Por Rafael Rodríguez-Jaraba*.
Estoy enteramente de acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal Molina y con los más importantes juristas que tiene la nación en materia constitucional, cuando manifiestan que, Petro, al promover una Asamblea Nacional Constituyente, busca que el pueblo le confiera poder para legislar, con lo que se sustituiría el Congreso de la República al asumir sus funciones, y, con ello, lograr que sus regresivas y enrevesadas reformas no tengan oposición, lo que constituiría, además de una indebida y muy peligrosa concentración de poder, un quebrantamiento manifiesto del derecho fundamental al disenso consagrado en el artículo 112 de la Carta, así como en la Ley 1909 de 2018 contentiva del Estatuto de la Oposición.
Conociendo a Petro, no extrañaría que su nueva intentona de extorsionar al Congreso, intimidar la oposición, desconocer la separación de poderes y violentar el orden constitucional, esté encaminada a lograr perpetuarse en el poder.
Algunos, que intentan posar de demócratas, pero en realidad, son tontos útiles o cómplices de Petro, hablan de diálogo, concertación y consenso con el remedo de presidente que padecemos, y se quejan, por la conducta que adoptan algunos miembros de la bancada de oposición en el Congreso, cuando, para evitar que avance el trámite de las obtusas, regresivas e impopulares iniciativas de Petro, se retiran de su recinto para desintegrar el quorum, desconociendo que, el retiro de ese lugar, es una forma legítima de ejercer la libertad política de un partido o movimiento minoritario o de oposición, lo que hace parte del derecho a la discrepancia, sin que esta conducta pueda considerarse como inasistencia y mucho menos, causal de un eventual proceso de pérdida de investidura.
Pero lo llamativo es que, estos mismos comunistas vergonzantes o falsos demócratas, guarden silencio cuando el Gobierno consigue quorum en el Congreso, mediante entuertos o el ofrecimiento de prebendas, puestos o contratos, así como cuando, se le descubren actos de corrupción o nombra en cargos de alta jerarquía a personas cuestionadas, investigadas y sancionadas o que no cuentan con la integridad, la formación, la preparación y la capacidad para ejercerlos.
Estos falsarios, son desentendidos y silentes ante los despropósitos y desvaríos de Petro, pero inclementes e implacables con quienes se atreven a señalarlos. No sorprendería que estos obsecuentes corifeos, estén aspirando a algún cargo o distinción, de lo contrario no se entenderían sus aventuradas actuaciones como defensores de oficio de un gobernante torpe, incapaz y perturbado.
Ante este nuevo atentado de Petro a la Democracia, al Estado de Derecho y a las Instituciones Democráticas, la nación debe manifestar su rechazo, repudio y condena, y el Congreso, con altura, autoridad y firmeza, descalificarlo, a su vez, las altas Cortes deben pronunciarse para reiterar que, cualquier intento de violentar el orden constitucional será rechazado y, de ser consumado, penado.
No pasemos por ingenuos y menos por idiotas o majaderos. La situación que afronta la nación es grave y predecible; Petro intentará, a cualquier costo y valiéndose de todo tipo de medios, seguir dividiendo a la sociedad, socavando la democracia y debilitando las instituciones, para al final, intentar perpetuarse en el poder.
La única solución legal e inmediata que puede poner freno a esta amenaza, es que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre la violación de topes en la campaña del ex guerrillero miembro de un grupo ex criminal, que hoy está de presidente.
Es por eso que de nuevo insisto en que, el Consejo Nacional Electoral tiene la palabra; bien sea para disipar el manto de duda que se cierne sobre la legitimidad de la elección e investidura de Petro, o bien, para que se demuestra que su campaña sobrepasó la suma autorizada por la ley, y, de ser así, la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes con base en esa demostración, ahora sí y de inmediato, presente ante el Senado una acusación formal contra Petro por indignidad, derivada de la violación probada de la ley, de la que difícilmente saldrá indemne.
Lo que no conviene, es que el Consejo Nacional Electoral siga dilatando su pronunciamiento sobre estas presuntas violaciones, máxime, disponiendo de plenas facultades y atribuciones legales para avocar e instruir la investigación, así como por la existencia de un cúmulo de pruebas que los mismos familiares de Petro y los medios de comunicación han develado y aportado, y que la nación entera conoce.
Honorables Magistrados del Consejo Nacional Electoral, por la continuidad de la democracia y en cumplimiento de sus obligaciones, por favor, no dilaten más su pronunciamiento.
*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Litigante. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.
