia pública, ambos han publicado cinco libros bajo el título Mi lucha contra la corrupción en Colombia. En esos textos, según afirman, documentan su versión de los hechos y sostienen que nunca recibieron ni administraron recursos públicos de forma irregular. Señalan además que, a partir de las denuncias y actuaciones judiciales derivadas de sus procesos, más de veinte personas vinculadas a presuntos hechos de corrupción en el departamento fueron investigadas y privadas de la libertad.
Actualmente, según han informado, adelantan una demanda contra la Contraloría General de la República por un monto superior a los ochenta mil millones de pesos, relacionada con presuntos daños derivados de las actuaciones administrativas en su contra.
Un capítulo aparte es el trabajo al frente de Funtierra Rehabilitación IPS. Según han afirmado, la institución se consolidó como un modelo de atención en rehabilitación para la niñez con discapacidad y a la vez como un caso de referencia en el debate sobre transparencia en la contratación estatal. Sostienen que Funtierra enfrentó procesos ante la Contraloría, la Procuraduría, la Supersalud, tribunales ordinarios, el Consejo de Estado y otras instancias judiciales, y que en esas instancias se resolvió a su favor.
Padilla Hernández ha sido enfático en que quienes lo acusan de generar confrontaciones son los mismos sectores a los que él y Tania Otero han señalado públicamente por presuntas prácticas de corrupción en la región del Sinú. Para él, defender el honor familiar y profesional no es crear un problema. Es negarse a ser parte de uno.
La conclusión que deja este caso es clara. Cuando un ciudadano decide no participar de prácticas de corrupción y prefiere llevar cada controversia a los estrados, rompe las reglas no escritas de un sistema donde algunos entienden la política como negocio.
Córdoba no saldrá del atraso por más anuncios de obras. Saldrá cuando los servidores públicos entiendan que el cargo es para servir, no para cobrar, y cuando los ciudadanos entiendan que defender el honor y la legalidad no es un acto de rebeldía, es el mínimo que exige la democracia.
