Por: Eduardo Padilla Hernández, presidente de Redvigila.
El contrato, para ejecutar el proyecto fluvial Businú destinado al transporte de personas en el río Sinú en las áreas urbana y rural del municipio de Montería, lo están manejando desde Cartagena de Indias, como si la corrupción no supiera que hace mucho tiempo el territorio cordobés dejó de pertenecer al departamento de Bolívar.
El contratista aduce falencias técnicas de diseño y desbalance financiero del contrato por alza de los precios del hierro y el cemento, entre otros materiales.
El contratante es el municipio de Montería, el proyecto será ejecutado en esa capital, pero el contratista tributa en Cartagena, allí donde piensan realizar la conciliación.
Así funciona el amiguismo politiquero, lo cual es desfavorable para ese municipio cordobés.
A todo esto, se le suma el descredito por corrupción que azotó a la Cámara de Comercio de Montería a raíz de los torcidos de su presidente anterior, escándalo que destapó la Procuraduría General de la Nación, y que ha generado desconfianza en la sociedad civil, de tal manera que parecía incompetente, daba la impresión de que esa entidad carecía de profesionales y técnicos en hidráulica portuaria y de ingenieros civiles en evaluación de proyectos o auditorías técnicas civiles.
Afortunadamente, el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Montería, Cristóbal Bonilla, ha iniciado cambios positivos en la imagen de esa entidad.
Entonces, la ciudad espera que el doctor Bonilla se apresure para actuar en defensa de la credibilidad en el ejercicio de sus funciones civiles.
Por otro lado, la autoridad competente debe investigar para descubrir el manto secreto que cubre el incumplimiento subrepticio de ese multimillonario contrato incumplido que fue adjudicado a dedo para facilitar la movilidad de los monterianos y no la navegabilidad delictiva del contratista cartagenero, con el apoyo cómplice del contratante (municipio de Montería), donde está en juego la suma de $8.694.282.213 millones de pesos.
Desde junio de 2021 la ciudadanía esperaba que se pusiera en marcha el proyecto fluvial Businú, que iba a facilitar la movilidad de más de 100 mil personas, de Norte a Sur y viceversa, un gran referente atractivo en cuanto al turismo regional y nacional, pero en pleno mes de marzo de 2023 nada que logra consolidarse.
Por una controversia técnica entre el contratista, Consorcio San Juan 2021, y la empresa interventora Ingeocim, fue necesario suspender los trabajos que se realizan para la construcción en Montería del primer proyecto de transporte público fluvial del Caribe, Businú.
¿En realidad, qué fue lo pasó? Pues, las diferencias técnicas entre el contratista y el interventor tienen que ver con las construcciones de pontones, amarre de pilotes, escotillas y el cobertizo principal, así como la fijación de algunos precios de insumos y materiales.
Esa iniciativa buscaba que el transporte público de Montería integrara la ruta terrestre convencional, el sistema de bicicletas públicas y las embarcaciones fluviales, pero como siempre ocurre cuando la corrupción mete la mano: Los recursos supuestamente se esfumaron.
Dice la poeta antioqueña Ángela Botero: “Uno se va acostumbrando, y cada tristeza es menos extraña”.
Entonces, la parodia es esta: Un gran sector político se acostumbró a la corrupción, y esa industria cada día que pasa se va convirtiendo en una empresa legal, en detrimento del erario público que es igual a los impuestos aportados por los ciudadanos contribuyentes.
