Redacción de la Otra Cara
En el departamento de Córdoba, la administración del señor gobernador Erasmo Zuleta Bechara parece estar llevando a cabo un ambicioso y profundamente sarcástico experimento pedagógico. Su tesis principal: demostrar que las órdenes judiciales son meras sugerencias, los derechos fundamentales un concepto decorativo y la lógica, una materia optativa que ellos decidieron reprobar gloriosamente.
El caso es de una claridad meridiana, tan clara que hasta un estudiante de primer semestre de derecho la entendería. Una jueza, con toda la autoridad que le confiere su toga, le ordena a la Gobernación que responda de manera clara y completa una petición de una ciudadana. No le pidió que resolviera el caso del yeti o que encontrara la ciudad de El Dorado. Le pidió algo tan complejo y esotérico como emitir una certificación. Un trámite que, en cualquier oficina medianamente funcional, se resuelve en cuestión de horas.
Pero la administración Zuleta no es una oficina cualquiera. Es un epicentro de creatividad jurídica donde la negligencia se eleva a arte. Frente a una orden judicial, su brillante respuesta fue redactar un oficio (el SDSC-01317-2025, para más señas) que equivale a decir: “No podemos hacer nuestra jobra porque hay investigaciones en curso”. Es el equivalente a un estudiante que le dice al profesor que no hizo la tarea porque Marte está en retroceso y se le nubló el aura.
La genialidad de este argumento es tan profunda que resulta abrumadora. Según esta lógica de opereta, cualquier funcionario podría esconderse eternamente detrás de una investigación para no hacer absolutamente nada. ¿Le piden el paz y salvo? “Hay una investigación, no puedo dárselo”. ¿Necesita su cédula? “Lo siento, una pesquisa en curso me lo impide”. Es la cuadratura del círculo: la excusa perfecta, infinita y, por supuesto, utterly ridícula.
Uno se pregunta en qué fascinante universidad paralela se formó el señor secretario de Salud, Javier Francisco Olea Blanquicet, y su jefe, el gobernador. ¿Cursaron la materia de “Cómo evadir responsabilidades 101”? ¿Sacaron matrícula de honor en “Prevaricato para principiantes”? Porque su actuación no es simple desacato; es un masterclass en desobediencia ilustrada. No es que no entendieron la orden, es que la entendieron perfectamente y decidieron que sus ganas de no hacerla eran más importantes que el Estado de Derecho.
Tania Margareth Otero no solo les presenta un incidente de desacato; les está dando una lección gratuita de civismo y derecho administrativo. Mientras ella cita artículos, decretos y jurisprudencia, la respuesta desde la Gobernación huele a puro y duro desprecio por la ciudadanía. Es la actitud del “¿y qué me va a hacer?” llevada a su máxima expresión.
El verdadero delito aquí, más allá de los prevaricatos y fraudes procesales que se configuran, es la supina arrogancia de unos funcionarios que creen que su cargo es un cheque en blanco para actuar con una impunidad bochornosa. Creen que la justicia es lenta y que la gente se cansa. Se equivocan. Lo único lento y cansado parece ser su capacidad para ejecutar las órdenes más simples.
Ojalá la jueza no solo les imponga una multa, sino que los sentencie a un curso intensivo de lectura comprensiva y ética pública. A lo mejor así aprenden que gobernar no es mandar, sino servir. Y que cuando un juez te dice que hagas algo, no es una idea, es una orden. Un concepto que, al parecer, en el palacio de gobierno de Córdoba aún no ha logrado cruzar la puerta.
El ignorante Gobernador de Córdoba que quiere ser Presidente de Colombia.
