Por: Eduardo Padilla Hernández, abogado, presidente de Redvigila.
“La tierra es de quien la trabaja” es una frase célebre del mexicano Emiliano Zapata Salazar, reconocido líder militar y campesino, quien representó la proclamación de la reforma agraria, propuesta en el año 1911, durante la revolución mexicana.
Se estima que el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente en nuestros suelos.
Los suelos libres de contaminación son el fundamento del sistema alimentario. Nuestros suelos son la base de la agricultura y el medio en el que crecen casi todas las plantas destinadas a la producción de alimentos.
La Tierra es un espacio natural único, donde conviven una infinidad de especies de todo tipo y encontramos una serie de recursos que nos sirven para satisfacer nuestras necesidades biológicas, económicas, sociales y culturales; y así desarrollar las condiciones actuales de vida.
Los sistemas de gestión holística de la producción, que promueven y refuerzan la salud de los agroecosistemas social, ecológica y económicamente sostenibles, son necesarios para proteger nuestros suelos y mantener elevadas capacidades productivas.
El pueblo ha tenido que enfrentar el caos y el miedo profundo que nos hace sumergirnos en una negación y violencia masivas hacia otros seres humanos, pero hemos sido capaces de lidiar con esta incertidumbre.
Afortunadamente, algo importante está sucediendo: De pronto la compasión arribó a nuestros corazones y, sobre la base de la reconciliación, se está iniciando un cambio favorable.
Quizás pensando en todos estos factores, el gobierno actual, en cabeza del Presidente Gustavo Petro, decidió iniciar el plan de formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, con el propósito de propiciar el uso adecuado, productivo y sostenible de la tierra, crear un sistema de información que sirva para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el acuerdo final que trata del recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva y regularizar con transparencia la propiedad de la tierra.
En este sentido, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema de información catastral integral y multipropósito, que en un plazo máximo de 7 años concrete la formación y actualización del catastro rural, vincule el registro de inmuebles rurales y se ejecute en el marco de la autonomía municipal, en desarrollo de los principios de priorización, de bienestar y buen vivir.
Este catastro deberá producir resultados tempranos en las zonas priorizadas en el marco de la paz total.
El sistema tendrá una información desagregada por sexo y etnia, que permita, entre otros, contar con información sobre el tamaño y las características de los predios y las formas de titulación.
El avalúo catastral se hará por parte de la autoridad competente de conformidad con la ley, para eso contará con el apoyo técnico, tanto administrativo como financiero a los municipios, para la formación, donde sea necesario, demás de la actualización y conservación del catastro rural y la garantía de una amplia y efectiva participación ciudadana que vele por la transparencia de la información.
De todos modos, los asuntos de orden catastral que tengan que ver con las comunidades rurales, contará con la participación de sus integrantes.
En ningún caso lo acordado afectará los derechos adquiridos por las comunidades indígenas, afrodescendientes y demás comunidades rurales.
El sistema será propicio para que los municipios liquiden, cobren y recauden efectivamente el impuesto predial, en desarrollo de la actualización catastral y dentro del marco de su autonomía.
Será necesaria la implementación de una normatividad para que los municipios fijen las tarifas del impuesto predial en desarrollo del principio de progresividad, o sea que quien más tiene más paga, fundamentado esto en la equidad y en la justicia social.
Gozarán de incentivos los municipios, incluyendo, cuando sea necesario, transferencias a las finanzas municipales, para que adopten exenciones al impuesto predial para las personas beneficiarias de los programas de acceso y para los pequeños productores.
Los propósitos de la formación y actualización integral del catastro, como del registro de inmuebles rurales, además de obtener el mejoramiento sostenible de la información y de los procesos catastrales, apuntarán a dar seguridad jurídica y social, especialmente a la pequeña y mediana propiedad rural, en beneficio de la producción alimentaria y del equilibrio ambiental.
